El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció su renuncia al cargo, en medio de una crisis política y financiera desatada por la intervención de Ueno Bank, una entidad cuyo grupo propietario tuvo al mandatario entre sus accionistas hasta marzo de 2025. La decisión llegó después de que las restricciones a las operaciones del banco generaron incertidumbre entre sus clientes, mientras crecían los cuestionamientos sobre el manejo de fondos públicos y avanzaba un pedido de juicio político en el Congreso.

Peña comunicó su decisión mediante un video publicado en su cuenta de X, en el que afirmó que buscaba preservar la estabilidad institucional. "He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas", expresó.

Peña, quien había asumido la presidencia en agosto de 2023, también pidió disculpas a la ciudadanía, aunque sin admitir una responsabilidad directa en las irregularidades investigadas. "Nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí. Cada día asumí esta responsabilidad con la voluntad de trabajar por el Paraguay", afirmó.

La intervención de Ueno Bank también tuvo repercusiones políticas y profundizó los cuestionamientos al Gobierno. Las denuncias por posibles conflictos de interés, las dudas sobre la supervisión de la entidad y los reclamos de los ahorristas aumentaron la presión sobre el presidente. La situación se agravó cuando Horacio Cartes, expresidente de Paraguay y líder del Partido Colorado, le retiró su respaldo y decidió apoyar el pedido de juicio político contra Peña.

Qué pasó con Ueno Bank y cómo quedó involucrado Santiago Peña

Para entender la crisis que terminó con la renuncia del presidente hay que remontarse a la historia de Ueno Bank, una institución financiera que experimentó un crecimiento acelerado en Paraguay y llegó a presentarse como uno de los principales proyectos tecnológicos del país.

Su historia comenzó en 2021, cuando el Grupo Vázquez compró Financiera El Comercio, una empresa paraguaya dedicada a los servicios financieros. A partir de esa adquisición, desarrolló Financiera Ueno, que en noviembre de 2023 recibió la autorización del Banco Central del Paraguay para convertirse en banco. La entidad comenzó a operar bajo esa condición en diciembre del mismo año. La expansión se aceleró en junio de 2024, cuando absorbió a Visión Banco e incorporó sus activos, clientes y operaciones.

Con una propuesta centrada en cuentas digitales, tarjetas, préstamos, transferencias y beneficios comerciales, Ueno consiguió ampliar su presencia entre consumidores y pequeños negocios. En septiembre de 2026, la compañía aseguró haber superado los tres millones de clientes y procesar más de tres millones de transacciones diarias.

La expansión tenía una característica particular: muchos paraguayos habían accedido por primera vez al sistema financiero a través de Ueno. En agosto de 2024, el propio banco había informado de que el 30% de sus casi dos millones de usuarios de entonces había abierto su primera cuenta ahí.

Su crecimiento también estuvo acompañado de planes de expansión internacional. En 2023, el Grupo Vázquez creó U Holdings, una sociedad con sede en Luxemburgo que reúne a Ueno Bank y otras empresas de su negocio financiero. A través de esa estructura, buscaba expandirse fuera de Paraguay, convertirse en el primer unicornio del país —una compañía tecnológica con una valuación de al menos US$ 1.000 millones— e incluso cotizar en la Bolsa de Nueva York.

Sin embargo, detrás de ese crecimiento comenzaron a aparecer señales de dificultades financieras. En octubre de 2026, Ueno informó que la calificadora Fitch había mantenido su calificación internacional BB, pero había modificado su perspectiva de estable a negativa debido al rápido crecimiento del balance y al peso de sus activos intangibles.

El 29 de ese mes, la entidad anunció un plan para conseguir US$ 100 millones de capital adicional, mediante aportes de su accionista y una emisión de acciones destinada a inversores privados. Se trataba de una iniciativa prevista para los meses siguientes, por lo que ese dinero aún no había ingresado en su totalidad.

La situación se agravó el 3 de noviembre, cuando el Banco Central comunicó que había iniciado un procedimiento de resolución de Ueno Bank. La decisión se había adoptado el día anterior, después de detectar que su índice de solvencia se encontraba por debajo de la mitad del mínimo exigido por la normativa.

En términos simples, el organismo determinó que el banco no contaba con suficiente respaldo patrimonial para cumplir con los requisitos legales que permiten a una institución financiera operar con normalidad. El resultado se debió a ajustes realizados en sus estados contables durante un proceso de regularización.

La medida implicó la intervención de Ueno para revisar su patrimonio, proteger sus activos y determinar cómo responder a sus depositantes. Para los clientes, el impacto fue inmediato: quedaron interrumpidas las operaciones habituales y miles de personas comenzaron a reclamar por la posibilidad de recuperar sus ahorros.

El problema adquirió una dimensión particularmente sensible porque Ueno también recibía recursos de organismos estatales y estaba vinculado con el cobro de jubilaciones. En septiembre había informado que más de 32.000 beneficiarios del Instituto de Previsión Social (IPS) percibían sus haberes a través de la entidad.

