Stuart Mill, símbolo del liberalismo clásico, decía en el siglo 19 que "la discrecionalidad bien utilizada en política es la capacidad de adaptarse a circunstancias cambiantes sin perder de vista los principios fundamentales".

Estas palabras resuenan al evaluar el  DNU 70/23 del presidente Milei y el proyecto de Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, pero también en el rumbo de política externa que empieza a delinearse con los anuncios de la Canciller Diana Mondino.

Las prioridades son claras: llegar a déficit cero en tiempo record monitoreando la inflación, en un entorno de enormes restricciones y requerimientos financieros. Bajo esa luz aparece la imposición de mayores derechos de exportación e impuesto país, unas de las mayores contradicciones en este conjunto de medidas de desregulación.  

Con un milimétrico manejo de corto plazo (3-4 meses), las expectativas están centradas en la cosecha fina, que podría más que duplicar los valores del año anterior. A esto se suman 2,9 millones de toneladas que las autoridades estiman pendientes de venta. 

Para ello, dos elementos de incentivo temporal: a) fuerte devaluación pero con un crowling peg exiguo frente a la inflación y b)  los incrementos de derechos de exportación contenidos en el proyecto de ley no estarán vigentes al menos durante enero.

Otro elemento en este panorama de corto plazo es cómo reperfilar la demanda de dólares generada por la deuda comercial privada por importaciones de bienes y servicios.

Para ello, el BCRA lanza 3 series de bonos (BOREAL) con vencimiento anual a partir de 2025 y cuya liquidación en moneda extranjera no limitara el acceso al mercado único de cambios. Esta creativa solución parecería más asimilable para grandes compañías que para la pyme que opera en comercio exterior. En su debut apenas el 9% de lo ofrecido fue demandado. Tema a monitorear.

Nuestro país tiene excesos de ingeniería creativa de corto plazo y debemos analizar qué pasos serán necesarios para evitar que los faros cortos nos impidan ver la curva en el camino.

Estructuralmente, la Argentina ha tenido un sesgo regulatorio que ha devenido en la pérdida de un tercio de sus compañías exportadoras y la caída de participación mundial en el comercio desde un 0,58% de las en 1998 al entorno de 0,25% en 2023.

Exportar es generar trabajo y desarrollo y una política de estado fundamental será la mejora continua de la competitividad ( y por tanto confiabilidad) nacional. 

Desde CERA desarrollamos 114 propuestas técnicas estructuradas en 6 ejes (relacionamiento externo, impuestos, financiamiento, facilitación de comercio, logística y promoción comercial). Previo a la elección compartimos esta Estrategia Nacional Exportadora con los distintos espacios políticos.

Vemos importantísimos avances en coincidencia con lo propuesto, particularmente en el relacionamiento externo, con temas estructurales como OCDE, Mercosur-UE y el cauto entendimiento del contexto geopolítico mucho más complejo que 15 años atrás. Coincidimos también plenamente con los avances de facilitación de comercio propuestos y por supuesto con la eliminación de las restricciones cuantitativas.

Sin embargo, hay aspectos que deben atenderse para que no actúen como ancla a la inversión y recuperación del comercio.

Por el articulo VIII del convenio constitutivo del fondo monetario internacional sus 190 miembros (incluido Argentina) se comprometen a no imponer restricciones a pagos y transferencias internacionales ni mantener tipos de cambios múltiples, salvo autorización expresa del FMI pues se considera que estas restricciones son globalmente perjudiciales para la exportación y la inversión extranjera directa. Argentina ha solicitado este permiso reiteradamente, y a manera de verificación científica, en 2023 la Inversión extranjera directa genuina ha sido casi nula. 

Argentina necesita no solo recuperar liquidez y normalizar sus deudas sino fundamentalmente lograr inversión. 

Muy pocos países en el mundo tienen liquidación mandatoria de ventas de exportación y eventualmente solo requieren 40-50 % del total. Solo Ghana tiene nuestra misma exigencia. CERA propuso una normalización gradual: 40% de libre disponibilidad para el exportador y 100% para ventas por encima de un año base y exportaciones promocionadas. Sería una señal que también en parte podría contribuir a solucionar la deuda privada que afecta la producción.

La suba del impuesto país, particularmente para los fletes de exportación (del 7% al 17,5%) es sumamente negativo. No se pierden divisas vendiendo costo y flete, se brinda servicio.  Esta medida es un golpe a la competitividad, que suma a cuestionables tasas e impuestos no reembolsables para el exportador nacional, a diferencia de lo que ocurre en países con los cuales competimos.

Tenemos este año buenas expectativas en torno a nuestras exportaciones de productos agrícolas, y a la mejora de la balanza comercial también derivada del efecto de producción y transporte del gas de Vaca Muerta, de exportaciones de petróleo a través del oleoducto trasandino y del litio.

Sin embargo, las exportaciones industriales y agroindustriales, que producto del viento regulatorio contrario han caído en los últimos 15 años, son precisamente aquellas castigadas hoy con derechos de exportación, ya una anomalía en el comercio internacional. 

Sumar incertidumbre mediante aplicación “temporal” de derechos no solo a la industria sino a economías regionales e importantes desarrollos como maíz pisingallo, maní, productos orgánicos y muchos otros que no se diferencian en la propuesta es una señal negativa para la inversión.

Necesitamos revertir la tendencia. Para ello confiamos se adopte nuestra fiscalmente conservadora propuesta:  eliminación de derechos de exportación para economías regionales, (incluyendo pesca y carne vacuna) para bienes industriales y todo alimento con agregación de valor. Resto, gradualmente. Un sacrificio fiscal menor tomando 2023 como base, y nulo si se observa con perspectiva.

Finalizo con un pensamiento del siglo XX. Decía Nelson Mandela: "El buen juicio político implica el uso sabio de la discrecionalidad, considerando no solo el bienestar inmediato, sino también el legado que dejamos para las generaciones futuras”. 

Confiamos que el buen diálogo público-privado nos permitirá desarrollar soluciones para el mejor empalme entre la dificultad financiera de corto plazo y el rumbo que Argentina requiere, con la competitividad como norte.

*La columna fue escrita por Fernando Landa, presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA)