Además de las grandes petroleras, hay otro sector ganador en esta crisis energética global que, en la Argentina, está compuesto mayoritariamente de pymes y tiene un alto grado de generación de valor en una amplia cadena industrial de proveedores.

A raíz de la disparada del precio del petróleo por la guerra en Medio Oriente que provocó un aumento cercano al 20% en las naftas locales, la conversión a equipos de GNC llegó a su punto más alto desde el año 2022.

Con 7.379 autos convertidos en marzo, se registró un crecimiento del 40% contra febrero y del 70% en relación a marzo del 2025, tras unos diez años de amesetamiento donde no hubo grandes variaciones.

Al igual que sucedió con el boom del GNC registrado tras la crisis del 2001, el driver principal fue el incremento del precio de la nafta. El gas de boca de pozo que compran las estaciones cotiza en torno al 10% del precio del surtidor de la súper de YPF en la Ciudad de Buenos Aires y a ese valor se le suma el costo de la distribución, la electricidad que se usa para comprimir el gas y los gastos de la estación como salarios. 

Todo eso eleva el precio final del GNC a un rango de entre el 35% y el 40% respecto a la super en la zona del AMBA y cerca del 50% en la mayor parte del interior del país, según indicaron fuentes de la industria.

“Hoy tenés el precio de la nafta por encima de los 2.000 pesos y el GNC ronda los 600 pesos. Es una distancia muy grande y además la nafta subió 25% mientras el GNC aumentó entre un 10% y un 15%”, explica a Forbes el presidente de la Cámara de GNC, Pedro González. 

El precio de los equipos cuesta en torno a los mil dólares y su amortización depende de la intensidad del uso del vehículo. “Es ideal para taxis, remises, vehículos de trabajo y particulares que manejan distancias largas por vivir en zonas más alejadas. Si haces 10.000 km por año, necesitás poco más de un año para repagar el equipo, mientras que un taxi en cuatro meses lo amortiza”, dice González.

De lo que no se salva ni el GNC ni ningún otro combustible es de las tasas viales que aplican algunos municipios, algo que despertó el malestar de toda la comunidad del downstream por la violación a diversas reglamentaciones oficiales.

Según relevamientos de CECHA, en muchos municipios del país, las tasas pueden representar entre un 0,6% y 4,5% adicional sobre el precio final del combustible. “No es legal, han sacado resoluciones que dicen que no lo pueden cobrar y no les importa. Afecta al precio y a la demanda”, cuestiona González.