La posibilidad de que el rumbo económico argentino sobreviva al ciclo político de Javier Milei empieza a ganar espacio entre los analistas y las calificadoras de riesgo. Moody’s considera probable que la mayoría de las reformas implementadas durante los últimos años continúe después de las elecciones de 2027, incluso si el actual presidente no obtiene un segundo mandato.

En un informe titulado La corrección de los desequilibrios económicos está fortaleciendo el perfil crediticio de Argentina, la calificadora sostuvo que el diagnóstico se apoya en tres elementos centrales: la disciplina fiscal y la desregulación, el fortalecimiento de las cuentas externas y la consolidación de las políticas económicas implementadas en los últimos años. Para Moody’s, estos factores están haciendo que la mejora de los fundamentos argentinos tenga un carácter más permanente y no sea solamente consecuencia del ajuste inicial.

La calificadora también proyecta que el PBI real crecerá alrededor de 3,5% anual hasta 2027, impulsado por la inversión, la recuperación de los ingresos reales y las reformas estructurales. Sin embargo, advierte que el crecimiento continúa concentrado principalmente en sectores vinculados con las exportaciones, como energía, minería y agricultura.

El factor social detrás de la continuidad

Diego Piccardo, economista jefe en la Fundación Libertad y Progreso, considera que existe una probabilidad alta de que, después de 2027, se preserve el núcleo de las reformas económica porque las mismas encontraron respaldo en un aprendizaje acumulado por la sociedad después de décadas de inflación, estancamiento y crisis recurrentes.

“Después de décadas de inflación, estancamiento y crisis recurrentes, una parte significativa de la sociedad comprendió que financiar de manera permanente el déficit fiscal con emisión termina deteriorando el poder adquisitivo, y que muchas regulaciones, lejos de proteger a los ciudadanos, generan costos, privilegios y barreras para producir e invertir”, comentó el ejecutivo.

“Ese cambio de percepción establece un límite para cualquier futura administración. Un próximo presidente podrá modificar prioridades, velocidades o instrumentos, pero tendría un costo político elevado volver abiertamente al déficit crónico, a la emisión monetaria como mecanismo de financiamiento o a un esquema generalizado de controles”, añadió.

Sin embargo, Piccardo también plantea una advertencia: no todas las reformas tienen garantizada su continuidad. Aquellas que afecten intereses sectoriales o que no hayan sido institucionalizadas mediante leyes sólidas podrían ser revisadas. El grado de apertura y desregulación también dependerá de la composición política que surja de las elecciones.

Por eso, el desafío será transformar el actual giro económico en reglas duraderas, con respaldo legislativo y resultados visibles sobre el crecimiento y el empleo.

La tensión entre la macroeconomía y la economía cotidiana

Santiago Wickham, economista y analista de Operaciones en Make Money Move, introduce otro elemento clave para entender qué puede ocurrir de aquí a 2027. Su diagnóstico es que resulta más probable la consolidación del rumbo económico que la continuidad de la velocidad reformista que caracterizó el comienzo de la gestión de Milei.

El problema está en la distancia entre las variables agregadas y la situación de familias y empresas. “Mientras las variables agregadas muestran ordenamiento, la vida cotidiana de las familias y pymes continúa marcada por la presión de tarifas, el deterioro del consumo real y la morosidad en servicios, un factor que condicionará directamente el margen social y político del ciclo electoral”, sostuvo Wickham.

Para el especialista, allí aparece el principal riesgo de los próximos 12 a 24 meses: que el ajuste inicial deje una “cicatriz económica y social” antes de que el crecimiento de largo plazo pueda traducirse en mejoras concretas.

“Si la reactivación microeconómica no llega a tiempo para absorber la pérdida de ingresos y dinamizar el empleo formal, la paciencia social se acortará, complicando la construcción de consensos. Bajo este escenario, reformas de mayor volumen distributivo que exigen acuerdos parlamentarios amplios, como una reforma tributaria integral o la previsional, difícilmente encuentren viabilidad política en el corto plazo”, relató Wickham.

Así, el riesgo sería haber absorbido la fricción del reordenamiento sin alcanzar todavía el crecimiento, la inversión y el empleo que permitan compensar ese esfuerzo.