SanCor presentó ante la Justicia su propio pedido de quiebra y dejó en manos del juez Marcelo Gelcich, en Rafaela, una resolución que puede sentenciar el futuro de sus operaciones, de sus acreedores y de más de 850 trabajadores ligados a la compañía. Hasta ahora, la empresa no difundió una comunicación oficial sobre esa decisión.

Atilra, el gremio de los trabajadores lecheros, vinculó la decisión de SanCor a un cuadro financiero que ya no dejó margen para sostener el concurso preventivo. Para el sindicato, la decisión judicializó formalmente una situación que, según su lectura, ya se encontraba acreditada en el expediente concursal mediante distintos informes técnicos. El juzgado deberá definir ahora si avanza con la quiebra y bajo qué alcance.

En un comunicado, Atilra sostuvo que la presentación se apoyó en informes de la sindicatura, del Comité Provisorio de Control y de la coadministradora designada por la Justicia. Según el gremio, todos coincidieron en describir un escenario de cesación de pagos e insolvencia patrimonial general y definitiva. 

La organización sindical aseguró que SanCor adeudó ocho meses de salarios, además de aguinaldos, y afirmó que la empresa se sostuvo “con el patrimonio de los trabajadores”. También señaló que la asistencia a empleados y familias se cubrió con recursos del fondo solidario del gremio y con prestaciones médicas de OSPIL, aun cuando la firma no habría realizado los aportes correspondientes.

La carga simbólica del caso no pasa inadvertida. La compañía formó parte durante décadas del núcleo duro de la industria láctea argentina, con una fuerte presencia en góndolas y una amplia red productiva. Por eso, el pedido de quiebra funcionó como una admisión de que la empresa ya no contó con las herramientas para revertir, dentro del concurso, un proceso largo de achicamiento, pérdida de escala, venta de activos y deterioro financiero.

Aun así, Atilra evitó presentar esta etapa como un cierre definitivo. En su lectura, una eventual quiebra podría abrir una instancia distinta para reordenar la marca y rescatar valor industrial y comercial, una vez apartadas las estructuras que, según el sindicato, empujaron a la cooperativa hacia esta situación.

Paralelamente, el gremio dejó entrever que todavía ve margen para preservar parte del negocio, sobre todo por el peso que la marca mantiene en el mercado y por el capital de conocimiento acumulado en sus plantas.

Ese análisis apareció en un momento especialmente sensible para el sector. El consumo de lácteos volvió a mostrar señales de debilidad en febrero, en un contexto marcado por la pérdida de poder adquisitivo y por la persistencia de la inflación sobre el gasto de los hogares. Según datos del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina, las ventas retrocedieron 5% frente a enero. Medidas en litros de leche equivalentes, la baja llegó a 5,3%, un dato que volvió a reflejar la fragilidad del consumo masivo.

La caída del mercado interno ejerció presión sobre una actividad que ya lidiaba con márgenes estrechos y dificultades para sostener el volumen. En ese escenario, la situación de SanCor quedó aún más expuesta. La empresa no llegó a esta instancia por un único factor, pero el retroceso del consumo sumó otro elemento adverso para una compañía que desde hace años perdió capacidad para absorber shocks y ordenar sus cuentas.

Con el expediente ya presentado, toda la atención se centra en la respuesta de la Justicia. Lo que resuelva el juzgado de Rafaela definirá si la cooperativa entra formalmente en quiebra, qué ocurrirá con la continuidad operativa y de qué manera se tramitarán los reclamos laborales y comerciales. Para una marca emblemática de la lechería argentina, el reloj judicial ya empezó a correr.

*Imagen de portada: SanCor.