La Secretaría de Comercio Interior las acusa de ejecutar una "práctica concertada" para fijar el precio del insumo y afectar, así, el "interés económico general".
Es por una deuda de 1300 millones de dólares. En un comunicado, Molino Cañuelas aseguró: "Acciones judiciales promovidas por una minoría de entidades financieras forzaron a la Empresa a solicitar, conjuntamente con la firma Compañía Argentina de Granos S.A. (CAGSA), la apertura de su Concurso Preventivo de Acreedores".
