Tras un año de reacomodamiento macroeconómico, el mercado asegurador se posiciona como uno de los actores importantes en la recuperación prevista para 2026. Las principales cámaras del sector, AACS, AVIRA, UART, ADEAA y ADIRA, coinciden en que el desafío hoy pasa por construir un entorno de previsibilidad, alivio fiscal y seguridad jurídica que libere el potencial de expansión de la industria.
Tanto el sector privado como la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) coinciden en que el trabajo conjunto será esencial para consolidar al seguro como un verdadero motor de inversión, empleo y desarrollo.
"Necesitamos un sistema más ágil, donde la prioridad sea reparar el daño antes del juicio. No puede ser más importante el expediente judicial que la reparación del trabajador o del asegurado", enfatizó Guillermo Plate, titular de la SSN, quien además destacó el rol del seguro como "motor de inversión y protección" dentro de la economía argentina.
Fortalezas frente a escenarios críticos
El mercado de seguros de personas cerrará 2025 con una recuperación sostenida y un crecimiento sólido. Según datos de la Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro (AVIRA), las primas del ramo alcanzaron los $ 1.656.198 millones en Seguros de Vida, $ 278.586 millones en Retiro y otros $ 542.066 millones en Sepelio, Accidentes Personales y Salud. En conjunto, estos resultados consolidan la expansión del segmento y confirman la reactivación de la demanda de productos de protección y ahorro de largo plazo, tras años de ajustes y volatilidad económica.
En términos patrimoniales, el sector también mostró fortaleza: a junio de 2025, las compañías de retiro administraban $ 2,8 billones y las de vida otros $ 2 billones, alcanzando un total de $ 4,8 billones en inversiones, cerca del 30% del total del mercado asegurador argentino.
"Estamos viendo una recomposición de las primas y una mayor conciencia sobre la importancia del ahorro a largo plazo", destaca Irene Capuselli, presidenta de AVIRA. "El sector está recuperando su dinamismo, y las cifras muestran que los seguros de personas no solo crecen en volumen, sino también en su aporte estructural a la economía. Administrar casi un tercio de las inversiones del mercado es una muestra concreta de la confianza y del valor que los clientes depositan en nuestras compañías", agregó.
Desde el interior del país, Diego Guaita, presidente de la Asociación de Aseguradoras del Interior de la República Argentina (ADIRA), resaltó la capacidad de respuesta del sector frente a escenarios críticos, como las catástrofes naturales registradas durante el año, "pagando los siniestros en tiempo y forma y acompañando el desarrollo económico regional".
El segmento de seguros patrimoniales mostró un dinamismo particular, impulsado por el aumento de unidades aseguradas en automóviles y por la expansión de la actividad en las economías provinciales. "Es una industria que crece por encima de la inflación, entre 5%-6%", afirmó Guaita.
Entre los desafíos estructurales, advirtió que la presión fiscal y la judicialización siguen siendo los principales factores que frenan la expansión del mercado. "Los impuestos terminan siendo pagados por los asegurados, lo que reduce la capacidad de crecimiento de la industria. Una menor carga impositiva generaría más seguros y, por ende, más desarrollo económico", sostuvo.
En cuanto a los juicios laborales, Guaita alertó que la litigiosidad en riesgos del trabajo impacta fuerte sobre las pymes, que enfrentan alícuotas crecientes por los sobrecostos judiciales. "Si eliminamos esa carga innecesaria, las alícuotas podrían ser mucho más bajas", explicó.
A su entender, el 2026 será clave para mejorar la eficiencia judicial y agilidad de los procesos. "El juez debería determinar la responsabilidad, no el monto del daño: eso daría previsibilidad y agilidad al sistema", señaló. También consideró que la consolidación del Fondo de Cese Laboral, "puede ser un verdadero flexibilizador laboral que dinamice la economía".
Riesgos del trabajo en estado de tensión
"El sistema de riesgos del trabajo en Argentina está al borde del colapso. Cada año enfrentamos más de 130.000 juicios laborales, una cifra que multiplica hasta 30 veces lo que ocurre en países como España o Chile. Esto desvía millones de salarios mínimos y meses de cuotas del sistema hacia los tribunales, limita la generación de empleo formal y crea inseguridad jurídica debido a la falta de control sobre los peritos externos", señaló Mara Bettiol, presidenta de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART).
Según Bettiol, esta situación tiene un impacto directo en la sostenibilidad del sistema: el alícuota promedio necesaria para cubrir los riesgos y los juicios debería elevarse del 2,85% actual al 5,15% considerando los intereses y los 130.000 juicios proyectados para este año, un incremento del 80%.
La referente de la UART enfatizó que la solución no requiere nuevas leyes, sino la implementación efectiva de los cuerpos médicos forenses y la supervisión adecuada de los peritos, lo que permitiría reducir la litigiosidad, proteger a los trabajadores y garantizar la competitividad de las empresas.
"Tenemos un sistema que funciona, que salva vidas y que cumple 30 años de vigencia. Si logramos reglas claras y justicia previsible, habrá luz al final del túnel", subrayó.
