El impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) es una de las principales fuentes de financiamiento de las provincias argentinas, pero también uno de los tributos más criticados por economistas y empresarios debido a las distorsiones que genera sobre la actividad económica.

Es uno de los principales reclamos de la industria, el sector que más sufre el tributo por el denominado “efecto cascada” ya que su impacto se acumula en cada etapa de la cadena productiva, y también una de las principales batallas del Gobierno nacional contra las provincias para “reducir costos”.  Con ese telón, se produjo durante la semana un nuevo contrapunto entre el ministro de Economía, Luis Caputo, que habló de los “tarados que defienden la industria” y el titular de la UIA, Martín Rapallini, quien consideró poco felices esas declaraciones que aludían, explicó después Caputo, a aquellos que defienden el modelo anterior y no a los propios industriales. En cualquier caso, Rapallini aprovechó la ocasión para vovler a reclamar, entre otras cosas, por la alta presión impositiva en la que Ingresos Brutos tiene un peso determinante.

Un relevamiento de Fundación Libertad muestra que las alícuotas varían significativamente entre jurisdicciones y según el tipo de actividad económica, ya sea comercio mayorista, comercio minorista, servicios o sector financiero. En promedio, las provincias aplican tasas que van desde el 3% hasta el 6,2%, aunque en algunos sectores específicos pueden superar incluso el 9%.

La disparidad entre provincias no solo implica diferentes cargas tributarias para las empresas, sino que también influye en los costos de producción, la competitividad y las decisiones de inversión.

Buenos Aires, entre las que más cobra

Si se toma el promedio de las alícuotas de Ingresos Brutos por jurisdicción, Catamarca encabeza el ranking con una tasa promedio del 6,2%. Detrás aparecen Buenos Aires, Entre Ríos y Neuquén, con un promedio del 6%, mientras que un segundo grupo conformado por CABA, Córdoba, Chubut, La Rioja, Río Negro, Salta, Tucumán y Misiones registra una presión promedio del 5,8%. En el otro extremo se ubican las provincias con menores alícuotas promedio: Santiago del Estero (3%), Corrientes (3,3%) y Formosa (3,6%).

Comercio mayorista y minorista

En el comercio mayorista, diez provincias aplican la alícuota máxima del relevamiento, equivalente al 5%. Se trata de Buenos Aires, Entre Ríos, Neuquén, CABA, Córdoba, Chubut, La Rioja, Río Negro, Salta y Santa Cruz.

Las menores cargas corresponden a Santa Fe y San Luis (2,5%), seguidas por Corrientes (2,9%) y Chaco, Tierra del Fuego, San Juan, Formosa y Santiago del Estero, con el 3%.

El escenario es similar para el comercio minorista. Buenos Aires, Entre Ríos, Neuquén, CABA, Córdoba, Chubut, La Rioja, Río Negro, Salta y Tucumán gravan la actividad con una alícuota del 5%.

Catamarca cobra 4,8%, mientras que Misiones, Mendoza, Jujuy y Santa Fe aplican 4,5%. Las menores tasas vuelven a concentrarse en Corrientes (2,9%), Santa Cruz (3%), Tierra del Fuego (3%), San Juan (3%), Formosa (3%) y Santiago del Estero (3%).

Bancos, las mayores alícuotas

El caso más particular corresponde al sistema financiero, donde el impuesto se aplica sobre el spread bancario, por lo que no resulta directamente comparable con el resto de las actividades.

En este segmento, La Pampa presenta la mayor alícuota del país, con un 9,1%. Le siguen con 9% Buenos Aires, Entre Ríos, Neuquén, Córdoba, Chubut, La Rioja, Río Negro, Tucumán, Santa Fe, Tierra del Fuego y Catamarca. Las menores cargas corresponden a Formosa (5,5%), Corrientes (4,7%) y Santiago del Estero (3%).

Ingresos Brutos explica cerca del 76% de la recaudación propia de las provincias, porcentaje que asciende a casi 90% en provincias como Misiones y Salta. Es impuesto que representa entre 4 y 5 puntos del PBI, lo que lo ubica entre los tributos de mayor peso detrás del IVA, Ganancias y los recursos vinculados a la Seguridad Social.

Para Joaquin Aranguiz, economista de la Fundación Libertad, el principal problema no es únicamente cuánto recauda el impuesto, sino cómo lo hace. A diferencia del IVA, Ingresos Brutos grava la facturación en cada etapa de la cadena productiva, sin permitir descontar el impuesto abonado anteriormente.

Esto provoca el denominado "efecto cascada": el productor paga, luego el distribuidor vuelve a tributar sobre un precio que ya incluye el impuesto, lo mismo ocurre con el mayorista y finalmente con el minorista. Como consecuencia, el costo tributario se acumula hasta llegar al consumidor final. "Esto encarece artificialmente los bienes y servicios, perjudica especialmente a las industrias con cadenas productivas largas y reduce la competitividad frente a productos importados que no soportan esa acumulación de impuestos internos", comentó.

Además, destacó otra distorsión importante: el tributo grava la facturación y no las ganancias, por lo que una empresa debe pagarlo incluso cuando registra pérdidas.

Aranguiz agregó que las diferencias de alícuotas entre provincias y las mayores cargas sobre el sector financiero también distorsionan las tasas de interés, encarecen el crédito y generan condiciones desiguales para competir.

Leandro Neufeld y Tomás Amerio, economistas en la Fundación Libertad y Progreso, coincidieron en que Ingresos Brutos es "probablemente el impuesto más distorsivo del sistema tributario argentino" y remarcaron que constituye una excepción internacional.

"Prácticamente ningún país desarrollado convive con un tributo provincial en cascada sobre la misma base que ya grava el IVA nacional", sostuvieron.

Los especialistas indicaron que una alícuota nominal aparentemente baja puede transformarse en una carga mucho mayor una vez que atraviesa toda la cadena productiva: "Una tasa del 3% o 4% puede terminar representando entre un 8% y un 15% del precio final".

Pese a las críticas, los economistas coinciden en que eliminar el impuesto no resulta sencillo debido a su enorme peso sobre las cuentas públicas provinciales. Ingresos Brutos representa alrededor del 78% de la recaudación propia de las provincias, por lo que cualquier modificación exige una reforma integral del federalismo fiscal.

Informe: Gonzalo Álvarez Castillo