El Gobierno Nacional completó la adjudicación de la Vía Navegable Troncal a la empresa Jan de Nul – Servimagnus, que se presentó en el proceso licitatorio. Así lo informó la Presidencia de la Nación mediante un comunicado oficial.
A través de la Resolución 2026-36-APN-ANPYN#MEC, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) formalizó el cierre de las evaluaciones, completando lo que el gobierno calificó como una licitación histórica para el sector privado del país.
La firma del contrato está prevista para dentro de un máximo de 30 días y, una vez activada, implicará una rebaja del 13,5% en los costos logísticos. Además, marcará el inicio de obras de profundización de la vía e incorporará tecnología para la seguridad de la navegación y el combate al narcotráfico.
El proceso no registró impugnaciones en ninguna de sus etapas por parte de las empresas participantes, lo que el gobierno interpretó como una convalidación de los dictámenes técnicos emitidos por la Comisión Evaluadora.
Una vía estratégica
La Vía Navegable Troncal concentra el 80% del comercio exterior argentino. Con la concesión, el Estado abandona su rol de gestor directo para pasar a ejercer únicamente funciones de autoridad de control. Las obras proyectadas apuntan a que los buques puedan completar su carga en los puertos de origen, lo que generaría un mayor ahorro y, según el gobierno, expandiría la frontera productiva del país.
El proceso contó con el respaldo de cámaras empresariales del sector, entre ellas la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), el Centro Exportador de Cereales (CEC), la Unión Industrial Argentina (UIA), la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas. También expresaron su conformidad los gobiernos de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones.
Cada etapa de la licitación fue auditada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), organismo que verificó la aplicación de buenas prácticas internacionales en la gestión de infraestructuras soberanas.