La Argentina completó este martes su primera exposición ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), en Hamburgo, Alemania, en el marco de las audiencias por su solicitud de medidas provisionales contra el Reino Unido. El objetivo es impedir que Londres avance con la explotación de hidrocarburos en el área marítima de las Islas Malvinas, cuya soberanía se encuentra en disputa entre ambos países.

Durante la presentación, la delegación argentina sostuvo que la extracción de recursos no renovables podría provocar daños irreversibles y generar consecuencias ambientales antes de que se resuelva el arbitraje internacional.

Datos clave

• Un proyecto petrolero de 35 años. El eje de la controversia es Sea Lion, un desarrollo que contempla 23 pozos de producción y nuevas etapas de explotación de hidrocarburos en el área de las Islas Malvinas.
• La Argentina sostiene que el Reino Unido no puede disponer unilateralmente de recursos naturales de un territorio cuya soberanía permanece en disputa y cuyo proceso de descolonización continúa pendiente ante las Naciones Unidas.
• La presentación argentina recordó que, desde 1965, Naciones Unidas reconoce la existencia de la controversia y exhorta a ambos países a resolverla mediante negociaciones pacíficas. En particular, la Resolución 31/49 de la Asamblea General insta a evitar decisiones unilaterales que modifiquen la situación mientras se desarrolla el proceso recomendado por el organismo.
• La delegación advirtió que la extracción de petróleo constituye una actividad que no puede revertirse mediante una sentencia posterior. "Lo que está en juego no puede ser restituido. Los hidrocarburos son recursos no renovables y su extracción es definitiva", afirmó Mario Oyarzábal, consejero legal de la Cancillería y agente argentino ante el Tribunal.
• Según la exposición argentina, el plan de contingencia de una de las compañías involucradas contempla la posibilidad de que un derrame petrolero alcance aguas argentinas no disputadas en un plazo de 30 días. En ese escenario, el país podría verse obligado a coordinar la respuesta y afrontar las consecuencias de una actividad que no autorizó.

Quiénes representan a la Argentina

La delegación argentina está encabezada por un equipo jurídico integrado por María Ibarzábal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia; Mario Oyarzábal, consejero legal de la Cancillería y agente ante el Tribunal; y la embajadora argentina en Alemania, Betina Pasquali de Fonseca. La defensa jurídica está a cargo de los especialistas en derecho internacional Marcelo Kohen y Nico Schrijver, acompañados por el asesor Agustín Giustiniani.

Durante la audiencia, Oyarzábal presentó los antecedentes de la controversia y los derechos que la Argentina considera comprometidos. Kohen desarrolló los fundamentos jurídicos del reclamo y la competencia prima facie del tribunal arbitral, mientras que Schrijver abordó la urgencia de la intervención, el riesgo de daño irreparable y las posibles consecuencias para el medio marino.

Por qué importa

La controversia trasciende el reclamo histórico de soberanía sobre las Islas Malvinas y alcanza una dimensión económica y energética de largo plazo. El proyecto Sea Lion contempla la explotación de recursos petroleros durante más de tres décadas. Para la Argentina, permitir que esas operaciones avancen mientras continúa pendiente la resolución de la disputa territorial podría consolidar una situación imposible de revertir.

El planteo jurídico busca evitar que una eventual decisión arbitral llegue cuando los recursos naturales ya hayan sido extraídos. Además, el Gobierno argentino sostiene que existe una contradicción entre la negativa británica a reanudar las negociaciones sobre soberanía y su decisión de continuar autorizando actividades económicas sobre recursos del territorio en disputa. 

Qué viene

Mañana, miércoles 11, se desarrollará la segunda y última jornada, con nuevas intervenciones de ambas delegaciones. La decisión del Tribunal sobre las medidas provisionales será determinante para establecer si corresponde ordenar restricciones urgentes mientras avanza el arbitraje internacional.

El resultado podría tener consecuencias sobre el desarrollo del proyecto Sea Lion y sobre las condiciones jurídicas en las que se proyectan nuevas inversiones petroleras en el Atlántico Sur.