El Gobierno salió fuerte a mostrarle a Intercargo que el monopolio que desde hace años tiene en el negocio de las rampas en los aeropuertos argentinos pasará a la historia. Ya son seis las empresas habilitadas para operar en las terminales locales luego de que se habilitara el ingreso de nuevas empresas -y con una aceleración importante en los últimos meses-, lo que modifica totalmente el panorama actual.

Los cambios no se verán de forma inmediata ya que las aprobaciones se dieron hace relativamente poco y el comienzo de la operación no solo requiere de una inversión, sino también de dar con los clientes. Estos grandes pasos hacia la llegada de nuevas compañías, sin embargo, y contrariamente a lo que se podría pensar, no le hacen perder al Gobierno su objetivo final: Intercargo será privatizada, tal como se aprobó en la Ley Bases, donde se estableció a la empresa como una de las estatales sujetas a pasar a manos de inversores.

Y para lograr esto ya se iniciaron todos los pasos previos. El proceso de informes, estudios y todos los análisis del caso para determinar sus activos y flujo de negocios, ya arrancó, y según marca el cronograma oficial "el objetivo es que Intercargo sea privatizada a fin de año".

Siempre tomando en cuenta los tiempos que maneja el oficialismo, el proceso de informes y análisis debería terminar "en breve", por lo que entre agosto y septiembre llegaría el momento del armado de pliegos y la convocatoria a interesados.

"Entendemos que es un activo interesante, por lo que debería captar el interés de varios candidatos. Es cierto que el atractivo que puede representar el manejo de un monopolio ya no estará, pero se optó plantear todo el proceso con las condiciones que se pretenden para el mercado, es decir con la apertura a más grupos", explicaron a Forbes fuentes oficiales.

Incluso, no se descarta que algunas de las empresas que acaban de ser habilitadas en las últimas semanas para prestar el servicio de rampa puedan también querer participar de la licitación para quedarse con Intercargo.

El punto final a la versión estatal de la empresa lo había dado el Gobierno en marzo pasado. Por aquel entonces, y luego de un paro que dejó a cientos de turistas varados, el vocero Manuel Adorni anticipó "el fin de Intercargo tal como lo conocemos".

Luego de esto, el Gobierno publicó un decreto (el 198/2025) que sostiene que "la empresa ha celebrado con los concesionarios de dichos aeropuertos diversos contratos de uso de los espacios para la prestación del servicio de rampa, extendiendo dicha modalidad de contratación a los 21 aeropuertos en los que se lleva a cabo actualmente esta actividad".

Con esto, quedó aprobado el proceso de privatización del 100% de Intercargo, "marcando el inicio de una licitación pública a nivel nacional e internacional para transferir la titularidad de la firma".

"Esta administración ha impulsado la desregulación del sector aerocomercial mediante la reducción de requerimientos operativos, la habilitación a aerolíneas y terceros a prestar el servicio de rampa y la adopción de estándares internacionales en las operaciones aeroportuarias en general", sostiene el decreto que le abrió las puertas a la privatización.

La idea oficial es que la venta se realice por el 100% de la empresa, es decir que queda desarticulada la posibilidad de que se desguace y se venda por partes, según afirmaron las fuentes consultadas.

Ya sin apoyo estatal

Más allá de las cuestiones políticas que tienen que ver con achicar la estructura del Estado, lo cierto es que los números le dan al Gobierno -que pone al equilibrio de las cuentas públicas en el foco central- argumentos para discutir la necesidad de poner a Intercargo en manos privadas.

El Gobierno justifica la privatización de Intercargo señalando que, a pesar de su participación en el mercado, requirió una asistencia financiera del Estado que se acerco a los $ 6700 millones entre 2020 y 2023. El año pasado esa cifra cayó directamente a cero, por lo que hoy la empresa se mantiene solo con los recursos que genera.

Sin embargo, desde La Libertad Avanza muestran también que Intercargo logró en 2023 (el primero de Javier Milei como presidente, y luego de que se pusieran en marcha una serie de recortes, y acorde a la política de menor intervención estatal) un superávit de $ 1.245 millones en 2023.

En 2024 los números fueron incluso mejores y se rozó un superávit financiero de $ 7.000 millones en 2024, en tanto que en el primer trimestre de este año el saldo positivo fue de $ 5.736 millones.

Otro de los argumentos que el Gobierno sube a la mesa a la hora de exponer la idea de privatizar Intercargo es que el combo desregulación del mercado -es decir sumar cada vez más competencia- requerirá de un nivel de modernización e inversión que la empresa no estará en condiciones de llevar adelante en un escenario en el que el Estado ya no está presente para brindar su ayuda.