Tras la histórica victoria del Partido Demócrata en ambas cámaras del Congreso el martes, los legisladores comenzaron a definir su agenda para el nuevo período. Una de sus principales prioridades será encontrar la manera de limitar la influencia de Elon Musk, uno de los principales aliados de Donald Trump y el mayor donante político del año.

Los demócratas ya anticiparon que planean abrir varias investigaciones sobre Musk y sus empresas. Entre ellas, buscarán determinar si SpaceX recibió contratos de manera irregular durante los últimos años y si el empresario accedió indebidamente a información confidencial mientras estaba al frente de DOGE como contratista federal. Incluso antes de las elecciones, el senador demócrata Richard Blumenthal, de Connecticut, había anunciado una investigación para esclarecer por qué se restringió recientemente el acceso de Ucrania a Starshield y Starlink en el campo de batalla. Ambos servicios proporcionan comunicaciones esenciales a las tropas mediante la red satelital de SpaceX.

Sin embargo, los legisladores también tienen motivos económicos y de seguridad nacional para actuar contra SpaceX, que mantiene una posición prácticamente monopólica en determinados segmentos del mercado. "A la industria de defensa, tanto bajo gobiernos republicanos como demócratas, no le gusta depender de un único proveedor", explica Armand Musey, presidente de Summit Ridge Group, una consultora especializada en satélites. "Musk tiene demasiado poder porque cuenta con una tecnología que nadie más tiene y que adquiere cada vez mayor importancia estratégica para la defensa. Es como si durante la Segunda Guerra Mundial una sola persona supiera cómo funciona la bomba atómica", compara.

Aproximadamente, una quinta parte de los US$ 18.700 millones que facturó SpaceX el año pasado provino de agencias federales, principalmente del Pentágono.

Forbes consultó a ocho analistas sobre el futuro de la compañía ante la nueva mayoría demócrata en el Congreso.  Casi todos manifestaron su preocupación por el enorme poder que concentra SpaceX, aunque coincidieron en que sería difícil reducir su influencia sin comprometer la seguridad nacional de Estados Unidos. Además, el Congreso no tiene autoridad para adjudicar ni cancelar contratos, ya que esa facultad corresponde al Poder Ejecutivo, lo que limita considerablemente su margen de acción frente a la empresa.

Por eso, los expertos consideran que cualquier medida que adopte el Congreso probablemente sea gradual y prudente. Incluso con una amplia mayoría demócrata, los legisladores podrían evitar decisiones drásticas que pongan en riesgo la relación con SpaceX, al menos por ahora. En varias áreas estratégicas, la compañía prácticamente no tiene competencia. Su cohete Falcon 9 realiza lanzamientos espaciales con una frecuencia muy superior a la de sus rivales y concentró más de la mitad de los lanzamientos orbitales realizados en todo el mundo el año pasado.

Además, fue pionero en la reutilización de cohetes y es el vehículo de lanzamiento de carga media y pesada más económico de la historia. Estados Unidos utiliza sus misiones para poner en órbita satélites destinados a servicios como el GPS, tareas de reconocimiento y comunicaciones militares encriptadas. También recurre a estos vuelos para probar tecnologías experimentales que el Pentágono considera prioritarias.

"La realidad es que Estados Unidos depende de SpaceX para acceder al espacio", advierte Victoria Samson, directora general de seguridad y estabilidad espacial de la Secure World Foundation. "No podemos simplemente decir: 'Vamos a cancelar todos los contratos de SpaceX'", completa.

La red satelital de la compañía tampoco tiene competidores capaces de igualar su escala, su elevada capacidad y su latencia extremadamente baja. "Starlink es una pieza fundamental de la infraestructura de comunicaciones militares, no solo para Estados Unidos, sino también para sus aliados y socios", explica Samson. Sin embargo, esta dependencia plantea problemas complejos. 

El mes pasado trascendió que Musk había restringido personalmente el acceso de Ucrania a Starlink y Starshield. El propio empresario reconoció que limitó el ancho de banda de Starlink, aunque justificó la decisión al señalar que Ucrania había incumplido los términos de servicio. No obstante, sostiene que únicamente las Fuerzas Armadas estadounidenses tienen la capacidad de restringir el acceso a Starshield.

Aunque el Congreso no tiene facultades para cancelar contratos, sí puede retirar por completo el financiamiento de un programa. Los demócratas ya evalúan eliminar la iniciativa Golden Dome, en la que SpaceX obtuvo más fondos a través de contratos divulgados públicamente que cualquier otra empresa, con adjudicaciones relacionadas por aproximadamente US$ 8.000 millones. Al mismo tiempo, podrían aumentar los recursos destinados a programas capaces de reducir las ventajas competitivas de la compañía. 

Nick Reese, exjefe de políticas de tecnologías emergentes del Departamento de Seguridad Nacional, señala como posible alternativa al Sistema de Coordinación de Tráfico Espacial. Esta iniciativa busca reunir información militar y datos compartidos voluntariamente por operadores satelitales como Starlink para facilitar el acceso público a información sobre la actividad espacial. Sin embargo, su implementación se vio dificultada por los recortes presupuestarios impulsados durante la gestión de DOGE bajo Musk. En teoría, el Congreso podría establecer la obligatoriedad de compartir una mayor cantidad de datos.

