Después de más de veinte años de negociaciones, el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur dejó de ser una promesa abstracta para convertirse en un hecho político concreto. En un contexto global cada vez más fragmentado, la firma del tratado fue leída en Bruselas como una señal estratégica: Europa busca reafirmar su influencia comercial y normativa frente al avance de China y el giro proteccionista de Estados Unidos. Para Argentina, en cambio, el acuerdo expone un dilema más profundo: cómo integrarse al mundo sin repetir los costos de aperturas mal gestionadas.
Desde la óptica europea, el tratado tiene un peso político que excede largamente su impacto económico inmediato. Tal como señala un informe reciente de Bradesco BBI, los efectos sobre el comercio bilateral serán graduales y se sentirán principalmente en el mediano y largo plazo, debido a los extensos períodos de desgravación arancelaria previstos para los sectores más sensibles. La relevancia del acuerdo, subraya el documento, radica más en el marco institucional que establece que en un salto inmediato de exportaciones.
Para Argentina, el punto de partida es claro: su vínculo comercial con la Unión Europea está fuertemente concentrado en productos agroindustriales. Según datos citados por Morgan Stanley, alrededor de dos tercios de las exportaciones argentinas hacia el bloque europeo corresponden a alimentos, derivados de soja, carnes y otros bienes primarios. El acuerdo consolida ese perfil, ofreciendo mejoras en márgenes y previsibilidad, aunque bajo un esquema de cuotas y salvaguardas que reflejan la persistente protección del agro europeo.
Sin embargo, el potencial más transformador del tratado no está en el comercio tradicional, sino en la inversión. La Unión Europea ya es el principal inversor extranjero en Argentina y, de acuerdo con Morgan Stanley, representa cerca del 40% del stock de inversión extranjera directa en el país. La reducción progresiva de aranceles, junto con reglas más claras en materia regulatoria y de solución de controversias, podría incentivar flujos de capital hacia sectores clave como energía, minería y servicios, donde Argentina busca escalar producción y exportaciones.
En este punto, el contexto doméstico resulta determinante. Bradesco BBI destaca que el acuerdo puede facilitar el acceso a bienes de capital europeos (maquinaria, equipos industriales y productos químicos) que hoy tienen un peso relevante en la estructura de importaciones argentinas. Una baja en esos costos podría mejorar la productividad y, en el margen, aliviar presiones inflacionarias. Pero ese efecto virtuoso depende de la estabilidad macroeconómica y de la capacidad del Estado para sostener reglas de juego previsibles.
No todo son oportunidades. El acuerdo también expone tensiones estructurales. Sectores industriales protegidos, como el automotriz, enfrentarán una competencia creciente de productos europeos una vez que avance la desgravación. Morgan Stanley advierte que el impacto inicial podría ser negativo para algunas ramas manufactureras, aunque sostiene que, a largo plazo, la mayor competencia tendería a elevar eficiencia y productividad, siempre que exista una política de acompañamiento.
En definitiva, el acuerdo UE–Mercosur no redefine por sí solo el rumbo económico argentino. Funciona, más bien, como un test de consistencia. Para un país con un historial de ciclos de apertura y cierre, el tratado ofrece una oportunidad de integrarse de manera más estable a las cadenas globales de valor. Pero también deja en evidencia que ningún acuerdo externo puede sustituir las decisiones internas. Como señalan tanto Bradesco BBI como Morgan Stanley, el verdadero impacto del tratado dependerá menos del texto firmado y más de la capacidad de Argentina para convertirlo en una estrategia de desarrollo sostenida.
