La industria musical construyó buena parte de su modelo de negocios alrededor de una unidad aparentemente sencilla: cada reproducción cuenta. Pero, ¿qué sucede cuando esas escuchas no corresponden a personas reales? El caso de Michael Smith expuso hasta qué punto la IA y la automatización pueden distorsionar ese sistema. El 6 de octubre de 2026, la Justicia de EE.UU. condenó a 18 meses de prisión al músico de Carolina del Norte por montar un fraude millonario contra plataformas de streaming. Para hacerlo, creó cientos de miles de canciones con IA y organizó una red de cuentas automatizadas que generó miles de millones de reproducciones falsas.

Su objetivo era aprovechar los mecanismos de monetización de la industria para convertir una audiencia inexistente en ingresos millonarios. La condena incluyó dos años de libertad supervisada y una orden de decomiso por US$ 8.091.843,64. Smith se había declarado culpable en marzo de 2026 de conspiración para cometer fraude electrónico, un delito que permitió encuadrar judicialmente una maniobra que trasladó al terreno penal una práctica hasta entonces poco explorada. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó el expediente como el primer caso penal en EE.UU. por fraude de reproducciones musicales mediante IA, un antecedente que pone de manifiesto los desafíos que enfrenta una industria cuya economía depende, cada vez más, de la medición de la actividad digital.

La operación se extendió a Spotify, Apple Music, Amazon Music y YouTube Music, y puso en evidencia una vulnerabilidad central del modelo de negocios del streaming: las regalías se distribuyen en función de la actividad de escucha, un sistema que puede ser manipulado cuando el volumen de reproducciones deja de reflejar el comportamiento de una audiencia real.

Una fábrica de canciones, otra de oyentes

El esquema funcionó entre 2017 y 2024. Smith no solo necesitaba producir música en grandes cantidades, sino también construir una audiencia artificial capaz de reproducirla de manera constante. Para eso creó miles de cuentas falsas y utilizó programas informáticos que ejecutaban las escuchas en forma automática. En determinados momentos, llegó a operar hasta 10.000 cuentas en simultáneo. Para registrarlas, recurrió a direcciones de correo electrónico falsas y tarjetas de débito obtenidas de manera fraudulenta.

La producción musical a gran escala planteaba un problema de abastecimiento que la IA permitió resolver. En 2018, Smith comenzó a trabajar con personas vinculadas a la producción y promoción de música generada mediante esta tecnología. El resultado fue un flujo constante de material: primero miles de pistas por semana y, con el tiempo, un catálogo de cientos de miles de canciones. Los títulos y nombres de artistas se generaban mediante combinaciones aleatorias, con el propósito de dar al catálogo la apariencia de una escena musical diversa. Esa multiplicación de grabaciones también respondía a una necesidad operativa: distribuir las reproducciones entre miles de canciones para evitar que la actividad automatizada se concentrara en unos pocos temas y despertara sospechas.

La dimensión de la estafa estaba presente en los cálculos de Smith. En un correo electrónico de octubre de 2017 estimó que 52 cuentas de servicios informáticos en la nube con 20 cuentas automatizadas cada una podían alcanzar alrededor de 661.440 reproducciones diarias. La cifra era una proyección del propio Smith, incorporada posteriormente a la documentación judicial, y permite observar hasta qué punto la operación había sido concebida para funcionar a escala industrial.

El dinero detrás de las reproducciones

El incentivo económico estaba en el propio funcionamiento del negocio del streaming. Las plataformas reúnen los ingresos obtenidos por suscripciones y publicidad en fondos que luego distribuyen entre los titulares de derechos, de acuerdo con las reproducciones y los contratos vigentes. En ese esquema cada catálogo recibe una participación proporcional a su volumen de escuchas. Las reproducciones artificiales permitían, por lo tanto, inflar esa participación y captar una porción de los ingresos que, de otro modo, habría correspondido a artistas y titulares de derechos cuyas canciones sí habían sido escuchadas por personas reales.

La maniobra iba mucho más allá de alterar las estadísticas de una plataforma. Smith utilizó las reproducciones simuladas para obtener regalías mediante una actividad que no respondía a una demanda genuina de música. El dinero generado por esas escuchas salía de fondos compartidos por toda la industria y afectaba la distribución de ingresos entre artistas, compositores y otros titulares de derechos.

