La crisis del sistema de control aéreo estadounidense pasó de los aeropuertos al Congreso. Mientras las aerolíneas intentan recomponer sus operaciones después de la suspensión nacional de despegues del viernes 13 de noviembre, el secretario de Transporte, Sean Duffy, reclamó U$S 50.000 millones para modernizar la infraestructura y apuntó contra L3Harris, el contratista involucrado en la actualización tecnológica que precedió a la falla. Todavía no está establecido si hubo un error de instalación o un equipo defectuoso.
El nuevo pedido supera en U$S 20.000 millones los U$S 30.000 millones que Duffy venía solicitando desde hacía meses, sin conseguir el respaldo del Congreso. "Vamos a tener un gran regalo de Navidad de fin de año para el pueblo estadounidense", aseguró el sábado, en una conferencia de prensa afectada por problemas de audio. "Vamos a conseguir una buena suma de dinero".
La urgencia tiene una dimensión operativa inmediata. Según la consultora especializada Cirium, citada por The New York Times en el material difundido sobre la interrupción, más de 8.200 vuelos fueron cancelados el viernes por la noche y al menos otros 3.000 el sábado. El levantamiento de la restricción no eliminó los efectos acumulados: las compañías continuaban reorganizando sus operaciones durante el fin de semana.
Una actualización bajo investigación
El problema se produjo durante tareas para reemplazar conexiones de cobre por fibra óptica en una ubicación remota. L3Harris lleva meses trabajando en esa transición, que alcanza a decenas de instalaciones.
La infraestructura de telecomunicaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA), conocida como FTI, conecta instalaciones esenciales del control aéreo. Por esa red circulan comunicaciones de voz, datos operativos e información meteorológica que también se transmite a los pilotos. Su funcionamiento resulta indispensable para gestionar el tránsito de aeronaves.
"Lo que estamos tratando de determinar es si hubo incompetencia; es decir, ¿fue un error del usuario o de instalación por parte de L3Harris? ¿O instalaron un router defectuoso?", planteó Duffy.
La empresa no respondió directamente a esa acusación. En un comunicado citado por la revista POLITICO, sostuvo: "Estamos apoyando a la FAA en su investigación para comprender las condiciones que llevaron a la suspensión de despegues del 13 de noviembre en nuestro sistema de transporte aéreo". Agregó que "toma en serio la suspensión nacional de despegues y su impacto en los viajeros, las aerolíneas y las operaciones de tráfico aéreo".
Duffy explicó que durante la actualización se registraron más de 1.000 intentos de conexión cada pocos segundos, que saturaron otros routers. Rebecca Guy, directora interina de Tecnología de la FAA, precisó que habían detectado dos puntos que generaban mil conexiones cada cuatro o cinco segundos.
Un memorando interno de la agencia describió una "saturación de datos": dos servidores que funcionaban incorrectamente hicieron que los equipos de comunicaciones se sobrecargaran y distribuyeran información inexacta. Es una evaluación preliminar, no una conclusión definitiva sobre la causa.
"El sistema comenzó a mostrar cierta inestabilidad y, durante unos 45 minutos, no pudimos determinar la causa", explicó el administrador de la FAA, Bryan Bedford. Cerca de las 15.45 del viernes, la agencia suspendió los despegues para reducir la presión sobre la red. La medida duró casi cinco horas.
Tres partidas distintas y una discusión presupuestaria
El reclamo de U$S 50.000 millones no debe confundirse con los recursos ya aprobados. Los republicanos asignaron U$S 12.500 millones el año pasado para iniciar la modernización del sistema. Por otra parte, Peraton obtuvo un contrato de U$S 1.500 millones para supervisar ese proyecto. Bedford separó expresamente esas obras del incidente.
"Esto es trabajo habitual, propio de la operación cotidiana. No forma parte del esfuerzo de modernización de U$S 12.500 millones de Peraton y la FAA", afirmó. También descartó que Peraton fuera responsable del episodio.
La FAA diferenció además la falla de su nueva herramienta de gestión del tráfico basada en inteligencia artificial, desplegada esa semana en los 22 centros de control aéreo en ruta. Esas instalaciones guían aeronaves entre aeropuertos y mantienen la separación segura durante los tramos de media y gran altitud.
Duffy reconoció, sin embargo, la dependencia del proveedor actual: "Hasta que pueda construir eso, sigo dependiendo de L3Harris, que es dueña de esta red". La compañía, entonces conocida como Harris Corp., obtuvo el contrato en 2002. El sistema ya había quedado bajo escrutinio público en 2025, cuando Elon Musk lo criticó en X y promovió las capacidades de Starlink, aunque sin proponer explícitamente sustituir uno por otro.
El costo político de la interrupción
La paralización se suma a incidentes recientes en Newark, Filadelfia y Raleigh. Duffy prevé reunirse con legisladores la próxima semana para defender el financiamiento, pero enfrenta resistencia.
"No he visto todavía un camino para otros U$S 30.000 millones", dijo a POLITICO el demócrata Rick Larsen, quien se perfila para presidir el Comité de Transporte e Infraestructura de la Cámara de Representantes el próximo año.
Los republicanos del Comité de Comercio del Senado, encabezado por Ted Cruz, sostuvieron que el episodio "pone de relieve la necesidad de priorizar la modernización" de los centros de control aéreo en ruta. El republicano por Missouri Eric Schmitt, impulsor de una iniciativa por U$S 30.000 millones, afirmó que la suspensión "debería ser una llamada de atención".
La oposición endureció el tono. Hakeem Jeffries describió lo ocurrido como parte de una serie de "incidentes inaceptables en el transporte aéreo". La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, pidió directamente la salida del secretario: "Sean Duffy debe renunciar, o el presidente Trump debe destituirlo de inmediato".
El debate ya no gira únicamente alrededor de cuánto invertir. También exige esclarecer las responsabilidades del contratista, revisar los procedimientos de actualización —incluida la decisión de trabajar a las 15 de un viernes— y garantizar que la modernización no interrumpa el servicio que busca proteger. Con la investigación abierta y los fondos todavía en discusión, la recuperación operativa es apenas el primer desafío.
Fuente: The New York Times, Secretaría de Transporte de EE.UU., FAA, Politico
