Los Estados Miembros de la UNESCO designaron el primer jueves de noviembre de cada año como el día mundial de lucha contra la violencia y el acoso en los colegios, incluyendo también el bullying digital, reconociendo de este modo que la violencia en el entorno escolar bajo todas sus formas atenta contra los derechos de los niños y los adolescentes, la salud y el bienestar.
En ese marco, el CIPDH elaboró un informe general sobre la incidencia del cyberbullying en toda la región, segmentado directamente sobre la población afectada: niños y adolescentes de América Latina. El trabajo que se celebró entre el 1 de septiembre y el 1 de octubre incluye estadísticas oficiales del Ministerio de Justicia de La Nación sobre delitos informáticos en todo el país y entrecruza datos de organismos nacionales e internacionales de lucha contra el acoso virtual.
También se realizó una investigación cuantitativa en base a una muestra probabilística de un cuestionario estructurado que se efectuó con una encuesta telefónica (IVR) sobre un total de 2654 casos tomados sobre familias con hijos de entre 5 y 15 años, docentes de nivel primario y secundario.
Al respecto, Fernanda Gil Lozano, Directora Ejecutiva del CIPDH señaló que “en lo que va del año, ya se registraron alrededor de 6.000 denuncias por ciberacoso, con un promedio de 25 causas judiciales abiertas por día a lo largo y a lo ancho del país”. Desde 2012, la cifra asciende a casi 30.000 casos denunciados.
Según las estadísticas, “los hechos de ciberacoso se incrementaron casi un 50 % durante los últimos 18 meses”. Hacia fines de 2019, uno de cada cuatro casos de acoso escolar o bullying se manifestaba a través de plataformas digitales, pero, actualmente, dicha proporción se ubica en dos de cada cuatro. Los números también aumentan con la edad: a partir de los 12 años, el 54,5% de los casos de bullying son por vía digital.
Del estudio se desprende que Argentina ocupa el segundo lugar de América Latina, sólo por detrás de México, seguida por Honduras, Costa Rica y Chile. En tanto, Brasil ocupa el 1 sexto puesto, Perú el séptimo y Uruguay el octavo lugar entre los países más afectados durante el último año.
Según la UNESCO, mientras los países se encuentran en distintas fases en su respuesta a la pandemia de COVID-19, la vida y la educación de los niños, niñas y jóvenes de todo el mundo se desarrolla cada vez más en línea. Pero, si bien el acceso a Internet proporciona oportunidades de comunicación y aprendizaje, también expone cada vez más a los niños y jóvenes a la violencia en línea.
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“El mayor acceso obligado a la tecnología que produjo el aislamiento devenido de la pandemia por el Covid - 19 produjo que muchos menores de edad permanecieran muchas horas ante los smartphones, las tablets o computadoras, lo que produjo también una notable exposición frente a este tipo de delitos”, afirmó Gil Lozano.
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A su vez, el trabajo refleja que “el 80% de las víctimas de bullying virtual son niñas, a diferencia de lo que ocurre con el bullying presencial, en donde el 60 % se corresponde con los varones. El dispositivo más utilizado para este tipo de acoso son los smartphones y la aplicación preferida es WhatsApp, utilizada en el 74,3 % de los casos. Instagram, Facebook, Twitter, Zoom y Telegram se reparten, en ese orden, el 25,7 % restante”.
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El relevamiento del organismo de derechos humanos destaca que “el 90 % de las víctimas reconocen que el asedio se da de manera cotidiana y que el hostigamiento, casi siempre, se perpetua durante varios meses” y agrega que “el 60 % de los hechos no son denunciados en tiempo y forma por vergüenza o por falta de información”. Otro dato saliente indica que “el 86,7 % de los casos se corresponden con grooming y pornografía infantil, perpetrados por pedofilos que aprovechan la tecnología para establecer contacto con menores desde perfiles o cuentas falsas”.
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Según la UNESCO, es fundamental “sensibilizar a las personas a escala mundial acerca del problema de la violencia en línea y el ciberacoso, sus consecuencias y la necesidad de ponerles fin”. También hace “un llamado a los alumnos, los padres, los demás miembros de la comunidad educativa, las autoridades encargadas de la educación y los diversos sectores y asociados, incluido el sector de las tecnologías, a ponerle atención a este problema para incitarlos a contribuir a la prevención de la violencia en línea, con miras a garantizar la seguridad y el bienestar de niños, niñas y jóvenes”.
En congruencia con esa postura global, Fernanda Gil Lozano expresó que “si bien es fundamental el rol de los padres para luchar contra estos delitos” explicó también que, “el sistema educativo tiene una misión fundamental ante esta problemática, con la obligación de abordar las cuestiones de seguridad en Internet, de ciudadanía digital y de utilización de tecnologías”.
En ese aspecto, finalmente, agregó que “los colegios deben brindar a los niños, niñas y jóvenes las capacidades y conocimientos necesarios para identificar la violencia en línea y protegerse contra las diferentes formas en que puede presentarse, ya sea por parte de sus compañeros o de los adultos”.