Uno de los datos incluidos en la investigación permite dimensionar la escala alcanzada. En abril de 2023, las cuentas controladas por Smith reprodujeron sus canciones generadas con inteligencia artificial 80,9 millones de veces a través de planes familiares de YouTube Music. En el mismo período y bajo esa misma modalidad de suscripción, el catálogo completo de Taylor Swift registró 9,3 millones. La comparación, consignada en el comunicado del Departamento de Justicia de EE.UU., expone la magnitud de una audiencia artificial que llegó a superar ampliamente la actividad de escucha de una de las artistas más populares del mundo. No era una señal de éxito musical, sino el resultado de una operación automatizada.

¿Cuánto dinero perdió Spotify?

Las cifras del caso requieren distinguir entre el alcance total del fraude y el impacto económico que tuvo dentro de cada plataforma. La acusación inicial estimó que Smith había obtenido más de US$ 10 millones en regalías fraudulentas, mientras que la sentencia estableció una orden de decomiso por US$ 8.091.843,64. Spotify, por su parte, afirmó en septiembre de 2024 que sus mecanismos de control habían limitado a unos US$ 60.000 los pagos vinculados con el esquema dentro de su servicio.

La diferencia entre ambos montos es central para entender el caso: los US$ 10 millones corresponden a la maniobra desplegada en distintas plataformas de streaming y no pueden atribuirse íntegramente a Spotify. La compañía sostuvo que sus sistemas de detección permitieron frenar la mayor parte de la actividad fraudulenta antes de que se tradujera en pagos. Esta postura fue comunicada a través de medios especializados como Music Business Worldwide y Digital Music News. En diálogo con Forbes, Florencia Luis, PR Communications Manager de Spotify en el Conosur, explica: "Spotify cuenta con sistemas de detección automatizados y manuales desde mucho antes de este caso". Luis también detalla que la plataforma aplica controles en distintas etapas: desde la verificación de los artistas a través de distribuidoras y sellos discográficos hasta la identificación de reproducciones artificiales. Por motivos de seguridad, aclara, la empresa no divulga los procedimientos técnicos específicos que utiliza para detectar estas prácticas.

En cuanto al reparto de ingresos, la representante señala que Spotify no paga una tarifa fija por reproducción, sino que utiliza un modelo proporcional basado en la cuota de escuchas de cada titular de derechos (streamshare). Según explica, cuando la compañía detecta e invalida reproducciones falsas, las regalías asociadas no se abonan. De ese modo, busca evitar que el dinero termine en manos de quienes participan del fraude y preservar los ingresos correspondientes a los artistas legítimos. Por último, Luis precisa la diferencia entre los US$ 10 millones mencionados en la acusación y los US$ 60.000 atribuidos a Spotify. Mientras que la primera cifra contempla el fraude cometido en distintas plataformas de streaming, la segunda corresponde al monto que la compañía no logró detectar antes de realizar los pagos. Según sostuvo, esa suma representa menos del 1% del total señalado en la acusación.

Sin embargo, la diferencia entre los montos no explica por sí sola cómo una operación de esa escala pudo mantenerse activa durante años. La investigación judicial reconstruyó un sistema diseñado para distribuir las reproducciones entre miles de canciones y cuentas, y así dificultar la detección de su origen. El expediente también documentó advertencias previas de intermediarios de la industria. Entre marzo y abril de 2023, The Mechanical Licensing Collective (The MLC), la organización estadounidense encargada de administrar las regalías mecánicas digitales para compositores y editores, suspendió pagos a Smith y cuestionó la actividad de su catálogo. Según la acusación, Smith respondió con explicaciones falsas para intentar recuperar esos fondos.

Este episodio permite identificar otra dimensión del fraude: la operación no comprometía únicamente las regalías generadas por las grabaciones sino también las correspondientes a las composiciones musicales. En otras palabras, el perjuicio podía alcanzar tanto a los titulares de los derechos sobre las canciones grabadas como a sus autores y editores.

Ese punto definirá una parte del futuro del negocio musical. En una industria que convirtió las reproducciones en una señal de popularidad y una fuente de ingresos, contar escuchas ya no alcanzará para determinar la legitimidad de un catálogo. Las plataformas deberán distinguir entre una operación fraudulenta y el crecimiento genuino de un artista que recién comienza, para evitar que los controles preventivos conviertan la falta de trayectoria o de audiencia en un indicio de fraude. Porque el desafío no será solamente detectar a quienes fabrican escuchas, sino evitar que quienes todavía están construyendo su público sean tratados como impostores.