El Gobierno enviará en las próximas horas al Congreso un proyecto para modificar la llamada “ley de inocencia fiscal”, una normativa que desde su aprobación generó tanto expectativas como críticas en torno a su capacidad de atraer los dólares que los argentinos mantienen “en el colchón”. La La iniciativa, impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, busca flexibilizar algunos de los aspectos rígidos del régimen vigente para otorgar mayores garantías a los contribuyentes que decidan adherirse. En palabras del propio ministro, se trata de un proyecto “clave para consolidar la disciplina fiscal y monetaria y transformar el ahorro informal en inversión productiva”. 

En una conferencia de prensa en la que presentó las modificaciones, Caputo afirmó que “el espíritu de la ley no cambia absolutamente en nada. el objetivo sigue siendo permitirle a la gente que en el pasado se vio forzada a informalizar sus ahorros, porque estaba prohibido el acceso libre a la compra de dólares e incluso penado, que esos ahorros puedan ser formalizados en el sistema bancario sin ninguna penalidad”.

El proyecto con las modificaciones se arrastra desde hace más de dos meses, cuando se topó con una traba concreta para la discusión legislativa en el marco de la crisis política por el ex Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien se adhirió el régimen en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ílicto. 

La ley actual establece que quienes se sumen al régimen deben presentar una declaración jurada que se presume exacta y que tiene efecto liberatorio sobre períodos fiscales pasados. Sin embargo, si la autoridad de control detecta inconsistencias superiores al 15% del impuesto o diferencias mayores a los 100 millones de pesos, el contribuyente puede ser excluido automáticamente. Esa cláusula, pensada para evitar abusos, terminó generando un efecto contrario: muchos potenciales adherentes desistieron por temor a quedar fuera del beneficio ante cualquier error significativo. El proyecto que hoy se presenta busca modificar ese punto central, permitiendo que los contribuyentes puedan rectificar su declaración y pagar la diferencia sin perder la cobertura del régimen. El ministro Caputo lo definió como “un paso indispensable para dar previsibilidad y confianza a quienes quieren regularizar su situación”.

Otro aspecto relevante de la iniciativa es la extensión de los plazos de adhesión. El régimen vigente vencía a fines de junio, pero el Ejecutivo ya había prorrogado hasta julio el período de inscripción. Ahora, el proyecto contempla una nueva ampliación, con el objetivo de dar más tiempo a los contribuyentes y, sobre todo, enviar una señal de continuidad y estabilidad. En el equipo económico sostienen que la medida es fundamental para que los dólares que hoy permanecen fuera del sistema —los llamados “del colchón”— puedan ingresar al circuito financiero y canalizarse hacia proyectos productivos. “La disciplina fiscal y monetaria está dando resultados, y este proyecto es parte de esa estrategia”, insistió Caputo en conferencia de prensa, reforzando la idea de que la norma se integra a un plan más amplio de ordenamiento macroeconómico.

El proyecto también apunta a reducir las facultades de exclusión automática por parte de la autoridad de control. En la práctica, esto significa que los contribuyentes tendrán más margen para regularizar su situación sin perder los beneficios del régimen. El Gobierno argumenta que se trata de una medida de equidad, ya que evita que errores formales o diferencias corregibles terminen castigando a quienes tienen voluntad de cumplir. Los críticos, sin embargo, advierten que la reforma puede ser vista como un premio a los evasores y que genera un trato desigual frente a quienes siempre cumplieron con sus obligaciones. El oficialismo responde que la prioridad es ampliar la base tributaria y formalizar capitales que hoy no aportan al crecimiento.

La apuesta del ministro de Economía es clara: lograr que el ahorro informal, los dólares de los argentinos bajo el colchón, se convierta en inversión. En su visión, la credibilidad del sistema es el activo más escaso y, por eso, la reforma busca reforzar la seguridad jurídica. El proyecto se presenta como una pieza clave dentro de la estrategia oficial para alcanzar el superávit fiscal sin aumentar la presión tributaria, confiando en que la mayor actividad y la formalización de capitales generen nuevos ingresos. En ese sentido, Caputo lo considera un instrumento central para sostener el programa económico en el mediano plazo.

La discusión en el Congreso promete ser intensa. La oposición ya anticipó reparos, señalando que la norma puede favorecer a quienes ocultaron fondos y desalentar a los cumplidores. El Gobierno, en cambio, apuesta a que la necesidad de estabilizar la economía y atraer inversiones prevalezca sobre las críticas. En definitiva, el proyecto de modificación de la ley de inocencia fiscal se presenta como una apuesta fuerte del Ejecutivo para consolidar la disciplina fiscal y monetaria, ampliar la base de contribuyentes y transformar el ahorro en inversión productiva.