Francia dio un paso que puede marcar un antes y un después en la relación entre los menores y las redes sociales. El Parlamento francés aprobó este martes una ley que prohíbe el acceso a las plataformas a los menores de 15 años y convirtió al país en el primero de la Unión Europea en establecer una restricción general de este alcance.

La nueva ley, que comenzará a aplicarse en septiembre, obliga a las plataformas a impedir la creación de nuevas cuentas y establece un plazo para que las empresas eliminen los perfiles existentes de usuarios que no alcancen la edad mínima.

El argumento que se repite es la necesidad de proteger a los menores frente a riesgos vinculados con el acoso digital, la exposición a contenidos perjudiciales y los efectos del uso intensivo de las plataformas sobre su bienestar.

Australia: el primer gran antecedente

La decisión francesa no aparece aislada: en los últimos meses, distintos gobiernos comenzaron a discutir, aprobar o implementar medidas destinadas a limitar la presencia de niños y adolescentes en las redes sociales.

El caso más avanzado es el de Australia, que en diciembre de 2025 se convirtió en el primer país del mundo en implementar una prohibición nacional para los menores de 16 años en determinadas plataformas sociales.

La legislación trasladó la responsabilidad a las empresas tecnológicas, que deben tomar medidas razonables para evitar que los menores de esa edad abran o mantengan perfiles. Las compañías que incumplen pueden enfrentar multas millonarias.

El modelo australiano se convirtió rápidamente en referencia para otros gobiernos. A diferencia de una simple recomendación a los padres, la norma establece que son las plataformas las que deben desarrollar mecanismos para verificar la edad de sus usuarios y hacer cumplir la restricción.

Ese punto abre, a su vez, otro debate sobre privacidad y protección de datos, además de la dificultad de comprobar la edad de una persona en internet sin crear nuevos mecanismos de vigilancia digital.

Europa empieza a moverse

Grecia anunció que prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años a partir de enero de 2027, mientras Eslovenia prepara una legislación en la misma dirección. Noruega, por su parte, anunció que avanzará con un proyecto para impedir el acceso de menores de 16 años y contempla que sean las compañías tecnológicas las responsables de verificar la edad de sus usuarios.

En otros países, el debate también está abierto, aunque con modelos diferentes. Alemania analiza restricciones y puso el foco en los riesgos que representan para niños y adolescentes la desinformación, las imágenes generadas con inteligencia artificial, la violencia y la pornografía.

En España también se discuten medidas destinadas a reforzar el control parental y limitar el acceso de los menores. La tendencia, sin embargo, no es uniforme: mientras algunos gobiernos avanzan hacia una prohibición directa, otros optan por reforzar el consentimiento de los padres o establecer límites de edad diferentes según el servicio.

La propia Unión Europea ya empezó a discutir una respuesta común. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, anticipó que Bruselas trabaja en una propuesta para limitar el acceso de los menores a las redes sociales y que el objetivo es avanzar hacia un modelo que contemple restricciones según la edad. La discusión podría desembocar en un marco común para los países del bloque, en lugar de dejar que cada gobierno avance con su propia legislación.

El cómo y el quién

La discusión también expone una paradoja. Durante años, las redes sociales construyeron buena parte de su crecimiento sobre una audiencia cada vez más joven, mientras el control sobre el acceso quedaba principalmente en manos de las familias.

Ahora, los gobiernos comienzan a exigir a las empresas tecnológicas un papel más activo para hacer cumplir los límites de edad. Pero detrás de estas medidas aparece una discusión más profunda: hasta dónde deben llegar los Estados para regular servicios que durante años fueron considerados parte natural de la vida cotidiana.

Y, el desafío, es cómo hacerlo. Una prohibición puede ser clara en el papel, pero mucho más compleja en la práctica. Los adolescentes pueden intentar utilizar cuentas falsas, recurrir a servicios no alcanzados por las normas o buscar mecanismos para eludir los controles.

Las plataformas, mientras tanto, deberán demostrar que pueden aplicar las restricciones sin convertir internet en un espacio donde la identidad y la edad de cada usuario deban ser verificadas permanentemente.

Lo que está en juego ya no es sólo cuánto tiempo pasan los menores frente a una pantalla, sino quién establece las reglas de acceso a un ecosistema digital que ocupa un lugar central en su vida cotidiana.

Y mientras los gobiernos avanzan con leyes cada vez más restrictivas, queda abierta una pregunta que será cada vez más difícil de esquivar: ¿quién debe hacerse cargo de esa protección: los padres, las escuelas, los Estados o las propias plataformas?