Casi con el último respiro, finalmente Vicentin encontró un camino que al menos por el momento le permitirá continuar en carrera. Es que ocho empresas elevaron propuestas para que la tradicional empresa santafecina pueda retomar con normalidad sus actividades, y de este modo evitar caer al abismo.
Viterra, Bunge, ACA, Molinos Agro, Unión Agrícola Avellaneda, Cargill, Dreyfus y el grupo Grassi le confiarán a la compañía concursada granos -sobre todo soja- para que tenga opciones de volver a generar ingresos. Según lo acordado, el volumen que llegará a la agrícola será algo superior a las 510.000 toneladas mensuales, una cantidad que incluso excede la actual capacidad operativa de Vicentin -de 400.000 toneladas al mes-, pero que tiene como foco su pronta reactivación.
En todos los casos los contratos se realizarán bajo la modalidad "a fasón", es decir el aporte de ese conjunto de empresas para que Vicentin pueda retomar su ritmo, algo que no podía hacer hasta ahora debido a que por su delicadísima situación financiera los productores preferían no enviar sus granos, ante la posibilidad muy cierta de la falta de pago.
Según lo que se pautó, este nuevo esquema entrará en funcionamiento el 1 de junio próximo y tendrá vigencia hasta fines de noviembre, aunque se podría estirar hasta fin de 2025. Los contratos incluirían tarifas decrecientes: USD 20/tonelada los primeros dos meses, USD 19/tonelada los dos siguientes, y USD 18/tonelada en el último bimestre. En caso de que el acuerdo abarque a diciembre de 2035, el precio se estipularía en U$S 16 por tonelada.
La gran duda que surge en medio de esto es qué ocurrirá una vez que finalice esta etapa. Si bien es cierto que el objetivo primario de las empresas aportantes será que Vicentin comience a generar ingresos para así poder cobrar deudas, también se especula con la posibilidad de que este salvataje desemboque con el tiempo en una suerte de desmantelamiento de la firma, donde las ocho empresas que hoy aportarán granos correrían con ventajas para hacerse de activos.
Todo esto quedó pautado ante los jueces Guillermo Nudenberg y Andrés Schocrón, a cargo de la causa Vicentin, que también determinaron que el volumen total pautado sea aportado en partes iguales por todas las empresas que participarán de este salvataje.
"Los ingresos generados permitirán acotar el déficit operativo, aunque no alcanzarán para cubrir los costos estructurales ni el pasivo posconcursal, que asciende a USD 30,5 millones al 31 de marzo de 2025", advirtieron los jueces. Vicentin entró en default en diciembre de 2019 con una deuda de US$ 1350 millones.
De las ocho empresas que ahora formarán parte de este proceso hay tres -Bunge, Viterra y ACA- que debieron renunciar al derecho de referencia que poseen debido a acuerdos previos que firmaron, y ya que son algunos de los acreedores originales de Vicentin.
Resolución urgente
La falta de tiempo que tenía la agropecuaria para resolver su situación había sido expuesta por los mismos Schocrón y Nudemberg. A través de un informe, dejaron en claro la gravedad no solo de la situación, sino también de cómo las idas y vueltas judiciales complican todavía más todo.
En el escrito indicaron que en marzo Vicentin tuvo una pérdida operativa de u$s 4,57 millones, con deudas con terceros por encima de los $ 6.700 millones, y un rojo de más de $ 8.000 millones con empresas relacionadas con el mismo grupo.
Además, hablaron de la necesidad de poner en marcha un recorte muy fuerte. Se cerrarían las filiales de Uruguay y Europa, hoy inactivas, aunque requieren fondos para su mantenimiento.