Frente a la incertidumbre, las autoridades comenzaron a trabajar en mecanismos para agilizar la devolución del dinero. El régimen paraguayo contempla una garantía de hasta 75 salarios mínimos por depositante y por entidad, equivalente a 228,3 millones de guaraníes. Para quienes superen ese monto, la recuperación depende de los procedimientos previstos en la legislación.

En paralelo, el Congreso avanzó con un proyecto que permitiría anticipar pagos equivalentes a hasta 40 salarios mínimos para reducir el impacto en los afectados.

Pero el caso no se limitó al sistema financiero. Peña había sido accionista del grupo propietario de Ueno hasta marzo de 2025, una relación empresarial que colocó sus decisiones de gobierno bajo cuestionamiento cuando se conocieron los problemas de la institución.

A ese antecedente se sumó la situación de Carlos Carvallo, quien había encabezado Ueno hasta agosto de 2023 y, posteriormente, fue designado presidente del Banco Central. Tras la intervención, Peña solicitó su renuncia, en medio de los interrogantes sobre la supervisión que el organismo había ejercido sobre el banco.

Los vínculos previos del mandatario con los propietarios y la trayectoria de Carvallo alimentaron las denuncias de la oposición por posibles conflictos de interés. Sin embargo, esas relaciones no constituyen, por sí solas, prueba de participación directa en las irregularidades financieras investigadas.

La crisis también afectó al ecosistema tecnológico y empresarial. La Cámara Paraguaya de Fintech advirtió sobre restricciones operativas y dificultades para acceder a fondos, mientras que trabajadores de empresas vinculadas a Ueno enfrentaban incertidumbre laboral. Al mismo tiempo, otros bancos comenzaron a recibir consultas de usuarios que buscaban alternativas para seguir operando.

En su mensaje de renuncia, Peña se refirió a las consecuencias del caso de los depositantes. "Hoy mi prioridad es una sola: la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero. Detrás de cada depósito hay años de esfuerzo, sacrificio y proyectos familiares", sostuvo.

También expresó su deseo de que se garantice la devolución de los recursos, que el Fondo de Garantía de Depósitos cumpla su finalidad y que se proteja el dinero público comprometido.

La ruptura con Horacio Cartes y la presión política que precipitó la renuncia

Mientras las autoridades financieras intentaban contener las consecuencias de la intervención, el escándalo se trasladó al Congreso. Un grupo de 35 diputados presentó un pedido de juicio político contra Peña, acusándolo de presunto mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.

Entre los cuestionamientos figuraban posibles conflictos de interés, irregularidades vinculadas a fondos previsionales y un supuesto encubrimiento institucional. La oposición reclamó una sesión extraordinaria para debatir la acusación y avanzar en el procedimiento constitucional.

La situación del presidente se complicó cuando comenzó a perder el apoyo de dirigentes de su propio espacio. El punto de inflexión llegó este jueves, cuando Horacio Cartes, expresidente y titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), conocida como Partido Colorado, anunció que acompañaría el juicio político.

Cartes había sido uno de los principales impulsores de la candidatura de Peña en 2023 y conservaba una influencia decisiva dentro de la estructura oficialista. Su pronunciamiento representó un cambio en la relación de fuerzas del Congreso, en la que el respaldo del partido resultaba fundamental para sostener al Gobierno.

En la misma línea se manifestó Basilio Núñez, presidente del Congreso Nacional, quien reclamó públicamente la renuncia del mandatario y expresó su disposición a acompañar el proceso de destitución. Otros referentes colorados también comenzaron a distanciarse de la administración.

La presión política coincidió con el malestar de los ahorristas, que reclamaban respuestas sobre el destino de su dinero y cuestionaban la actuación de los organismos encargados de supervisar a Ueno.

Ante ese escenario, Peña decidió anunciar su salida. "La historia se encargará de juzgar y poner en su justa dimensión los acontecimientos que hoy nos toca vivir", expresó durante su despedida, sin admitir responsabilidad personal por las irregularidades atribuidas al banco. En otro tramo del mensaje, aseguró que ningún cargo podía estar por encima del bienestar del país y llamó a preservar la paz social.

La renuncia abre ahora el proceso de sucesión presidencial. De acuerdo con el artículo 234 de la Constitución paraguaya, ante una vacancia definitiva corresponde que el vicepresidente Pedro Alliana asuma la jefatura del Estado y complete el período constitucional previsto hasta agosto de 2028.

El anuncio de Peña no resuelve, sin embargo, las cuestiones que desencadenaron la crisis. Las autoridades todavía deben determinar el alcance de las pérdidas, avanzar con la devolución de los depósitos y establecer las eventuales responsabilidades de empresarios y funcionarios involucrados en el caso Ueno.

Para Paraguay, el desafío inmediato será recuperar la confianza en el sistema financiero y garantizar que quienes utilizaban el banco para cobrar sus ingresos, pagar servicios o administrar sus ahorros puedan volver a operar con normalidad. "Ningún cargo es más importante que la estabilidad de la República. Ninguna persona está por encima del Paraguay", concluyó Peña.