En un reflejo de la delicada situación económica de millones de hogares, el gobierno nacional salió a contener los aumentos de luz, gas y combustibles con nuevas medidas que incrementan los niveles de subsidios.

En vez de aplicar la baja del bloque subsidiado en electricidad a 150kWh al mes como estaba prevista para septiembre, se decidió elevar este tope a 200 kWh y así permitir una mayor cantidad de consumo a precios más bajos, a costa de un mayor gasto estatal.

En paralelo, también se incrementó el porcentaje de descuento que recibe cada usuario subsidiado. La idea original anunciada a principios de año era comenzar con un 75% que se iba a ir reduciendo mes a mes. No obstante, luego del estallido del conflicto en Medio Oriente, se dio marcha atrás y se mantuvo este techo de bonificación.

Esta prórroga se volvió a dar en septiembre en el plano eléctrico, mientras que en gas natural la bonificación apenas cayó medio punto porcentual al 74,5%. Así, el aumento promedio en las facturas de septiembre será de 1,75% en electricidad y 1,40% en gas natural, por debajo del 2,1% de inflación registrado en julio, último dato oficial disponible del INDEC.

“Con esta medida, el Gobierno Nacional refuerza su compromiso de proteger a los más vulnerables sin resignar el proceso de normalización tarifaria ni las metas fiscales”, comunicaron desde el Poder Ejecutivo a pesar de que los números oficiales muestran que el nivel de subsidios subió un 46% en dólares en lo que va del 2026.

En el caso del gas natural, la medida rige a nivel nacional, dado que la regulación es de alcance federal. En cambio, en el plano eléctrico aplica solamente en el AMBA, donde, sin esta medida, las tarifas hubieran subido un 7%. “Con esto que estamos haciendo, al 51% de los usuarios las tarifas les van a aumentar en promedio $2.000”, afirmó una fuente oficial a este medio.

El paquete de contención se completa con un congelamiento del impuesto a los combustibles líquidos, donde se decidió postergar la actualización de cada inicio de mes y se amplió la brecha respecto a lo que debería cobrarse si se cumpliera la ley.

En concreto, en los primeros ocho meses del año la pérdida de recaudación estimada por no actualizar este impuesto como correspondería totaliza los 1.229 millones de dólares.

Si bien en el comunicado de la Secretaría de Energía se indica que las medidas se justifican por “la actual suba internacional de los costos energéticos”, está claro que la realidad local también juega su partido.

Los últimos datos del reporte de tarifas y subsidios de la UBA y el CONICET (IIEP) muestran una trayectoria ascendente del peso de gastos energéticos sobre el salario. La canasta de servicios públicos de agosto fue de $289.622, es decir, un 14,5% del salario promedio en el AMBA y un 54% más alta que el mismo mes del 2025.