Pasadas las elecciones, la máxima prioridad del gobierno de Milei se convirtió en poder aprobar las famosas reformas estructurales que, en esta primera tanda, tendría a la laboral y a la impositiva como punta de lanza.
Se trata de la principal demanda del mercado y un pedido expreso tanto del FMI como del Tesoro de los Estados Unidos, que lo ven como una herramienta clave para continuar la reducción del riego país, generar un mayor flujo inversor y mejorar la competitividad de las empresas.
Para eso, el oficialismo deberá superar la difícil misión de conseguir mayorías en un Congreso fragmentado, donde cada provincia tendrá distintos pedidos a la hora de sentarse a negociar. De ahí que, el Ejecutivo ya empezó a enviar señales a los gobernadores para cercar posiciones y piensa en una serie de "zanahorias" que podría ofrecer en esta puja, que tendrá una presencia importante de la agenda energética y minera.
El primer gesto fue la baja de retenciones al petróleo convencional, un viejo reclamo de los distritos patagónicos y, en particular, del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, que acapara más de la mitad del volumen proveniente de campos maduros.
Ya pensando en seducir a las provincias de Cuyo y el NOA, Milei anticipó que enviará un proyecto para modificar la Ley de Glaciares y habilitar a que cada distrito determine en qué zona se puede practicar la minería. Un paso fundamental para terminar de destrabar las inversiones en cobre.
"Hoy la vedette es la ley de Glaciares para los gobernadores mineros. Creo que podría llegar a prosperar si el ejecutivo manda un proyecto", subrayó un senador, ante la consulta de Forbes.
La zona mesopotámica también recibió un guiño esta semana con la reactivación -luego de dos años de parálisis- de las obras de Aña Cuá, el brazo que permitirá incrementar en un 10% la generación de la represa hidroeléctrica Yacyretá, la más grande del país por la que reciben regalías tanto Misiones como Corrientes.
La disputa más compleja será con gobernadores opositores como los de Catamarca, Tucumán, Santa Cruz, Córdoba y Santa Fe, que se muestran más firmes en sus reclamos. Las dos primeras quieren que Nación les traspase la titularidad de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), una empresa pública que iba a ser privatizada, pero ahora estaría a punto de cederse para ganar la confianza de los dos mandatarios peronistas que supieron colaborar al inicio de la gestión Milei con la sanción de la Ley Bases.
Santa Cruz, en tanto, además del reclamo de las retenciones al petróleo, viene solicitando un RIGI paralelo para la exploración minera y la ampliación de vida útil de proyectos maduros de oro y plata que, por su tamaño, no llegan a cumplir con el mínimo de inversión del régimen de incentivos. Sin embargo, desde Casa Rosada indicaron a este medio que el tema no está en agenda.
El caso de Córdoba y Santa Fe es mucho más complejo de resolver. Primero, por la dificultad de lograr un consenso respecto a una nueva ley de biocombustibles, prioridad absoluta para Llaryora y Pullaro.
"Las provincias no aceptan la propuesta del Ejecutivo y no consiguen consenso con el resto que está fuera de la Liga bioenergética como Buenos Aires, La Pampa o San Luis. Y el gobierno no va a querer ceder porque es una ley muy proteccionista", explicó a Forbes un diputado que sigue de cerca este proyecto.
El segundo escollo es la eliminación del Régimen de Zonas Frías que fue sancionado en 2021. El gobierno está decidido a volver al esquema previo que incluye solamente a las provincias patagónicas y al sur de Mendoza por una cuestión tanto ideológica como fiscal.
El punto es que las máximas perjudicadas en este cambio en términos de cantidad de hogares que perderán este subsidio serán justamente estos dos distritos, además de Buenos Aires, una provincia que quedó marginada de estas negociaciones por la distancia que existe con Kicillof.
La otra dificultad es la exigencia de mayor obra pública, algo que golpea de lleno a las cuentas públicas y que involucra a la totalidad de las provincias. Aunque, en este punto, Caputo estaría dispuesto a ceder en cierto margen, siempre que no ponga en riesgo el superávit primario.
El otro pedido unánime es el reparto del impuesto a los combustibles para financiar obras viales y la actualización de este tributo que viene siendo pisado como instrumento de ancla inflacionaria. En lo que va del 2025, el Estado se perdió de recaudar 2.140 millones de dólares por no ajustarlo en línea con la inflación como marca la normativa.
De querer actualizarlo, las naftas deberían aumentar en 242 pesos por litro, una suba del 16% que se aplicaría en varias cuotas para suavizar el impacto en el bolsillo. "Como la inflación viene bajando, la brecha cada vez se achica más y no va a haber necesidad de grandes aumentos", indicaron a Forbes desde la Secretaría de Energía.
"No va a salir, los gobernadores están conversando directamente con el presidente. La ley que obtuvo media sanción fue una medida extrema porque el gobierno en ese momento no les daba pelota", concluyeron desde el Senado.