El intento del municipio bonaerense de Olavarría de crear una nueva tasa para los parques eólicos reavivó un viejo debate dentro del sector renovable: hasta dónde pueden avanzar los municipios con gravámenes sobre proyectos energéticos. 

Mientras la mayoría de las empresas advierte que la iniciativa amenaza nuevas inversiones y cuestiona su legalidad, otras consideran que un esquema acordado con los gobiernos locales puede ser razonable si existe previsibilidad.

La polémica surgió luego de que el intendente peronista de Olavarría, Maximiliano Wesner, enviara al Concejo Deliberante un proyecto para crear una tasa de Seguridad e Higiene específica para los parques eólicos. Que, al no tener una contraprestación, las empresas aseguran que es “inconstitucional” y la califican como una especie de “impuesto al viento”.

La iniciativa establece un pago anual de unos US$ 5.200 por cada aerogenerador instalado y llega en un momento particularmente sensible para el sector: la estabilidad fiscal que garantizaba la Ley 27.191 venció el 31 de diciembre de 2025 y el proyecto para extender ese beneficio aún no fue aprobado por el Congreso.

Una de las compañías consultadas por Forbes sostuvo que "la municipalidad carece de facultades, recursos y competencias técnicas para prestar el servicio que justificaría el cobro de una tasa de Inspección, Seguridad e Higiene, ya que la actividad de generación eléctrica se encuentra regulada y fiscalizada por organismos nacionales competentes", indicaron.

"Los parques eólicos operan con factores de capacidad que, en promedio, rondan entre el 45% y el 50%, debido a la variabilidad natural del viento. La generación efectiva es significativamente inferior a la potencia instalada, por lo que cualquier incremento en la carga tributaria impacta de manera directa sobre la viabilidad económica de los proyectos", agregaron.

El antecedente más cercano es el de Puerto Madryn, donde las generadoras renovables acudieron a la Justicia y lograron un fallo a favor que actualmente les evita este pago.

No obstante, muchos otros municipios a lo largo del país suelen cobrar tasas de este tipo, por lo cual, varias empresas se muestran dispuestas a negociar siempre que el canon sea razonable.

El primer intento de Olavarría, una zona que acapara el interés de la industria por sus buenos vientos y su cercanía con el AMBA que evita mayores costos de transporte, fue instalar una tasa sobre facturación, a lo que las empresas se negaron rotundamente.

La contrapropuesta fue un esquema sobre MW instalado que se usa en varias usinas térmicas, pero finalmente el municipio terminó optando por gravar a cara aerogenerador. El problema de ese mecanismo es que existen distintos tamaños de aerogeneradores, por lo cual, los más chicos sufren una carga mucho mayor.

Otro motivo de disputa es que muchos parques no se encuentran dentro del ejido urbano, aunque en la provincia de Buenos Aires suelen aplicar impuestos sobre todo el territorio municipal aunque el proyecto esté localizado en una zona rural. 

De todos modos, no existe consenso entre las firmas y varias se muestran mucho más cerradas a la hora del diálogo con el intendente por considerar el planteo “completamente ilegal”.

El debate se produce en un contexto de incertidumbre regulatoria para las energías renovables. El artículo 17 de la Ley 27.191 establecía que los proyectos renovables no podían ser alcanzados por tributos específicos nacionales, provinciales o municipales hasta el 31 de diciembre de 2025. Esa protección expiró y el Gobierno impulsa un proyecto para extenderla hasta 2045, aunque la iniciativa todavía no consiguió respaldo legislativo.

“La prórroga que necesitamos con la ley es para blindar este tipo de iniciativas. Es una tasa que no tiene ninguna contraprestación, los parques no están en el ejido urbano y no se trata de una fábrica”. 

“No es posible legalmente exigir el pago de una tasa si no se demuestra un servicio efectivamente prestado. Nos ampara la Ley Bases. La iniciativa de Olavarría podría transformarse en un antecedente peligroso”, advierten en otra empresa.