Desde abril de 2019, el sector energético fue devuelto a lo que el economista jefe del Instituto Argentino de la Energía (IAE), Alejandro Einstoss, define crudamente como "el facilismo tarifario", un sendero de incómoda salida que implica el congelamiento de los servicios públicos y en particular los precios de la energía, una decisión que afecta directamente el desempeño de la industria que solo percibe señales contrarias a cualquier lógica de inversión. 
 

"Esa intervención del mercado por parte del Estado, de manera discrecional fijando precios y cantidades, tiene la contracara del costo fiscal porque genera un desacople entre el precio que paga la demanda y el que recibe la oferta que se cubre con subsidios que el último año alcanzaron el equivalente a US$ 10.900 millones", explica el economista. 
 

Para tener una idea de la centralidad del problema para las cuentas públicas y en definitiva para la vida cotidiana de los argentinos, esa partida de subsidios que en 2021 superó $ 1 billón, con un incremento superior al 130% interanual, representa el 11% del gasto público y el 80% del déficit fiscal primario. Esto explica que una familia ?ya que los subsidios energéticos se concentran en el usuario residencial? pague menos del 25% de lo que cuesta generar la energía eléctrica o el 35% de la producción del gas natural que consume. El resto se cubre con subsidios. 
 

Pero, siguiendo a Einstoss, todo ese paquete de subsidios, lejos de favorecer a la industria energética, la pone en serios problemas, en particular cuando se habla de la producción de petróleo y gas no convencionales ?el único con capacidad de crecimiento de corto plazo? que demanda un flujo de inversión permanente que debe sobrellevar el alto costo de capital de la economía argentina con un riesgo país cercano a los 2.000 puntos, y que cuestiona la viabilidad de cualquier proyecto de inversión para un negocio que es capital intensivo. 
 

"Es crucial que la Argentina ordene, aunque sea parcialmente, su macroeconomía y reduzca la sobretasa que paga por riesgo país, y mientras eso no pase va a ser más difícil lograr avanzar en un negocio rentable que justifique un flujo importante de inversión como el que cada año requiere Vaca Muerta", explica. 
 

En un intento de salida de esta encrucijada de subsidios, Einstoss también advierte que la pretensión de la prometida segmentación tarifaria "va a tener fuertes dificultades para su implementación, alto riesgo de judicialización y escaso resultado de ahorro fiscal". 
 

Y sentencia: "Estamos perdiendo el tiempo, cuando lo que hay que aplicar es una amplia tarifa social focalizando la ayuda en quienes más lo necesitan y que la demanda solvente pague el costo de lo que vale la energía".