En un escenario de fuertes movilizaciones en todo el país, el oficialismo logró un avance legislativo al obtener la aprobación de la reforma laboral en la Cámara baja. Con un resultado de 135 votos a favor frente a 115 rechazos, la iniciativa contó con el respaldo de La Libertad Avanza y bloques aliados como la UCR, el PRO y el MID, mientras que el rechazo fue encabezado por Unión por la Patria y el Frente de Izquierda. 

El texto que ahora será analizado por el Senado conservó la estructura aprobada previamente, aunque con la notable eliminación del artículo 44, el cual proponía una reducción salarial para trabajadores con enfermedades o accidentes ajenos al ámbito laboral.

Uno de los ejes centrales de esta normativa radica en la reconfiguración de las relaciones colectivas. El proyecto establece que los convenios por empresa tendrán prioridad sobre los de alcance mayor, lo que diluye el peso de las cúpulas sindicales en la negociación, consignó la agencia Noticias Argentinas. 

A esto se suma el fin de la ultraactividad plena: al vencer un acuerdo, solo las condiciones de trabajo permanecerán vigentes, dejando sin efecto el resto de las cláusulas hasta que se logre un nuevo consenso. Asimismo, la actividad gremial enfrentará nuevas restricciones, como un tope del 2% en las cuotas solidarias y la necesidad de autorización patronal para realizar asambleas en los establecimientos.

En materia de despidos y beneficios, la reforma introduce el Fondo de Asistencia Laboral, un sistema financiado por aportes mensuales de las empresas (1% para grandes y 2,5% para pymes) destinado a cubrir las indemnizaciones. 

Si bien se mantiene el cálculo de un mes de sueldo por año de servicio, la base de cómputo excluirá conceptos no mensuales como el aguinaldo o premios. Paralelamente, se habilita la creación de un "banco de horas" para compensar jornadas y se formaliza la posibilidad de abonar salarios en moneda extranjera, otorgando una flexibilidad inédita al régimen de contrato de trabajo actual.

Por otro lado, la normativa impacta en la justicia especializada al proponer el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires y establece nuevos requisitos de validez para los certificados médicos, permitiendo juntas médicas en caso de discrepancias.

El derecho a huelga también experimenta cambios significativos mediante la clasificación de sectores como “servicios esenciales”, obligando a garantizar guardias mínimas de entre el 50% y el 75%. También se tipifican los bloqueos como infracciones graves y se limita la tutela sindical, reduciendo el crédito horario de los delegados a 10 horas mensuales.

Finalmente, el proyecto contempla la creación del RIMI (Régimen de Inversiones para pymes) y ofrece incentivos para la contratación de nuevo personal. No obstante, incluye puntos polémicos como la derogación de la Ley de Teletrabajo y de estatutos profesionales —incluido el del Periodista— en el plazo de un año. También se toca el financiamiento de la cultura, postergando hasta 2028 la quita de fondos específicos del INCAA.

El objetivo del oficialismo es emitir dictamen de inmediato para llevar la discusión al recinto el 27 de febrero, buscando convertir la reforma en ley antes de la apertura de sesiones ordinarias por parte del presidente Javier Milei.