El crecimiento del crédito enfrenta un límite cuando los ingresos no alcanzan para pagar las cuotas y la incertidumbre impide prestar a plazos más largos. Sobre ese diagnóstico, Martín Redrado cuestionó la responsabilidad del Gobierno en el aumento de la mora y propuso una serie de medidas para ampliar el financiamiento, desde cambios regulatorios para facilitar refinanciaciones hasta la venta de acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

Durante su participación en el Argentina Fintech Forum 2026, realizado este jueves 29 de octubre, el economista sostuvo que las dificultades de los deudores no pueden explicarse únicamente como un problema entre privados. También atribuyó parte de ese deterioro a las decisiones de política monetaria adoptadas durante el período preelectoral de 2025.

"El problema de mora es por baja de salarios que van por detrás de la tasa de inflación y una tasa de interés que el Banco Central la llevó a las nubes para que la gente no se fuera al dólar, sino que se quedara en pesos", afirmó.

Su planteo combina una respuesta para quienes ya tienen dificultades de pago con una reforma del financiamiento hacia adelante. La propuesta de mayor alcance consiste en transformar las tenencias accionarias del FGS en recursos para préstamos de largo plazo, mientras los bancos conservarían la responsabilidad de evaluar a los clientes y asumir el riesgo de incumplimiento.

La crítica por las tasas y las reservas

Redrado distinguió el compromiso del presidente Javier Milei con el equilibrio fiscal de la previsibilidad de las otras dimensiones del programa económico. A su entender, la política monetaria, la financiera y la cambiaria no ofrecen el mismo grado de certeza.

Para explicar su cuestionamiento, volvió al cambio de régimen cambiario de abril de 2025. Según relató, en una conversación con integrantes del equipo económico preguntó cómo se preparaban para un escenario en el que el dólar alcanzara el techo de la banda. La respuesta, aseguró, fue que esperaban una caída hacia el piso, donde comenzarían a comprar divisas.

Desde su perspectiva, esa decisión dejó al Banco Central sin una acumulación suficiente de reservas para afrontar la dolarización preelectoral. La posterior suba de tasas para sostener la demanda de pesos, sostuvo, terminó agravando las dificultades de pago.

Por eso rechazó que los funcionarios describan la mora exclusivamente como un conflicto entre acreedores y deudores. "Ustedes alguna cuota de responsabilidad tienen", señaló, al reconstruir su respuesta a ese argumento.

El economista reconoció, en cambio, la decisión de fintechs y entidades financieras de extender los plazos a clientes que buscan regularizar sus obligaciones. Para Redrado, esa respuesta del sector privado debería contar con un acompañamiento regulatorio.

Refinanciar sin cerrar el acceso al crédito

La primera medida que propuso apunta a distinguir entre quienes no quieren pagar y quienes quieren hacerlo, pero perdieron capacidad para afrontar las condiciones originales.

Redrado planteó que el Banco Central utilice sus herramientas de supervisión para facilitar reestructuraciones y evitar que esos deudores queden excluidos del financiamiento. También buscó contemplar el impacto de las refinanciaciones sobre las previsiones y los resultados de las entidades.

"Aquí convergen los intereses del deudor, que dice: ‘Mire, tengo voluntad, pero no tengo capacidad de pago’", explicó. Del otro lado, agregó, bancos y fintechs tienen incentivos para recuperar sus créditos en lugar de avanzar hacia su reconocimiento como pérdidas.

Consultado por el riesgo moral —la posibilidad de generar incentivos desfavorables para quienes cumplen—, sostuvo que la decisión exige establecer prioridades. "Gobernar es generar prioridades", respondió.

Para este esquema de alivio regulatorio descartó aportes del Tesoro o del Banco Central. Su propuesta consiste en otorgar franquicias desde la Superintendencia de Entidades Financieras que permitan acompañar las renegociaciones.

