El congelamiento de combustibles acordado entre el Gobierno y las petroleras disparó un rechazo absoluto entre los estacioneros, quienes acaban de anunciar un paro de actividades escalonado para pedir por una recomposición de sus ingresos.

"Las cámaras y federaciones de todo el país nucleadas en CECHA manifestamos nuestro rechazo a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional por considerar que tornan inviables nuestro negocio y lo condena a la ruina", destacó la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines.

"El aumento aplicado a los combustibles fue menor que el porcentaje aplicado a la devaluación, por lo que el efecto resulta negativo para quienes apostamos por el sector", agregaron y alertaron por un posible cierre de estaciones de servicio por quebrantos.

Las medidas de fuerza empezarían en horarios nocturnos en todo el país, se paralizaría el proceso de revisiones paritarias en curso, se iniciarán procesos preventivos de crisis y se irán definiendo nuevas acciones conforme avance “la escalada de esta crisis”. 

“No cuestionamos que el Gobierno pueda adoptar las medidas de emergencia que crea necesarias para la economía del país, y en resguardo del bolsillo de los consumidores, pero las mismas deben ir acompañadas de medidas complementarias y urgentes, que mitiguen el efecto devastador que se está provocando a las estaciones de servicio", subrayaron.

La cámara sectorial pide modificar las comisiones por venta que reciben de las petroleras y hablan de un atraso de precios histórico. De hecho, este medio explicó que el precio del litro de nafta se encuentra en el menor nivel de los últimos 10 años.

Con un promedio de 0,7 centavos de dólar a tipo de cambio oficial, están lejos del rango habitual de entre un dólar y un dólar con veinte centavos donde siempre fluctuó el combustible argentino. 

Gran parte de eso se debe, además del atraso en el propio precio neto de la nafta, al congelamiento impositivo que hace que bajó la carga tributaria en unos 15 puntos porcentuales y le está generando al Estado una pérdida anual de 2.500 millones de dólares.