El impuesto sobre los Ingresos Brutos volvió a colocarse en el centro de la escena económica por su impacto directo sobre los precios y la rentabilidad de miles de comerciantes. Según una encuesta reciente de Taquion Group, que abarcó a casi 2.000 personas en todo el país, 7 de cada 10 contribuyentes aseguran que este tributo perjudica su actividad porque se cobra "haya o no ganancias". La percepción de injusticia se amplifica cuando se observa que el 78% de los consultados lo define como "injusto".

El peso de este impuesto provincial, que se aplica sobre la facturación bruta en cada eslabón comercial, genera un efecto acumulativo en la cadena de valor. Así, muchos comerciantes terminan trasladando esa carga a los precios finales.

Un dato del estudio que refleja esa mecánica sostiene que el 58% de los entrevistados cree que el impuesto se traslada "directamente" al consumidor, mientras que apenas un 5% opina que no impacta en los precios. Esta sensación de injusticia alimenta el desencanto con la administración de los fondos públicos y, en paralelo, incentiva la informalidad.

Los datos recopilados en el informe muestran que buena parte de los pequeños negocios, monotributistas y profesionales independientes consideran que pagar los impuestos demanda tiempo, dinero y recursos que no tienen. 

Un impuesto que complica la vida cotidiana

En la percepción de los comerciantes consultados, Ingresos Brutos actúa como un obstáculo que termina generando distorsiones y costos adicionales que pocos pueden afrontar sin resentir su operatoria. La complejidad administrativa que implica cumplir con este impuesto aparece como otro punto sensible. 

La mayor parte coincide en que "cuesta entender lo que se paga" (60% admite no entender cómo se calcula lo que se paga) y que gestionar la liquidación en general de los impuestos exige contratar servicios contables que elevan aún más los gastos mensuales (el 53% afirma que gestionarlo resulta "caro"). También hay un 46% considera que la carga fiscal es "desproporcionada" respecto de los ingresos y un 62% que cree que siempre se paga más de lo que corresponde.

El relevamiento confirma que el hartazgo se extiende a casi todas las regiones, con niveles de descontento más marcados en CABA y el conurbano bonaerense. Allí, 75% de los consultados define su presión tributaria como "alta o muy alta". La desconfianza hacia el uso de los recursos que recauda el Estado provincial alimenta la desilusión. El 80% cree que las provincias son las mayores beneficiadas y exige más transparencia, mientras que los destinos que más respaldo tienen son Salud (64 %), Educación (60 %) y Seguridad (52 %).

La falta de claridad sobre qué porción se lleva la Nación y qué corresponde a las jurisdicciones provinciales también genera incertidumbre. Buena parte de los contribuyentes desconoce en qué niveles del Estado recaen estos recursos. Esa confusión se refleja en redes sociales: 8 de cada 10 menciones sobre impuestos son negativas.

El reclamo por un rediseño del sistema tributario

El escenario de rechazo masivo al esquema actual plantea el debate sobre su rediseño. En un contexto de desconfianza generalizada, cualquier reforma que busque simplificar los tributos y reducir su impacto sobre los precios podría contar con respaldo social.

Entre las propuestas que se escuchan en cámaras empresariales y asociaciones de comerciantes, se destaca la necesidad de revisar la forma en que se calcula la base imponible y la posibilidad de descontar créditos fiscales de manera más ágil.

En los hechos, el impuesto sobre Ingresos Brutos logró instalarse como una de las principales fuentes de recaudación de las provincias. Sin embargo, esa dependencia de los fiscos locales sobre este tributo se volvió una de las razones que dificultan cambios profundos. 

Según el relevamiento, la percepción de que "se cobra haya o no ganancias" constituye la queja más extendida. La combinación de alta carga y baja transparencia conforma el caldo de cultivo perfecto para que la desconfianza crezca.

Mientras tanto, comerciantes, emprendedores y profesionales independientes continúan lidiando con esta obligación que, en palabras de un encuestado, "reduce márgenes, obliga a subir precios y suma burocracia"

La incógnita ahora pasa por saber si habrá voluntad política para encarar un rediseño que alivie a los contribuyentes sin desfinanciar a los gobiernos provinciales. La magnitud del malestar registrado en la encuesta deja en claro que la presión fiscal se transformó en un problema estructural que demanda respuestas concretas.