La distribución de dividendos por 170 millones de dólares por parte de la reciente privatizada Transener generó una fuerte polémica en el sector energético y, especialmente, dentro del ámbito político.

Sectores de la oposición salieron a cuestionar el proceso de venta del 26% del paquete accionario que tenía el Estado por un supuesto acuerdo para devolver parte del dinero invertido en forma de dividendos.

No obstante, la medida fue autorizada el 30 de abril de este año por el Directorio de Transener como parte de una estrategia para hacer más atractiva la privatización. Es decir, sin ese incentivo las ofertas hubieran sido considerablemente más bajas.

“Tanto la autorización como el monto a distribuir fue aprobado y programado con anterioridad al ingreso de Edison y Genneia como accionistas de Transener. Fue votado en una Asamblea en la que también participó el resto de los accionistas de la compañía, como Pampa Energía y la ANSES”, indicaron los nuevos compradores.

El otro punto que salieron a refutar fue la hipotética recuperación del capital desembolsado en la privatización que totalizó los 356 millones de dólares por el 26% en manos de la estatal Enarsa.

Si bien el reparto de dividendos autorizado en abril ronda los US$ 373 millones, se decidió distribuir solamente US$ 170 millones, de los cuales, la porción que le corresponde al grupo Edison/Genneia es de US$ 44 millones, un 12,3% de lo invertido.

Las represas de Mendoza, la otra polémica 

Casi en paralelo al reparto de dividendos de Transener, el peronismo mendocino salió a atacar a Edison Energía por la contratación transitoria que hizo la provincia para que operen el complejo hidroeléctrico Los Nihuiles.

La crítica al gobierno de Alfredo Cornejo apuntaba a una “preadjudicación” que les permitía información privilegiada para poder salir a ofertar con ventajas respecto a sus competidores en la próxima licitación por las represas.

El conflicto comienza con el vencimiento de la concesión el último 1 de agosto que dejó vacante la operación de las hidroeléctricas tras la salida de Pampa Energía.

Por Ley Provincial, la Legislatura de Mendoza ya había autorizado al Poder Ejecutivo a crear HEMSA (Hidroelectricidad Mendocina SA) y a licitar al menos el 51% de sus acciones a un socio privado que invierta en la refuncionalización del Complejo tras el aluvión que dejó fuera de servicio a dos de las usinas.

De ahí que HEMSA salió a consultar a los dos únicos operadores locales con experiencia calificada en la provincia: HIDRONIHUIL SA (que también declinó la propuesta al igual que Pampa) y CEMPPSA (de Edison Energía), operadora de Potrerillos, Álvarez Condarco y Carrizal, que sí aceptó asistir en la operación.   

“No fue ni una concesión, ni una entrega. En energía, la infraestructura no te permite paralizar las operaciones. Sobre todo, por la seguridad de las represas. Entonces lo que se hace es una contratación de servicios temporarios para resguardar los bienes hasta tanto el proceso público arroje un nuevo adjudicatario y un concesionario por los próximos 30 años”, explicó la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, en diálogo con Forbes.

“Ni Pampa ni Hidronihuil aceptaron este rol. Y en Mendoza no tenemos más que esas tres empresas operando centrales hidroeléctricas con conocimiento y con la expertise para poder prestar este tipo de servicios”, agregó.