Después de años de aislamiento financiero y retrocesos en el acceso a los mercados internacionales, Argentina empieza a aparecer nuevamente en el radar de los grandes inversores globales. El disparador no es menor: la posibilidad de que el país recupere su estatus dentro de los índices de MSCI, una decisión que, de concretarse, podría marcar un antes y un después para el mercado accionario local.
De acuerdo con un análisis reciente de J.P. Morgan, el proceso de reformas encarado por el gobierno de Javier Milei desde fines de 2023 reconfiguró de manera sustancial la percepción externa sobre la Argentina. La eliminación de controles de capital, la liberalización del mercado cambiario, la unificación del tipo de cambio y la modernización de la infraestructura financiera son vistos como pasos clave para que el país deje atrás su condición de mercado “standalone” y vuelva a integrar el universo de mercados emergentes.
La reclasificación no sería solo un gesto simbólico. Según las estimaciones del banco, una eventual reincorporación de Argentina al MSCI Emerging Markets podría generar ingresos pasivos cercanos a los US$ 2.300 millones, provenientes exclusivamente de fondos indexados que replican esos benchmarks. En otras palabras, flujos automáticos que llegarían independientemente del humor del mercado, siempre que el cambio de categoría se concrete.
Claro que el camino no es tan simple: si bien la Argentina avanzó en reformas clave durante los últimos dos años, todavía siguen vigentes controles de capitales incompatibles con una recategorización a “emergente”, aunque sí podría mejorar la actual posición.
El impacto potencial se concentraría en un grupo reducido de acciones con peso suficiente para ingresar a los índices. Empresas como YPF, Grupo Financiero Galicia, Banco Macro, Vista Energy, Pampa Energía y Transportadora de Gas del Sur aparecen como las principales beneficiarias, tanto por liquidez como por capitalización bursátil. Para estas compañías, la mayor visibilidad internacional podría traducirse en más volumen, menor prima de riesgo y una base inversora más diversificada.
Sin embargo, el camino no está libre de obstáculos. MSCI sigue monitoreando de cerca ciertas restricciones que aún afectan a inversores institucionales extranjeros, además de la necesidad de mayor transparencia regulatoria y estabilidad institucional. En ese sentido, el calendario político también juega su rol: la continuidad de las reformas más allá de las elecciones presidenciales de 2027 será un factor determinante para que el proceso avance sin interrupciones.
La experiencia previa funciona como antecedente. Entre 2016 y 2018, el proceso de consulta y reclasificación llevó casi dos años desde su anuncio hasta su implementación efectiva. Si un esquema similar se repitiera, la ventana más temprana para una mejora de estatus se ubicaría entre 2027 y 2028, siempre que las condiciones de mercado y el marco normativo acompañen.
Mientras tanto, el mercado parece empezar a descontar parte de ese escenario. Las valuaciones siguen siendo bajas en términos históricos: el índice Merval opera alrededor de 9,5 veces ganancias, muy por debajo de los niveles observados en otros períodos de normalización financiera. Para los analistas, ese diferencial refleja tanto el riesgo pendiente como el potencial de convergencia si la agenda económica logra sostenerse.
Más allá de los tiempos formales de MSCI, el mensaje de fondo es claro: Argentina volvió a estar en discusión dentro de los grandes centros financieros. Y en un mercado acostumbrado a moverse por expectativas, esa sola señal ya empieza a reordenar apuestas, portafolios y miradas de largo plazo.