Este lunes se concretó la primera audiencia pública para la recomposición de tarifas energéticas y el Gobierno dio los lineamientos iniciales de cómo será el nuevo esquema de subsidios.

En su debut frente a las cámaras como funcionario público, el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, anunció tres aumentos consecutivos en febrero, marzo y abril para recomponer el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) y que la mayoría de usuarios pague el precio pleno.

Si bien desde el Ejecutivo informaron que la adecuación sería del 33% en cada mes, el porcentaje no refleja en incremento real, sino solamente la división de la suba en tres partes. Como según Chirillo el promedio de los usuarios paga 0,7 dólares el millón de BTU en la actualidad y el costo total llega a 4 dólares, el aumento alcanzaría el 470%.

Esto equivale en promedio a unos 16.000 pesos más por mes, ya que el gas representa prácticamente la mitad del precio de una factura de gas en la actualidad en la zona del AMBA.

Fuentes del Enargas indicaron a Forbes que el ajuste correrá para todas las categorías y que recién la tercera suba podría evitarse para aquellos usuarios que cumplan las condiciones para recibir ayudas del Estado.

Esto marca que el alza será mucho mayor en los usuarios de medios (N3) y bajos ingresos (N2) que parten de un piso más bajo en la cobertura del servicio, con la salvedad de los que entren en el nuevo esquema de subsidios que ya se aclaró que no serán todos los N2 porque existe una “superposición de beneficios”.

El mismo empezará a regir en abril y se basará en una canasta energética que sume el gas y la electricidad. Se determinará una cantidad máxima de kw/h de luz y m3 de gas a subsidiar para cubrir las necesidades básicas y variará en función de las temperaturas promedio de distintas zonas geográficas del país.

“El subsidio que otorgará el Estado será cuando el precio de la canasta básica energética supera un porcentaje determinado de los ingresos totales del grupo conviviente”, indicó el comunicado de la Secretaría.

Ese porcentaje todavía no fue definido, pero en el sector se especula en que ronde el 5%, que fue la medida en relación a la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores (RIPTE) a la cual se llegó en 2019 cuando Macri logró reducir drásticamente los gastos en este componente. Cabe destacar que la literatura internacional cataloga como “pobres energéticos” a aquellos que gastan más de un 10% de sus ingresos en el pago de facturas de gas y electricidad.

Además del precio del gas, la audiencia pública recibió propuestas de las distribuidoras y transportistas para actualizar el Valor Agregado de Distribución (VAD). Los pedidos rondaron entre el 400% y el 700% según la firma y falta saber si el Gobierno los convalidará en su totalidad o en una parte.

De concretarse los deseos de las compañías, la tarifa promedio de un usuario N1 de la categoría R23 que tiene un consumo de 79 m3 al mes se iría de unos $5.700 pesos a unos $30.000 pesos, un 426%.

De todos modos, el impacto cambiaría según el nivel de ingreso y la categoría de consumo. De acuerdo a un informe de la consultora Economía & Energía, el incremento en ingresos altos sería del 316%, en ingresos bajos del 494% y en ingresos medios del 481%. No obstante, dicho reporte consideró parámetros de aumentos algo más acotados a los presentados esta jornada, por lo que podría quedarse corto dependiendo del número final que decida el Ejecutivo.