El resultado de la elección bonaerense del 7 de septiembre tiene consecuencias políticas nacionales con alcances todavía imprecisos. Por lo general, este tipo de elecciones tuvieron efectos muy negativos para los oficialismos nacionales, sobre todo desde los años 60 del siglo pasado. Perder la provincia de Buenos Aires por lo general anticipaba una derrota o crisis nacional, aunque ello no sucediera en determinados momentos (como las derrotas del kirchnerismo en 2009, 2013 y 2017). 

Desde el punto de vista institucional, los cambios no son relevantes. El peronismo obtuvo la mayoría en el Senado provincial que antes no tenía, pero no el control de la Cámara de Diputados bonaerense. Desde el punto de vista sociopolítico, el resultado ha tenido fuertes consecuencias. El peronismo, al imponerse por trece puntos sobre La Libertad Avanza, confirmó que mantiene la adhesión del voto popular. 

Asimismo, el Gran Buenos Aires sigue siendo el bastión del voto del peronismo. La concurrencia a votar, que estuvo levemente por encima del 60%, fue la más baja en décadas y ello confirma las reservas que subsisten en el conjunto del electorado respecto al sistema político. Pero ello no cambia su adhesión al peronismo. Claramente, el cambio de sistema de partidos políticos que mostraba el surgimiento de La Libertad Avanza tras ochenta años de predominio peronista no se ha dado. 

La política argentina sigue dividida en dos ejes, uno articulado por el peronismo y otro por el no peronismo, aunque cambie su denominación con frecuencia. En el largo plazo, la Argentina se confirma dividida entre un voto popular peronista y uno de clase media y alta no peronista o antiperonista.

Pero en forma inmediata, el Ejecutivo enfrenta un escenario difícil para la gobernabilidad no solo hasta diciembre de 2025, sino hasta el final del mandato de Milei, en 2027. En realidad, el presidente se preparaba para gobernar los dos próximos años con dos instrumentos: el veto a las leyes del Congreso y los DNU. En ambos casos apuntaba a reducir o incluso anular el poder del Legislativo frente al Ejecutivo. Esto ahora se hará más difícil. Tener un tercio incondicional en la Cámara Baja puede costar más de lo esperado. Las pequeñas escisiones evidenciadas en el bloque de Diputados de La Libertad Avanza y el PRO pueden estar anticipando este escenario. 

Cabe señalar que el 4 de septiembre el Senado dio media sanción a un proyecto que limita el uso de los DNU. Concretamente, para su validez se requerirá la aprobación de ambas Cámaras y tendrán un plazo de vigencia máximo de noventa días corridos si no obtiene esta aprobación. Hoy el régimen legal vigente, establecido por la entonces presidente Cristina Kirchner, hace necesaria la aprobación de una sola Cámara. La iniciativa ha sido impulsada por los gobernadores, quienes quizás previendo una derrota de Milei en la provincia de Buenos Aires, iniciaron una operación política para obligarlo a negociar y compartir el poder. 

Otras tres reformas que impulsa el proyecto parecen planteadas directamente a limitar a Milei. La primera es la que impide al Poder Ejecutivo emitir "decretos ómnibus", como el 70/23. La segunda también va dirigida a dicho megadecreto (que la Corte Suprema aún no revisó) y autoriza al Congreso a sesionar durante el receso de verano para tratar un DNU, aun cuando el Poder Ejecutivo no haya habilitado las sesiones extraordinarias.

La última establece que el presidente no podrá emitir un decreto de las mismas características y sobre la misma materia en el siguiente periodo parlamentario. Esta norma regiría también para los proyectos de ley.

Paralelamente, antes de la derrota del oficialismo nacional en la provincia de Buenos Aires, la oposición en Diputados comenzó a preparar movimientos para evitar una nueva prórroga del Presupuesto. Un tercer año sin él ampliaría el margen de maniobra de la administración nacional. El plan en marcha tiene un primer hecho cuando a mediados de septiembre venza la fecha límite para que el proyecto de Presupuesto sea enviado al Congreso. Luego, hasta fin de año, se puede discutir y aprobar el proyecto que establezca los ingresos y los gastos en 2026, antes del próximo ejercicio. 

La idea, planteada dentro de un sector del bloque kirchnerista, se basa en que la oposición en Diputados ya pudo mostrar una mayoría frágil que podría incrementarse si el reclamo es acompañado por la mayoría de los gobernadores. Los mandatarios provinciales dieron un primer paso con la sanción de la ley que ordena el reparto diario y automático del fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). 

Además, tienen en Diputados el proyecto de coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos. Todo va mostrando que la gobernabilidad que necesita Milei ahora la puede obtener negociando con los gobernadores, los que en última instancia tienen el control, o por lo menos una fuerte influencia, sobre los legisladores. La creación de un grupo de gobernadores no alineados ni con la Casa Rosada ni con la gobernación de La Plata, va creciendo y ya tendría siete mandatarios provinciales.

Pero la tensión económica y los audios que vinculan al Gobierno con causas de corrupción son dos temas críticos que el oficialismo deberá contener en el plazo que resta hasta la elección nacional de octubre. El rápido respaldo al programa monetario y cambiario realizado en persona por el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, por redes sociales, no es seguro que sea suficiente para calmar a los mercados. La relación de fuerzas del Ejecutivo con el Legislativo ha cambiado políticamente a favor del último. Para recuperar la gobernabilidad, se debería lograr un acuerdo entre la Casa Rosada y los gobernadores, que hoy parece lejos. 

Es que para el presidente la negociación es un síntoma de debilidad. Su decisión de "judicializar" el rechazo al veto del proyecto de discapacidad por parte del Congreso, es lo primero que pondrá a prueba la actitud de Milei para negociar. Pero el punto crucial quizás sea su personalidad, que se articula políticamente alrededor de un liderazgo fuerte y único. En cuanto a la vinculación con casos de corrupción, probablemente siga desgastando al Gobierno, pero en un contexto en el cual las luchas internas se agudizarán. Siempre es mucho más fácil mantener cohesionado un Gobierno cuando las cosas andan bien que cuando se enfrenta una crisis grave. 

En conclusión: El resultado de la elección bonaerense del 7 de septiembre ha generado una derrota del oficialismo nacional, cuyas consecuencias son todavía imprevisibles; Se confirma que el voto del peronismo en los sectores vulnerables de la sociedad sigue vigente y que el no peronismo, hoy representado por Milei, es el otro eje; El Congreso se encontraba, antes de la derrota electoral del oficialismo, en una ofensiva para impedir que este logre seguir gobernando mediante decretos y prórroga del Presupuesto, lo que ahora se intensificará; Calmar los mercados y manejar las secuelas de los audios vinculados a causas de corrupción son los desafíos que Milei tiene que controlar de acá a la elección nacional del 26 de octubre.