El resultado electoral reciente no solo sorprendió por la magnitud del apoyo al Gobierno, sino por el cambio de escenario que abre en términos legislativos y de gobernabilidad. En la Cámara de Diputados, el oficialismo y sus aliados quedaron a apenas diez bancas del quórum propio, y en el Senado, a seis. Esto implica que, con el respaldo de los bloques dialoguistas, se podría avanzar en la aprobación de leyes clave. En otras palabras, el Gobierno se encuentra en una posición excepcional para impulsar las reformas estructurales que el país necesita con urgencia: la impositiva y la laboral.

Durante los últimos meses, la prioridad fue estabilizar la macroeconomía. Ese proceso aún no está concluido, pero las condiciones comienzan a ordenarse. Sin embargo, estabilizar no es suficiente. Para recuperar el crecimiento perdido desde 2011, es imprescindible pasar de la estabilización a la transformación. Y esa transformación requiere reformas profundas.

Por qué las reformas son indispensables

El plan económico actual logró frenar el deterioro macroeconómico y contener la nominalidad, pero sin cambios estructurales la economía podría crecer apenas a tasas muy bajas. Con reformas impositivas y laborales bien diseñadas, Argentina puede recuperar dinamismo y encarar un sendero de crecimiento sostenido.

La consolidación de la estabilización requiere más que equilibrio fiscal y control monetario. Necesita una estructura de incentivos que estimule la inversión, la productividad y la formalización del empleo. Sin un cambio en el esquema impositivo, el país seguirá atrapado en una trampa de bajo crecimiento y alta presión tributaria sobre los sectores formales.

Un sistema que castiga a quienes cumplen

En el 61° Coloquio de IDEA en Mar del Plata presenté un diagnóstico de la estructura tributaria argentina. Hoy mantenemos un esquema que castiga a quienes cumplen, desalienta la inversión y encarece el consumo. El problema no es solo cuánto se recauda, sino cómo se recauda.

Argentina tiene una presión tributaria visible de 28% del PBI, pero esa cifra oculta un peso mucho mayor. La evasión —que en el IVA alcanza el 37%— genera una presión "real" sobre el sector formal cercana al 45 o incluso al 50% del PBI. Dicho de otro modo: los que cumplen pagan por los que no. Esta desigualdad no solo es injusta, sino también ineficiente. Distorsiona los precios relativos, desalienta la formalización y deteriora la competitividad.

Reducir la evasión a niveles similares a los de la región (entre 15% y 20%) permitiría recuperar hasta cuatro puntos del PBI en recaudación sin subir alícuotas. Esa mejora bastaría para aliviar la carga sobre el sector formal y avanzar hacia un sistema más equilibrado.

Un gasto público aún elevado, pero en proceso de corrección

Desde mediados de los años 90 hasta 2015, el gasto público consolidado creció de 29 a 43 puntos del PBI, reflejando el aumento del tamaño del Estado y su presencia en todos los niveles de gobierno. En la última década, ese proceso comenzó a revertirse: entre 2015 y 2025, el gasto bajó a 32,5 puntos del PBI.

De esos 10,5 puntos de corrección, 8,5 provinieron del gasto nacional, 1,8 del provincial y apenas 0,2 del municipal. El esfuerzo principal recayó, por tanto, en la Nación. En particular, durante los últimos dos años se observó un ajuste significativo que permitió recomponer parte del equilibrio fiscal.

Aun así, alcanzar las metas del llamado "Pacto de Mayo", que propone reducir el gasto consolidado al 25% del PBI, será un desafío de enorme complejidad. No es imposible, pero implicaría decisiones drásticas con alto costo político. Si en los años noventa el Estado representaba el 29% del PBI, bajar a 25% luce difícil sin una transformación estructural de funciones y competencias entre niveles de gobierno.

Los impuestos superdistorsivos: un obstáculo al crecimiento

Argentina depende en exceso de impuestos que no solo son ineficientes, sino que afectan directamente la inversión y la competitividad. Mientras el resto del mundo recauda entre 1 y 2 puntos del PBI a través de tributos distorsivos, en nuestro país ese número trepa a casi 9 puntos.

Entre ellos se destacan Ingresos Brutos (4 puntos del PBI), derechos de exportación (1,2), impuesto al cheque (1,7), aranceles de importación (0,7) y tasas municipales (1,5). Estas cargas encarecen la producción, reducen el valor agregado local y distorsionan los precios relativos.

El caso de Ingresos Brutos es paradigmático. Es un impuesto en cascada, que se aplica sobre cada etapa del proceso productivo y penaliza el agregado de valor. En los años 90 equivalía a una alícuota adicional del 6% sobre el consumo; hoy representa cerca del 11%. Sumado al IVA, esto significa que los consumidores enfrentan una carga impositiva de alrededor del 32% sobre el precio final de los bienes.

El impacto en los precios y en la vida cotidiana

El sistema tributario argentino no solo afecta a las empresas, sino también al consumidor. Un estudio que realizamos en Invecq muestra que entre el 35% y el 52% del precio de un producto en góndola corresponde a impuestos.

Para ilustrarlo: un mismo modelo de auto importado cuesta en Argentina un 15% más que en Estados Unidos y un 28% más que en Chile. Sin impuestos, sería entre 7% y 12% más barato. Es decir, el encarecimiento no proviene de los costos productivos, sino de la carga fiscal.

El mismo patrón se repite en alimentos, bebidas, electrodomésticos y materiales industriales. Los impuestos más distorsivos —Ingresos Brutos, impuesto al cheque, tasas municipales— explican entre el 20% y el 35% de esa carga total. Esto no solo reduce la competitividad, sino que encarece la vida diaria de los argentinos.

Las condiciones políticas y el desafío económico

El respaldo político tras las elecciones ofrece una oportunidad única para avanzar con estas reformas. En la Cámara Baja, el Gobierno necesita apenas diez votos adicionales para obtener mayoría; en el Senado, seis. Ambos números son alcanzables con el apoyo de sectores dialoguistas.

Ese contexto favorable debería ser el punto de partida para reconfigurar el esquema monetario y cambiario, y acompañarlo con una agenda legislativa que apunte a modernizar el sistema impositivo y laboral. Sin esas transformaciones, el país corre el riesgo de estabilizarse en la mediocridad.

Las reformas no son un fin en sí mismas: son el instrumento para consolidar la estabilidad, liberar el potencial productivo y sentar las bases de un crecimiento sostenido. Argentina tiene una oportunidad histórica de hacerlo. Pero, como he señalado, no alcanza con equilibrar las cuentas públicas. Hay que equilibrar también la cancha.

Conclusión

Si el país logra reducir la evasión, reemplazar los impuestos más dañinos y sostener el orden fiscal alcanzado, podrá crecer sin necesidad de subir la carga tributaria. No se trata de recaudar más, sino de recaudar mejor.

Las condiciones políticas están dadas. El desafío, ahora, es aprovecharlas para transformar la estructura económica de la Argentina. De eso dependerá que el proceso de estabilización se convierta en un verdadero ciclo de desarrollo.

*Por Matías Surt, Economista y Socio Director en Invecq