La interrupción de los servicios de practicaje y pilotaje por tiempo indeterminado dejó al menos 140 buques sin confirmación para operar y frenó el movimiento de cargas en los principales puertos argentinos. Ante la continuidad del conflicto, el Gobierno intimó a 536 profesionales para que retomaran sus tareas de forma inmediata.
La medida de fuerza comenzó tras la publicación del Decreto 690/2026, que modificó el régimen bajo el cual opera el servicio. Los prácticos resolvieron no asistir a buques argentinos ni extranjeros hasta que el Poder Ejecutivo suspenda o derogue la norma.
Estos profesionales se encargan de guiar a las embarcaciones durante las maniobras de ingreso y salida en ríos, canales y puertos. Su intervención resulta obligatoria en buena parte de la navegación comercial por las características de la Hidrovía y de los accesos a las terminales del país.
Frente a ese escenario, la Prefectura Naval Argentina publicó este martes un edicto en el Boletín Oficial. El organismo ordenó a 536 trabajadores del sector que se pusieran a disposición para cumplir sus funciones, bajo advertencia de sanciones disciplinarias y posibles denuncias penales. El organismo los intimó “a la inmediata puesta a disposición de sus servicios profesionales de practicaje y pilotaje, para cumplir de manera regular y reglamentaria las funciones previstas en el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 690/2026, para las cuales se encuentra habilitado”.
En su intimación, la Prefectura citó los artículos 190 y 194 del Código Penal. El primero establece penas de dos a ocho años de prisión para quien “a sabiendas ejecutare cualquier acto que ponga en peligro la seguridad de una nave”. El artículo 194, por su parte, prevé penas de tres meses a dos años de prisión para quien “impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por agua”.
Qué cambió con el decreto
La nueva normativa reemplazó el régimen que regía desde 1991. La iniciativa fue impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y llevó la firma del presidente Javier Milei.
El decreto creó un registro abierto de profesionales bajo la órbita de la Prefectura Naval. También habilitó a los usuarios a elegir a sus prestadores, eliminó barreras para el ingreso de nuevos trabajadores y otorgó a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación la facultad de establecer tarifas máximas. La norma también obliga a publicar los precios del servicio para fomentar la competencia.
Otro de los cambios eliminó la segmentación geográfica que obligaba a reemplazar al profesional durante un mismo recorrido. A su vez, flexibilizó las condiciones para el traslado de los prácticos y amplió los casos en los cuales determinados buques pueden quedar eximidos de contratar el servicio. Paralelamente, el texto incorporó mecanismos para garantizar la continuidad de las operaciones ante situaciones excepcionales.
Buques detenidos y operaciones desviadas
El Centro de Navegación, entidad que reúne a agencias marítimas responsables de más del 80% de las cargas del comercio exterior argentino, informó que al menos 140 buques quedaron a la espera de una confirmación para recibir servicios de practicaje y pilotaje.
La cámara advirtió sobre pérdidas millonarias de divisas, posibles incumplimientos de contratos y el riesgo de que muchas plantas productivas agoten capacidad de almacenamiento. Varias operaciones previstas en puertos argentinos fueron redireccionadas hacia Montevideo y terminales del sur de Brasil.
El conflicto también alcanzó al sector energético. La Cámara Argentina de Energía comunicó que las operaciones de todas sus empresas asociadas quedaron interrumpidas y alertó sobre posibles dificultades en el abastecimiento de combustible.
Los muelles afectados se encuentran en Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo, Santa Cruz y Caleta Córdova. Por esas terminales se distribuyen nafta, gasoil, fuel oil y petróleo crudo hacia las refinerías del país.
Entre las operaciones suspendidas apareció la del buque de transporte pesado White Marlin. La participación de la embarcación era necesaria para tareas vinculadas con Vaca Muerta Oil Sur, el oleoducto que conectará la cuenca neuquina con la costa de Río Negro.
El buque permaneció fondeado fuera del puerto porque no contó con un práctico para completar la maniobra de ingreso. Mientras tanto, los profesionales mantuvieron su decisión de no prestar servicios hasta que el Gobierno suspenda o derogue el decreto.
