Mientras el debate macroeconómico se centra en aranceles, la letra chica del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) revela que el verdadero desafío para las empresas argentinas —especialmente las más pequeñas— no pasa por los impuestos aduaneros, sino por la capacidad de adaptación a las exigencias normativas, logísticas y ambientales del viejo continente.
Para Marcelo Elizondo, especialista en comercio exterior, el cumplimiento de estos estándares regulatorios no debe verse como una sorpresa de último momento: "Para entrar en Europa hay que cumplir estándares. Ahora, resulta que esos requisitos ya hoy hay que cumplirlos. Por lo tanto, no es que aparezcan requisitos nuevos". Para él, la buena reputación de la calidad argentina permitirá dar un "salto de calidad".
En el centro del radar está el Reglamento de Deforestación de la UE (EUDR). Christian Fuciños, socio líder de Global Trade Advisory de Deloitte, identifica allí el foco de conflicto: "Uno de los principales impactos del acuerdo pasa por las exigencias que en materia de sostenibilidad establece la Unión Europea para el comercio, y es donde probablemente las empresas que tengan en miras exportar a esos países tengan que poner el foco". Fuciños advierte que, mientras las grandes corporaciones están listas, "para las pymes esto puede ser un obstáculo al comercio".
Sin embargo, desde el territorio, la mirada es más optimista. Natalia Facciolo, Presidenta de Mujeres Empresarias de FEBA, CEO de LUDMARC, Community leader LATAM eTrade for Women y Vicepresidenta de la Convergencia Empresarial de Mujeres, tras una reciente misión comercial a Francia organizada por FEBA y MEFEBA con el apoyo de la comunidad de negocios ALFA, asegura que el cumplimiento normativo es totalmente viable:
“El EUDR prohíbe el ingreso de materias primas que provengan de tierras deforestadas después del 31 de diciembre de 2020, y las empresas deben proporcionar las declaraciones de diligencia debida con coordenadas de geolocalización. Esto suena técnicamente complejo y lo es. Sin embargo, depende mucho del tipo de actividad... Lo que sí es transversal es la necesidad de incorporar estas normas como parte del negocio, no como un trámite aparte... Una muestra de ello es que, en lo que va de 2026, Argentina se convirtió en el segundo país con más aplicaciones de Certificación Empresa B en el mundo”.
En la misma línea, Magdalena Pesce, CEO de Wines of Argentina, coincide en que la sostenibilidad ya no es un diferencial, sino "el estándar de supervivencia y una condición de acceso a Europa". Para mitigar el impacto en los pequeños productores, WofA implementó el programa 'Sustenta Vitis', financiado por la UE, buscando "fortalecer la sostenibilidad de toda la cadena vitivinícola argentina como motor de innovación".
Reglas de origen y trazabilidad: la brecha es estructural
El entramado técnico aduanero es otro filtro severo. Horacio Pereira, investigador del Centro de Estrategias Internacionales de Gobiernos y Organizaciones de la Universidad Austral, matiza el entusiasmo recordando que "la competitividad no la define solo el acuerdo, sino factores como los costos logísticos, escala y el acceso al financiamiento". Explica que el tratado define reglas producto por producto bajo tres criterios, aunque destaca la flexibilidad de "acumular origen entre los países del Mercosur y también con la Unión Europea".
Sobre este punto, Jimena Martin, abogada y empresaria metalúrgica, cofundadora y CEO de Baires Group, que participó de la misión a París, señala que el problema local es organizacional: "La distancia entre la industria argentina y los requisitos europeos no es tanto técnica como sí estructural... La principal brecha se manifiesta en la falta de sistematización de procesos y en la debilidad de la trazabilidad documental, entre otros aspectos. Entiendo que las reglas de origen, en este contexto, no operan como una barrera insalvable, sino como un mecanismo que exige orden, previsibilidad y coherencia productiva".
Clara Altamirano, Founder y CEO Claridad en Acción, suma otra alerta sobre los costos asociados a este proceso de internacionalización: "Las pymes argentinas tenemos un desafío importante por delante, especialmente a nivel costos de adaptación, trazabilidad y certificación... La pregunta no es si estas regulaciones van a impactar, sino qué empresas van a prepararse a tiempo para convertir ese estándar en una ventaja competitiva".
Logística y aduanas: sin margen de error
El ecosistema europeo es avanzado, pero implacable. Gabriel Gamarra, director de Impuestos y Legales de KPMG Argentina, advierte que la notificación provisional del acuerdo se publicó el 15 de abril de 2026 en el Diario Oficial de la UE, apenas dos semanas antes de su entrada en vigor, obligando a una rápida reacción. No obstante, destaca como alivio el régimen de operadores económicos autorizados, que otorgará ventajas aduaneras a quienes certifiquen buenas prácticas: "La facilitación del comercio deberá jugar un papel estratégico".
Para las pymes del Mercosur, el verdadero cuello de botella estará en la preparación previa. Martin es tajante: "El sistema europeo no corrige inconsistencias: simplemente impide el ingreso de productos que no se ajustan a sus requisitos. En consecuencia, el desafío no radica en acceder al mercado, sino en hacerlo sin errores desde el primer intento". Altamirano coincide en que la demanda europea exige proveedores confiables “y las pymes deberán enfrentar un proceso de profesionalización de sus estructuras si quieren competir de igual a igual”.
Finalmente, José Chediack, presidente de SolFrut, desde una postura más crítica por el impacto en las economías regionales, advierte sobre la desprotección y la falta de preparación si no se aplican "políticas compensatorias internas en materia fiscal, financiera y logística". Para él, las reglas actuales no aceleran inversiones, sino que generan "un escenario de incertidumbre, teniendo en cuenta que son inversiones a largo plazo".
De igual forma, la cámara empresaria CERA advierte que los beneficios no serán automáticos debido a las normativas ambientales que operan como barreras no arancelarias y a los mecanismos de salvaguardia bilaterales que la UE puede activar de manera exprés en apenas 21 días.