“Están dadas las condiciones y se vienen generando consensos colectivos hacia una huelga nacional”, afirmó Cristian Jerónimo, del Sindicato del Vidrio, que comparte la conducción de la CGT con Jorge Sola (Seguros) y Octavio Argüello (Camioneros). Según el dirigente, “la CGT agrupa a cientos de organizaciones sindicales y las definiciones estratégicas se adoptan en su órgano colegiado”, y remarcó que “la resolución final del conflicto trasciende el ámbito gremial, dado que la aprobación o rechazo del proyecto depende de decisiones políticas institucionales”.

Un paro sin calle, pero con transporte como arma principal

La cúpula cegetista resolvió que la medida será “sin movilización”, un dato que no es menor después de la protesta frente al Congreso durante el debate en el Senado, que terminó desdibujada por incidentes entre fuerzas de seguridad y columnas de izquierda. Puertas adentro, reconocen que “no está dado el clima social, pese a las consecuencias que la reforma laboral vaya a ocasionar en la vida de la gente” y que el debate sobre cambios en las reglas del empleo “hay que darlo, pero no como quiere el Gobierno”.

Para compensar la ausencia de marchas masivas, la apuesta pasa por inmovilizar el país a través del transporte. En la CGT dan por hecho que este paro tendrá “la adhesión total de los gremios del transporte”, con un protagonismo clave de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el sindicato de los colectiveros. “Seguimos siendo un gremio confederado, con lo cual si la CGT decreta una medida de fuerza vamos a adherir como corresponde”, señalaron desde el sindicato que conduce Roberto Fernández, aunque otra voz sindical advirtió con cautela: “Hay que esperar, son jabonosos”.

La experiencia reciente pesa. El 10 de abril de 2025, la CGT también llamó a un paro general, pero la UTA estaba bajo conciliación obligatoria y no se adhirió: hubo colectivos, el impacto fue menor y desde la Casa Rosada calificaron la medida como un “fracaso total”. Esta vez, en Azopardo presionan para que no haya circulación de transporte público: la definición de la UTA será el termómetro real del alcance del paro.

El resto del mapa del transporte ya se alinea con la huelga: se sumarán la Unión Ferroviaria, encabezada por Sergio Sasia; La Fraternidad, que agrupa a los maquinistas y cuyo líder, Omar Maturano, ya había votado ir a la huelga incluso antes del debate en el Senado; y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que lidera Juan Carlos Schmid y que reúne a camioneros, pilotos, aeronavegantes, marítimos, fluviales, personal del subte y otros rubros estratégicos.

Reforma laboral, licencias médicas y la “mafia de certificados truchos”

El paro se montará sobre el momento más sensible de la reforma laboral: su paso por Diputados, donde el oficialismo busca un tratamiento exprés, pero enfrenta tensiones con parte de sus aliados. Uno de los puntos más controvertidos es el régimen de licencias por enfermedad y el impacto sobre las remuneraciones de los trabajadores que se ausenten.

La presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, salió a despejar el ruido y adelantó que el Gobierno introducirá cambios acotados al artículo sobre licencias médicas. Según la senadora, las modificaciones estarán dirigidas a enfermedades “severas, degenerativas” y “fehacientemente comprobables”, con el objetivo de que esos trabajadores “mantengan el cobro íntegro de sus haberes”. Al justificar el endurecimiento de controles, Bullrich fue tajante: “Existe una mafia de certificados truchos y hay que terminar con eso”.

El oficialismo trabaja contra reloj para decidir si esos cambios se incorporan en el texto de la ley o luego, por vía reglamentaria. La presión por acelerar el dictamen convive, así, con la necesidad de mostrar que el ajuste en licencias no recae sobre casos graves, al tiempo que el Gobierno insiste en que busca reducir un ausentismo que, según sus argumentos, se ve inflado por prácticas fraudulentas.

Tensiones internas: el “perro que no muerde” y la competencia sindical

La decisión de ir a un paro sin movilización también funciona como válvula de escape para las tensiones internas del universo sindical. Desde la sede de la UOM en Alsina, el Frente de Sindicatos Unidos —integrado por metalúrgicos, ATE, Aceiteros, gremios aeronáuticos y con apoyo de las dos CTA— ya había lanzado su propio plan: paro con movilización al Congreso el día que Diputados trate la reforma. En esa constelación orbita Pablo Moyano, distanciado del actual triunvirato de la CGT.

Los dardos más filosos llegaron desde los Aceiteros. Su secretario general, Daniel Yofra, cuestionó la falta de contundencia de la central obrera con una metáfora que dolió en Azopardo: “¿Sabés por qué no llaman a la CGT al diálogo? Porque no hacen huelga, para qué la van a llamar. Si está ahí, es como el perro que no muerde. Le pasás por al lado y no te tira el tarascón, eso es lo que pasa con la CGT”. Para Yofra, “el paro es una herramienta fundamental, somos producto de los paros y de las huelgas”, y las protestas “no alcanzan solo con manifestarse en las calles”.

En ese contexto, el nuevo paro general busca, al mismo tiempo, marcarle la cancha al Gobierno y recuperar autoridad frente a los sectores que acusan a la CGT de tibieza. La central recuerda que no se trata de una reacción tardía: la secuencia de ofensivas arrancó el 24 de enero de 2024, apenas seis semanas después de la asunción de Milei, con una primera huelga contra el DNU 70/23; siguió con el paro del 9 de mayo de 2024, en pleno debate de la Ley Bases; y tuvo un tercer capítulo el 10 de abril de 2025, “la de menor impacto”, según se reconoce en voz baja.

Un pulso político que trasciende al gremialismo

El cuarto paro general en dos años de gestión libertaria se vuelve así un capítulo más de una disputa que excede lo salarial y se concentra en quién define las reglas del mercado de trabajo. Para la CGT, la reforma propuesta por el Gobierno implica un cambio estructural que “hay que discutir, pero no bajo las condiciones y los tiempos que fija el oficialismo”. Para la Casa Rosada, en cambio, el rediseño es condición necesaria para bajar costos, reducir litigiosidad y modernizar un esquema que considera anacrónico.

En el medio queda una foto que, esta vez, el sindicalismo quiere evitar: colectivos llenos cruzando el Área Metropolitana mientras rige un paro general. Si la UTA detiene finalmente los servicios, la postal será la contraria: estaciones vacías, calles más desiertas y un mensaje claro para la política y el mercado laboral. Si no lo hace, el ruido interno volverá a crecer y la definición de Yofra sobre la CGT como “perro que no muerde” seguirá flotando incómoda sobre la cúpula de Azopardo.