La Argentina tiene por delante proyectos de minería que la ponen en una posición única en la historia, pero concretarlos exigirá resolver necesidades de infraestructura, trabajadores y proveedores. Ese fue uno de los ejes que planteó Luis Lucero, secretario de Minería de la Nación, durante el panel “En primera persona” del Forbes Mining Summit, realizado ayer por la mañana. En una entrevista mano a mano moderada por el periodista Fernando Heredia, el funcionario sostuvo: “Si miramos para atrás, definitivamente es el mejor momento de la minería argentina”. Su expectativa es que el crecimiento del sector transforme la economía de buena parte del país.

Para explicar ese diagnóstico, Lucero vinculó el interés de los inversores con la estabilización macroeconómica, la apertura al mundo y las políticas de la administración de Javier Milei. “La Argentina se hace amigable a los inversores internacionales”, afirmó. En particular, destacó el papel del RIGI en la reducción de la carga tributaria, que, según explicó, permitió mejorar la competitividad frente a países como Chile y Perú, especialmente en cobre. A esas condiciones locales sumó un factor de demanda: la transición hacia la electromovilidad, que requiere litio y cobre, dos minerales que el país tiene en abundancia.

En litio, el funcionario presentó cifras que reflejan la expansión de la actividad: la capacidad instalada creció un 170% en los últimos dos años y medio, mientras que las operaciones pasaron de tres a fines de 2023 a siete en la actualidad. “No todas ellas están hoy al 100 % de su capacidad de producción, porque están haciendo el proceso de ramp up, y eso toma su tiempo”, explicó. Algunas ya alcanzaron el 90% de su capacidad y otras avanzan más lentamente. Para 2035, proyectó una producción de unas 650.000 toneladas anuales, con expectativas de ubicar al país entre los principales productores del mundo.

El cobre concentra otra de las grandes apuestas. Lucero identificó entre seis y siete proyectos de clase mundial cuya construcción requeriría inversiones de capital del orden de los US$ 25.000 millones. “Argentina puede convertirse en el tercer gran jugador en la región detrás de Chile y de Perú, con más o menos 1,5 millones de toneladas por año, de acá a 9 años”, señaló. Ese potencial se suma a la producción de oro y plata, que, según destacó, atraviesa un ciclo de precios altos. Para el litio, en cambio, valoró la posibilidad de un mercado más estable después de las fuertes oscilaciones de su cotización.

La infraestructura aparece entre las principales condiciones para concretar esas proyecciones. El secretario advirtió sobre el deterioro de las redes viales y ferroviarias, necesarias tanto para transportar insumos como para sacar la producción, y mencionó los pliegos de la licitación de Belgrano Cargas y los corredores viales en proceso de licitación. “Tener la infraestructura vial, logística y de generación de energía instalada para cuando llegue el momento que esas minas entren en producción es un desafío”, sostuvo. La construcción de las grandes operaciones demanda entre tres y cinco años: ese es el plazo disponible para preparar la logística y encontrar soluciones de abastecimiento energético.

La disponibilidad de trabajadores también ocupa un lugar central en la agenda. Las futuras operaciones necesitarán ingenieros, técnicos y conductores, pero Lucero reconoció que todavía falta coordinación para dimensionar la demanda y establecer cuándo se necesitará cada perfil. “Tenemos una sensación de que probablemente nos falten personas y falten proveedores, pero mi obsesión es tenerlo medido”, expresó. “Me preocupa que nos está faltando coordinación al sector para medir los gaps que podemos tener”.

El debate sobre el empleo derivó en las normas provinciales que establecen porcentajes obligatorios de contratación local. Lucero cuestionó esas exigencias y explicó que el Gobierno las considera inconstitucionales: “Ese tipo de normas provinciales son, jurídicamente hablando, inconstitucionales, porque son una aduana interior que frena la circulación de riqueza y de personas dentro del país”, sentenció el ministro.

Y agregó: “Un argentino que creció en una provincia debería poder ir a trabajar a otra provincia si tiene una oportunidad, y esas leyes lo frenan”. Su propuesta es avanzar hacia un consenso federal que permita eliminar esas obligaciones. El funcionario planteó esa posición como un objetivo que requiere acuerdos entre las provincias.

Ese cuestionamiento, aclaró, convive con el interés de las propias empresas por contratar cerca de sus operaciones. La proximidad permite reducir los costos de traslado y, además, contribuye a que las comunidades perciban los beneficios de los proyectos. “Hay un interés genuino de la empresa en insertarse en la comunidad y en nutrirse de la comunidad para tener a los proveedores que en lo posible lo puedan abastecer”, sostuvo. Para Lucero, desarrollar esa oferta exige identificar capacidades y déficits, preparar trabajadores y promover proveedores que puedan responder a los estándares de la industria.

El manejo del agua fue otro de los temas del encuentro. Lucero explicó que el trabajo alrededor de la modificación de la ley de glaciares lo llevó a analizar alternativas para abastecer a los proyectos y revisar la gestión del recurso hídrico. En ese contexto, reconoció que “es cierto que la minería va a ocurrir en zonas hídricamente estresadas”. Si bien mencionó que algunas operaciones podrían recurrir al agua desalinizada de Chile, advirtió sobre los costos de las plantas y de la energía necesaria para elevarla hasta los 3.000 metros. Por eso, propuso explorar otras fuentes antes de adoptar esa solución.

Con ese propósito, el funcionario señaló que trabaja junto al Instituto Nacional del Agua en la identificación de fuentes alternativas de agua dulce. Entre las posibilidades mencionó el tratamiento de efluentes y esquemas de intercambio con otras actividades productivas: abastecer a la agricultura desde otras fuentes para liberar agua de la cordillera que pueda utilizar la minería. La búsqueda, explicó, apunta a mejorar la disponibilidad del recurso para distintos sectores y exige una mirada más amplia sobre su aprovechamiento. “Es una deuda que tenemos con nosotros mismos desde hace mucho tiempo”, concluyó.