El Gobierno envió al Congreso el proyecto de Súper RIGI, un régimen diseñado para atraer inversiones por más de US$ 1.000 millones en nuevas actividades para la economía local. La iniciativa ofrece beneficios mayores que los del Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones, conocido como RIGI, y apunta a las llamadas industrias del futuro.
El punto central del proyecto es que no cualquier inversión podrá acceder. El texto está pensado para iniciativas industriales, tecnológicas o de servicios vinculadas con infraestructura tecnológica y digital estratégica que no existan en el país al momento de la entrada en vigencia de la ley, o que apenas tengan un grado experimental o piloto. En otras palabras, el esquema busca reservar los incentivos más fuertes para proyectos capaces de impulsar nuevas actividades productivas.
El ministro de Economía, Luis Caputo, ya dio ejemplos de los sectores que el Gobierno pretende impulsar con este nuevo régimen. Entre ellos, figuran la fabricación de baterías de litio, autos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas y la cadena de valor del uranio. Son actividades intensivas en capital, tecnología e infraestructura, con potencial exportador y con necesidades de financiamiento de largo plazo.
La barrera de ingreso será alta. Cada proyecto deberá acreditar una inversión mínima de US$ 1.000 millones en activos computables. Además, el inversor deberá comprometer al menos el 20% de dicho monto durante los primeros dos años contados a partir de la fecha de adhesión al régimen. El plazo para presentar solicitudes será de cinco años, con la posibilidad de una única prórroga de hasta un año.
El plan parece tener nombre y apellido: el de todos aquellos mega millonarios que generó la tecnología y que ahora están abocados a la desbocada carrera de la inteligencia artificial. Desde Elon Musk, con la mira ya no en el litio sino en la producción de las baterías, hasta Peter Thiel o Sam Altman, quien el año pasado ya hizo un anuncio de una mega inversión en la Argentina por US$ 20.000 millones en un data center en el sur que todavía no vio la luz.
En el caso de Thiel, el empresario dueño de Palantir, también se especula con una posible inversión más allá de las posibilidades de que el Gobierno adquiera los servicios de la compañía.
La estructura jurídica también tendrá reglas específicas. Solo podrán acceder los sujetos que constituyan Vehículos de Proyecto Único, o VPU, creados exclusivamente para desarrollar cada emprendimiento. Esos vehículos deberán tener activos destinados exclusivamente al proyecto adherido. Con esa condición, el texto busca que cada inversión tenga una estructura separada, identificable y asociada a un plan concreto.
En materia tributaria, el Súper RIGI incluye uno de sus mayores atractivos. Los VPU adheridos pagarán una alícuota del 15% en el Impuesto a las Ganancias. También podrán usar amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura. A eso se suma la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal y una alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades.
El proyecto incorpora beneficios vinculados al IVA y al comercio exterior. Las empresas podrán utilizar Certificados de Crédito Fiscal para cancelar el impuesto asociado a las inversiones en activos computables. Además, tendrán exención de derechos de importación y exportación para los bienes incluidos en el plan de inversión y para los productos obtenidos bajo el proyecto. Paralelamente, para las nuevas relaciones laborales generadas por los proyectos adheridos, las contribuciones patronales tendrán una alícuota única del 10%. El objetivo es reducir el costo asociado a la creación de empleo en iniciativas de gran escala.
Otro eje fuerte del proyecto es el tratamiento cambiario. El régimen habilita la libre disponibilidad progresiva de los cobros de exportación. El esquema será escalonado, con 20%, 40% y luego 100% a lo largo de tres años desde la primera exportación. También se exceptúa la obligación de ingresar y liquidar divisas provenientes de aportes de capital, financiamientos y servicios vinculados al proyecto.
La iniciativa incorpora garantías para los inversores. Los VPU tendrán plena disponibilidad sobre los productos del proyecto, protección frente a actos confiscatorios o expropiatorios, derecho a la operación continuada y acceso irrestricto a la Justicia. Además, la estabilidad normativa en materia tributaria, aduanera, de seguridad social y cambiaria regirá durante 30 años desde la adhesión.
Una de las restricciones más importantes apunta a evitar superposiciones con el RIGI original. Las empresas que ya pidieron ingresar a ese régimen no podrán sumarse al Súper RIGI. La prohibición también alcanza a proyectos similares a otros ya presentados bajo el esquema vigente.
El texto excluye a quienes, de manera individual o junto con empresas vinculadas del mismo grupo económico, compartan el mismo plan de inversión, ubicación, instalaciones esenciales o activos estratégicos. La restricción se extiende a proyectos con la misma cadena de valor, productos o procesos productivos similares. También quedan afuera quienes tengan una superposición igual o superior al 50% de la inversión comprometida, de los activos físicos principales o de la capacidad de producción prevista.
La intención oficial es preservar la coherencia del sistema de incentivos y evitar que un mismo grupo use dos regímenes para proyectos equivalentes. Por eso, el Súper RIGI queda reservado para nuevas actividades productivas y operará como un esquema autónomo y complementario al régimen ya vigente.
El proyecto también establece condiciones para las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios. Las jurisdicciones que adhieran deberán asumir compromisos de moderación fiscal y previsibilidad normativa, para que los beneficios nacionales no queden neutralizados por cargas locales. En concreto, no podrán imponer nuevos gravámenes locales, salvo tasas por servicios específicos, concretos e individualmente prestados. Se considerará nuevo gravamen cualquier tributo creado o modificado después del 31 de diciembre de 2025 que implique una mayor carga fiscal.
Tampoco podrán aplicar una alícuota superior al 0,50% en Ingresos Brutos ni gravar con Impuesto de Sellos actos, contratos, instrumentos, escrituras, carta oferta, notas de pedido, operaciones, préstamos, pagarés, garantías, prendas, hipotecas, fianzas u operaciones monetarias. A la vez, quedará prohibida la aplicación de regalías o cánones administrativos, tanto vigentes como futuros.
Por último, las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios deberán renunciar a exigir el pago previo como requisito para que los VPU presenten recursos o demandas administrativas y judiciales. Ese punto completa el paquete de garantías con el que el Gobierno pretende atraer capital a gran escala a nuevos sectores de la economía.