"La órbita terrestre baja no solo está dominada por los satélites de una única compañía, sino que esa misma empresa también controla todos los datos orbitales", explica Reese. "Por lo tanto, si se le quitara el control de esa información y se hiciera pública, Starlink se vería perjudicada de inmediato", agrega.

Una alternativa mucho más drástica sería nacionalizar SpaceX o alguna de sus divisiones, como Starlink. En las últimas semanas, figuras influyentes como el economista Paul Krugman y el exsecretario de Trabajo de los EE.UU. Robert Reich intensificaron sus pedidos para avanzar con esta medida. Aunque existen antecedentes de nacionalizaciones en Estados Unidos, se trata de una práctica mucho más habitual en otros países. Dentro del territorio estadounidense, estas intervenciones suelen producirse en contextos de guerra o cuando las empresas atraviesan situaciones de insolvencia. Para concretar una medida de este tipo, el Congreso podría aprobar una ley que establezca la compra obligatoria de la compañía.

Sin embargo, los expertos consideran poco probable que los legisladores estén dispuestos a llegar tan lejos. Una alternativa más viable sería aprobar nuevas leyes para limitar la expansión de SpaceX . Por ejemplo, podrían exigir evaluaciones de riesgo adicionales para los lanzamientos espaciales. Otra posibilidad sería establecer nuevas condiciones de contratación que pongan en riesgo su integración vertical, uno de los principales factores que explican su eficiencia y sus ventajas en costos. En ese sentido, los futuros contratos de servicios satelitales podrían exigir que los satélites pertenezcan a una empresa distinta de la encargada de lanzar el cohete que los pone en órbita.

Otra posibilidad sería tomar medidas para limitar directamente la influencia geopolítica de Musk. Por ejemplo, los demócratas podrían impulsar una normativa que impida a los contratistas estadounidenses de comunicaciones satelitales restringir deliberadamente sus servicios en zonas de guerra sin autorización del Gobierno.

Sin embargo, cualquiera de estas iniciativas podría enfrentarse a un veto de Trump. Para anularlo, el Congreso necesitaría una mayoría de dos tercios, una cantidad de bancas muy superior a la que los demócratas están cerca de conseguir, incluso después de la histórica victoria electoral de esta semana.

"Imagino que, si decidieran avanzar con una medida de este tipo, intentarían incluirla en la Ley de Autorización de Defensa Nacional, porque es una legislación que necesariamente debe aprobarse", explica Reese. "Los demócratas podrían poner a la Casa Blanca en una situación complicada si aprobaran una propuesta razonable, una solución intermedia, y la obligaran a tomar una decisión: ¿estarían dispuestos a asumir el costo político de vetarla?", sostiene.

"Es en los proyectos de ley que deben aprobarse obligatoriamente donde suelen aparecer este tipo de maniobras políticas", coincide Scott Amey, asesor jurídico del Proyecto de Supervisión Gubernamental, quien también señala a la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) como una posible herramienta para que los demócratas adopten medidas contra Musk. Estas estrategias pueden pasar inadvertidas: "Hay que leer las 1.500 páginas para descubrir dónde están escondidas las maniobras", advierte.

SpaceX cuenta con competidores importantes tanto en el mercado de lanzamientos espaciales como en el de comunicaciones satelitales, entre ellos Blue Origin, Amazon Leo, United Launch Alliance y Rocket Lab. Sin embargo, "la distancia parece estar aumentando en lugar de reducirse", advierte Musey. El especialista destaca la integración vertical de SpaceX, difícil de igualar para sus rivales, y el desarrollo de una nueva generación de satélites que la compañía ya comenzó a desplegar y que ofrece una capacidad de transmisión de datos diez veces superior a la de los modelos anteriores.

En ese escenario, el Congreso podría desempeñar un papel importante. Si los legisladores buscan reducir la dependencia de Estados Unidos respecto de SpaceX, la alternativa menos riesgosa sería impulsar el crecimiento de otras empresas del sector espacial, en lugar de intentar debilitar directamente a Musk. Sin embargo, se trataría de un proceso lento y no estaría exento de dificultades.

Paradójicamente, el sector en el que los demócratas podrían tener mayor interés en limitar la influencia de Musk, el de la defensa, también sería el más difícil de intervenir. Si quieren reducir su poder sin comprometer la seguridad nacional de Estados Unidos, deberán avanzar con especial cautela.

Por ahora, las iniciativas parecen encontrarse en una etapa preliminar. Todo indica que Musk estará en la mira de los demócratas, aunque todavía no está claro qué medidas concretas tomarán en su contra. Gregory Allen, director ejecutivo de Decision Tree Research, resume la situación con una ironía: "Esto se parece más a 'preparados, fuego, apunten' que a 'preparados, apunten, fuego'".

*Este artículo fue publicado originalmente por Forbes.com.