Desde que comenzó la guerra de aranceles y luego la crisis del petróleo por la guerra con Irán, era una gran incógnita cómo respondería el gobierno de Javier Milei y las empresas de combustibles ante la escalada de precios a nivel internacional.
La petrolera emblema de la Argentina fue la primera en reaccionar. A las pocas horas todas las demás compañías con presencia en el país. Todo en un lapso no mayor de 20 horas.
En un escenario de alta tensión geopolítica y precios internacionales del petróleo superando los 110 dólares por barril -hasta el momento llegó a 119 y luego bajó-, YPF adoptó una medida inusual: anunciar que, por 45 días, los precios de nafta y gasoil en sus surtidores permanecerán congelados.
La resolución, que comenzó a regir el 1° de abril en todo el país, funciona como un “buffer” o amortiguador de precios, diseñado para evitar que cada nueva escalada del Brent se traslade de inmediato al bolsillo del automovilista.
El presidente de YPF, Horacio Marín, explicó la decisión en un comunicado en el que subrayó que el objetivo es mantener “aproximadamente estables” los valores en el surtidor y evitar que la demanda siga replegándose, sobre todo en el interior del país. “Desde YPF hemos decidido realizar un buffer de precios de combustibles por hasta 45 días, comenzando a partir del día de hoy. Esto nos permitirá mantener aproximadamente estables los precios en el surtidor”, indicó la empresa.
La medida no se trata de un plan de precios congelados de corte meramente político, sino de una decisión de empresa que otros actores del sector terminaron replicando. Productoras puros de crudo, como Tecpetrol, Pluspetrol y Fénix; refinadoras como Raízen y Trafigura; y compañías integradas como Pan American Energy, que opera las estaciones Axion, se sumaron a un esquema coordinado que impide que la suba del crudo se “copie” al instante en las estaciones de servicio.
Cómo funciona el “amortiguador” interno
El mecanismo que YPF definió como amortiguador de precios se basa en un ajuste de la cadena interna de valor. Mientras el crudo internacional se referencia con el Brent, que en sus máximos recientes rozó los 119 dólares por barril y hoy se ubica alrededor de los 109, el precio que refinadores y comercializadores usan en sus transacciones internas se fija en el nivel vigente en marzo.
En la práctica, esto significa que los productores seguirán facturando el crudo según el precio de mercado internacional, pero los refinadores abonarán un valor inferior, equivalente al del mes pasado. La diferencia se acumula en una “cuenta compensadora” que se saldará más adelante, cuando el panorama energético se estabilice.
La consecuencia directa es que el consumidor final no verá incrementos en el surtidor, aunque el costo incorporado al sistema sí crece. Si la guerra se resuelve y el Brent retrocede, la caída no se trasladará al instante: primero se absorberá la deuda interna acumulada por el diferencial entre el crudo de referencia y el valor pagado. “No se espera un regreso a los niveles prebélicos de 60 dólares por barril”, advirtieron fuentes empresarias consultadas por Infobae, y añadieron que “la infraestructura de la cadena energética sufrió destrucción que no será rápida de reconstruir”.
Una industria coordinada para contener la demanda
El entendimiento entre las petroleras se activó en un contexto de fuerte presión sobre la demanda. Desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, el precio de los combustibles en Argentina acumuló aumentos cercanos al 20–25 por ciento y, en el interior del país, algunos litros de nafta súper superaron los 2.000 pesos, lo que implicó una merma tangible en las ventas.
“Esta decisión responde principalmente a la caída de la demanda, especialmente en el interior del país, a la vez que busca ofrecer mayor previsibilidad a los usuarios frente a la volatilidad global”, detallaron fuentes con conocimiento de las negociaciones. El acuerdo se selló por iniciativa privada de las propias compañías, sin intervención directa del Gobierno, aunque convergió con otras medidas de fondo pensadas para aliviar el impacto en el consumidor.
El Gobierno, por ejemplo, postergó a fines de marzo la actualización de impuestos prevista para abril. Además, avanzó en facilitar un mayor corte de biocombustibles —hasta un 15 por ciento en naftas y 20 por ciento en gasoil—, lo que permite reducir el peso de la fracción de petróleo pura en el combustible final y, en teoría, su vulnerabilidad a la cotización internacional.
Qué tan estables son los precios
Es importante no sobredimensionar el alcance del mecanismo. Si bien el crudo representa aproximadamente el 40 por ciento del valor final en el surtidor, el restante 60 depende de impuestos, costos de refinación, logística, añadido de biocombustibles y márgenes de refinerías y estaciones de servicio.
Esto implica que el sistema puede amortiguar la suba del petróleo, pero no blindar por completo al consumidor frente a cambios fiscales, nuevas devaluaciones o cambios en la estructura de costos. Cualquier variación en estos factores seguirá teniendo un efecto directo en el precio que paga el automovilista, incluso durante los 45 días del “freeze” comercial anunciado por YPF y replicado, de facto, por el resto del sector.
El contexto global y la estrategia argentina
El pacto entre petroleras se enmarca en un escenario de sobreoferta parcial de crudo que, según analistas consultados por Infobae, moderó la suba del Brent frente a lo que podría haberse esperado en un contexto de guerra. Sin embargo, la volatilidad sigue siendo alta y la Argentina, como net importadora neta de petróleo, no puede eludir del todo el impacto de cada fluctuación internacional.
En este contexto, el acuerdo entre YPF y el resto del sector funciona como una herramienta de ingeniería económica interna: protege la rentabilidad de los productores, evita distorsiones en el abastecimiento local y permite que refinerías y comercializadores mantengan márgenes sin provocar una caída brusca de la demanda.
En otras palabras, el sector no está “regalando” periodos de tranquilidad: está desplazando el ajuste hacia el futuro y condicionando el tamaño y el timing de la próxima suba al desenlace del conflicto, al comportamiento de la demanda y a la evolución de impuestos y tipo de cambio.
A medida que el periodo de 45 días avance, las empresas volverán a evaluar la situación. Si la guerra se prolonga y el Brent se mantiene en niveles elevados, el saldo de la cuenta compensadora crecerá y la presión para trasladar el diferencial al consumidor será más intensa. Si, en cambio, el crudo retrocede y la demanda se recupera, el mercado podría aprovechar para normalizar precios sin chocar de frente contra la inflación y el poder de compra doméstico.
El congelamiento de precios que lidera YPF no es, entonces, un gesto de liberalismo ni de intervencionismo puro: es un ejercicio de pragmatismo corporativo que busca equilibrar tres variables difíciles de conciliar: rentabilidad, estabilidad macroeconómica y preservación del consumo. En un país donde la boca de surtidor es un termómetro de la economía, el mercado petrolero argentino acaba de elegir que, por ahora, la suba del petróleo se quede, en parte, en el papel.