Una cobertura del Central para prestar a mayor plazo

El segundo problema que identificó es la dificultad para ofrecer crédito cuando las entidades no pueden anticipar el costo futuro de su fondeo. Según Redrado, esa incertidumbre contribuye a ampliar la distancia entre las tasas que pagan por captar dinero y las que cobran por prestarlo.

Su respuesta es que el Banco Central ofrezca swaps de tasas de interés, contratos que permitan intercambiar una tasa fija por una variable y cubrir parte de ese riesgo.

Para ilustrarlo, utilizó un ejemplo hipotético: una tasa fija del 30% durante dos años. Si la tasa variable se ubicara por debajo de ese nivel, las entidades pagarían la diferencia al BCRA. Si lo superara, el Central compensaría a los bancos.

El objetivo sería darles un horizonte más previsible para financiar al sector privado. La evaluación del cliente y el riesgo de que no pague continuarían en manos de la entidad que otorga el préstamo. El Banco Central asumiría, mediante el contrato, una exposición a la evolución de las tasas, que podría generar cobros o pagos.

Redrado ubicó esta herramienta especialmente en el financiamiento de mediano plazo, entre tres y cinco años, mientras se construye una mayor confianza en la moneda y en las reglas económicas.

Las acciones del FGS, en el centro de su propuesta

Para extender todavía más los plazos, el economista sostuvo que la Argentina necesita fortalecer a sus inversores institucionales. Allí introdujo al FGS, administrado por la ANSES.

Según las cifras que mencionó durante la exposición, el fondo cuenta con activos por unos US$ 80.000 millones, de los cuales alrededor de US$ 15.000 millones corresponden a acciones. Sobre esas participaciones planteó una reforma legal que habilite su venta mediante ofertas públicas internacionales.

"¿Qué hace un gobierno de libre mercado teniendo acciones de empresas privadas?", preguntó.

Redrado excluyó expresamente de su propuesta la venta de bonos del fondo, porque consideró que podría provocar una disrupción en el mercado de títulos y en las tasas de interés. Para las acciones, contempló además un mecanismo que permita al accionista mayoritario igualar la oferta internacional.

Con los recursos obtenidos, propuso generar financiamiento de largo plazo canalizado por bancos. En ese esquema, el FGS aportaría los fondos y las entidades asumirían el riesgo crediticio de los préstamos a empresas y pymes.

La exposición no precisó el vehículo que administraría esos recursos, sus garantías ni las condiciones de los créditos. La iniciativa supone modificar la composición del patrimonio del fondo previsional y requeriría una ley.

El otro componente de su propuesta de largo plazo es desarrollar los seguros de vida y de retiro mediante incentivos impositivos. Mencionó esquemas en los que el ahorro recibe un tratamiento tributario favorable durante la etapa de aportes y tributa al momento de cobrar los fondos.

Una moneda confiable y una advertencia para 2027

Detrás de los instrumentos, Redrado ubicó una condición más amplia: contar con una moneda confiable y reglas que trasciendan a un gobierno. En ese marco, defendió establecer por ley un sistema bimonetario que otorgue curso legal al dólar y mantenga la circulación del peso.

Su propuesta incluye que los impuestos nacionales, provinciales y municipales se paguen en pesos, que el Banco Central no financie al sector público y que el Tesoro evite desplazar al crédito privado para cubrir sus necesidades.

También advirtió sobre la posibilidad de nuevas tensiones cambiarias durante el año electoral de 2027. Para evaluar ese escenario, recomendó seguir la disponibilidad de dólares al llegar a marzo y la evolución del nivel de actividad.

El equilibrio fiscal, sostuvo, es una condición necesaria, pero debe acompañarse con reformas que permitan expandir la economía. Como parte de esa agenda, propuso reducir impuestos y ampliar la formalización, mejorar la infraestructura logística, desarrollar el crédito y revisar la distribución de recursos entre la Nación y las provincias.

Para el sistema financiero, su planteo deja una tarea en cada horizonte: reestructurar las deudas que hoy presentan dificultades, dar previsibilidad a las tasas para ampliar los plazos y construir fuentes estables de ahorro para financiar inversiones de largo alcance.