El Sector Público Nacional (SPN) cerró el primer semestre del año con un superávit financiero que representó el 0,4% del PIB, un resultado que el oficialismo considera histórico por la magnitud del ajuste aplicado sobre el gasto estatal.
Durante junio, el SPN registró un resultado financiero positivo de $ 551.234 millones, producto de un superávit primario de $ 790.533 millones y el pago de intereses de deuda por $ 239.299 millones. De este modo, acumuló seis meses consecutivos con saldo positivo, con superávits financieros que oscilaron entre $ 310.726 millones en febrero y $ 662.123 millones en mayo.
El dato no sorprendió a los analistas que ya anticipaban que la administración de Javier Milei profundizaría su estrategia de recortes para sostener la denominada ancla fiscal, uno de los pilares del programa económico. Entre los principales factores que explicaron este desempeño figuran la licuación de algunas partidas presupuestarias y la suba de los ingresos por retenciones y tributos vinculados al comercio exterior.
Con estos resultados, el SPN acumuló un superávit financiero del 0,4% del PBI (Producto Bruto Interno) en el primer semestre del año, y un superávit primario del 0,9% del PBI.
Los ingresos totales del SPN en junio alcanzaron los $ 11.583.223 millones, con un incremento de 41,6% interanual. Entre los tributos con mayor expansión se destacaron los Derechos de Exportación, que avanzaron 169,7%, y los Derechos de Importación, con un salto de 140,5%. El IVA neto de reintegros creció 50%, mientras que los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social subieron 57,3%.
El fuerte ajuste quedó reflejado en los gastos primarios, que treparon 40,3% interanual y sumaron $ 10.792.690 millones. Las prestaciones sociales representaron la partida más relevante, con $8.011.434 millones y un alza de 42,5% impulsada por la actualización de haberes bajo la Ley N° 27.609, el DNU 274/24 y el pago del medio aguinaldo. En paralelo, las remuneraciones crecieron 29% por los aumentos acordados en paritarias y el impacto de la reducción de la planta estatal.
Disolución de organismos y recortes estructurales
El superávit también se apalancó en una serie de medidas de reducción del gasto público, como la reciente disolución y fusión de 21 organismos estatales, que el Gobierno formalizó a través del Boletín Oficial N° 35.702.
Entre las dependencias eliminadas figuran la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Dirección Nacional de Vialidad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Instituto Nacional de Semillas. En varios casos, el Ejecutivo justificó la decisión por la superposición de funciones, falta de resultados concretos e irregularidades administrativas.
Las competencias esenciales de los entes suprimidos se reasignarán a ministerios y secretarías, mientras que el personal conservará sus cargos hasta que se definan las nuevas estructuras. A su vez, los bienes inmuebles y vehículos pasarán a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que podrá reasignarlos o subastarlos. Las sumas líquidas disponibles irán directamente al Tesoro Nacional.
En cuanto a los subsidios económicos, mostraron una caída marginal de $600 millones, con un retroceso de 0,6% en los destinados a energía y un aumento de 9,6% en los orientados al transporte. La evolución de estas partidas se convirtió en un elemento clave dentro de la estrategia oficial para sostener el equilibrio financiero.
El Gobierno instruyó a cada ministerio a presentar propuestas para adecuar las estructuras y garantizar la continuidad de los servicios. La administración sostiene que la combinación de recaudación tributaria en expansión, reducción de gastos corrientes y reordenamiento institucional permitió sostener el superávit en el semestre, una meta que considera central para recuperar la confianza de los mercados y anclar expectativas en un escenario económico todavía incierto.