El desafío macro y la oportunidad del consenso
En la misma línea, Eduardo Felizia, presidente de la Asociación de Aseguradores de la Argentina (ADEAA), destacó que el mercado asegurador argentino hizo una fuerte inversión en tecnología, eficiencia operativa y modernización de procesos, aunque el entorno macroeconómico sigue siendo determinante.
"El sector está preparado para crecer, porque se ha tecnificado, ha innovado y hoy tiene capacidad para acompañar el desarrollo productivo del país. Pero sin una economía que funcione, sin acuerdos políticos duraderos y sin un marco jurídico estable, esa capacidad no se transforma en expansión real", expresó.
Felizia también subrayó que las aseguradoras administran inversiones por más de US$ 14.000 millones, una muestra del potencial del ahorro interno que el sector puede canalizar hacia el crédito productivo. "Podríamos duplicar esa cifra si alcanzáramos una participación del 5% o 6% del PBI, como ocurre en los países desarrollados. Ese es el horizonte posible: un sistema asegurador que sea motor del crecimiento económico, que financie infraestructura, innovación y desarrollo. Pero para eso necesitamos gobernabilidad, seguridad jurídica y un consenso institucional que priorice el largo plazo por sobre las coyunturas", sostuvo.
El titular de ADEAA además valoró el "momento de alineación" que vive el mercado entre las cámaras, el Ministerio de Economía, la Superintendencia de Seguros, los sindicatos y el propio Gobierno Nacional. "Es un escenario que no se veía desde hace años. Todos queremos crecer y eso se nota en el diálogo y en la cooperación público-privada. Si se sostiene este clima de trabajo conjunto, 2026 puede ser el punto de inflexión para un crecimiento sostenido del mercado asegurador argentino", afirmó.
Visión de futuro
Por su parte, Eduardo Trías, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros (AACS), destacó que el sector brinda cobertura a más de 100.000 hogares, solo el 16% del total nacional, y atiende dos millones de accidentes de tránsito al año, con 230.000 personas lesionadas y 5.000 fallecimientos. Las indemnizaciones y coberturas, explicó, no solo compensan las pérdidas, sino que evitan el colapso económico de familias y empresas, sosteniendo la actividad productiva y el empleo. "El seguro no solo repara daños, sino que preserva la estabilidad social", manifestó.
El balance de 2025 muestra un sector que enfrenta grandes desafíos estructurales, pero con bases sólidas. Trías hizo hincapié en la necesidad de una revisión fiscal inteligente: hoy, el sistema afronta impuestos distorsivos como el de sellos, que en algunas provincias supera el 5% de la prima, y una carga tributaria total de 36 millones de dólares anuales.
A esto se suma el aporte de US$ 1000 millones al Estado desde 2008 a través de las primas automotor, sin un retorno visible en la seguridad vial. No obstante, valoró la desregulación impulsada por la Superintendencia de Seguros, que permitió modernizar productos y dinamizar la competencia. El reto pendiente, dijo, es avanzar en la oferta libre en automóviles y eliminar la obligatoriedad del reaseguro local, para alinear al país con los estándares internacionales.
De cara a 2026, la oportunidad está en la innovación, la digitalización y la articulación público-privada. Trías planteó que el seguro debe ser protagonista en la gestión de catástrofes climáticas y que la inclusión digital será clave para ampliar la cobertura a nuevos segmentos. También pidió una justicia más ágil y previsible, ya que los juicios por siniestros demoran en promedio 66 meses, generando costos que encarecen las pólizas y perjudican a las víctimas. "Necesitamos reglas claras, respecto a los contratos y marcos judiciales eficientes", enfatizó.
Una visión estratégica
Alejandro Simón, CEO de Grupo Sancor Seguros y presidente de CIDeS, por otro lado, señaló que el sector asegurador atraviesa una etapa que redefine su rol en la economía argentina, con oportunidades relevantes pese a reformas aún pendientes. Además, destacó que el diálogo con las autoridades nacionales mejoró, especialmente por la disposición del Ministerio de Economía a analizar propuestas y avanzar en medidas concretas. En este escenario, subrayó que el fortalecimiento del sector privado y la nueva configuración del rol estatal permiten avanzar hacia un mercado de capitales más sólido, con mayor participación de las aseguradoras y un aporte directo a la reducción de la carga fiscal mediante coberturas vinculadas al empleo, la salud y la seguridad social.
"La industria tiene la oportunidad de convertirse en un pilar de la recuperación económica, ofreciendo coberturas que protejan al consumidor y, al mismo tiempo, canalicen inversiones de largo plazo. La tecnología y la IA impulsan la innovación, pero persisten desafíos como la baja disposición del consumidor para contratar seguros voluntarios, la falta de incentivos y el déficit de educación financiera. Con cooperación público-privada y un marco regulatorio adecuado, el sector puede transformarse en un motor de desarrollo para la Argentina que viene", concluyó Simón.