En una sesión que combinó épica política y cálculo fino, el Senado argentino aprobó la reforma laboral con 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones, y le dio al gobierno de Javier Milei una de las piezas centrales de su programa económico. 

La norma, con más de 200 artículos, reescribe buena parte de la Ley de Contrato de Trabajo, introduce cambios en indemnizaciones, licencias, jornada, huelgas, estatutos especiales y hasta baja impuestos, y llega en un momento en que el capital local e internacional vuelve a mirar a la Argentina como oportunidad y no solo como riesgo. @@FIGURE@@

Un triunfo político con mensaje para afuera

El oficialismo consiguió lo que necesitaba: una foto de mayoría amplia y transversal —La Libertad Avanza, UCR, PRO, peronismo disidente y bloques provinciales— para mostrarle a los mercados que puede construir coaliciones y sacar leyes complejas. No es un detalle menor: la reforma se sanciona al filo del cierre de las extraordinarias, a días del discurso de Milei ante la Asamblea Legislativa, y se exhibe como trofeo en un contexto de tasas internacionales altas y capital selectivo.

Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado, fue la encargada de ponerle relato al paquete. “Estamos discutiendo una ley que va a desmontar una de las mayores mentiras, que es la de la ley de Contrato de Trabajo, un sistema que hace que nadie contrate a nadie”, sostuvo. Acusó al peronismo de haber “mandado durante años a la informalidad a millones de argentinos” “en nombre de los trabajadores”. Para el gobierno, el dato clave es que el empleo formal privado está prácticamente “planchado” desde 2012, mientras que “los juicios laborales crecieron, de 2010 a 2024, en un 135%”, como planteó el senador libertario Juan Cruz Godoy. @@FIGURE@@

Del otro lado, el diagnóstico fue diametralmente opuesto. El pampeano Daniel Bensusán advirtió que la reforma viola los principios de “progresividad y no regresividad” en materia laboral y que el Congreso “no tiene permitido reformar leyes que hagan retroceder derechos”. José Mayans fue más brutal: calificó la ley como “gorila, hecha por gorilas para perjudicar al trabajador y a los jubilados” y disparó: “¿Hablan de costos? ¿Quieren sueldos de esclavitud?”.

Pero, más allá de la retórica, el dato que miran bancos de inversión, fondos y empresas es otro: el Ejecutivo logró construir una mayoría funcional, corrigió un punto políticamente tóxico (licencias médicas) y alineó una agenda pro-mercado que incluye, además de la reforma laboral, un Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y un esquema para medianas inversiones (RIMI) con montos mínimos en U$S que van desde 150.000 para microempresas hasta 30 millones para grandes compañías.

Lo que cambia para el empleo y el costo empresario

En términos económicos, la reforma ataca tres frentes que el sector privado venía marcando hace años: costo de despido, litigiosidad y rigidez de la organización del trabajo.

Indemnizaciones y Fondo de Asistencia Laboral (FAL)

La base de cálculo sigue siendo un mes de sueldo por año de servicio o fracción mayor a tres meses, sobre la mejor remuneración mensual, normal y habitual de los últimos 12 meses.

Pero quedan fuera del cómputo el aguinaldo, las vacaciones, premios y otros conceptos no mensuales y habituales, lo que, en la práctica, reduce el monto final frente al esquema anterior.

Se fija un techo: la indemnización no podrá superar tres veces el salario promedio del convenio aplicable ni ser menor al 67% de la remuneración habitual, ni inferior a un mes. @@FIGURE@@

Nace el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema obligatorio para financiar despidos: las grandes empresas aportarán el 1% de las remuneraciones brutas de cada trabajador y las pymes el 2,5%, montos hoy destinados al SIPA. Los recursos serán administrados por entidades financieras bajo supervisión de la CNV. Para los críticos, como la senadora kirchnerista Ana Marks, “esto es lo que está escondido en la modernización laboral: un curro como el FAL, que va a ir a financiar a los amigos del Presidente”.

Además, las sentencias por despido podrán pagarse en cuotas: hasta 6 mensualidades para grandes empresas y hasta 12 para MiPyMEs, actualizadas por inflación (IPC) más un 3% anual. La indemnización pasa a ser “la única reparación” por despido sin causa, con un esquema de actualización más previsible para los balances.

Litigiosidad y justicia laboral

Se limita la actualización de créditos laborales a IPC + 3% anual, buscando reducir incentivos a demandas largas.

Se transfieren los juzgados laborales de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires, consolidando un viejo reclamo de la administración porteña.

Se acotan las costas procesales, con el objetivo explícito de desincentivar litigios que, en la visión oficial, muchas veces funcionan como seguro adicional sobre el costo de rescisión.

Jornada, horas extra y vacaciones

La jornada diaria puede extenderse de 8 a 12 horas, con un descanso obligatorio mínimo de 12 horas entre turnos.

Se crea un “banco de horas”: empleador y trabajador pueden acordar por escrito compensaciones de horas extraordinarias con francos u horarios reducidos, siempre dentro de los límites semanales legales y respetando descansos mínimos.

Las vacaciones podrán fraccionarse en períodos no menores a 7 días corridos y organizarse de manera rotativa; cada tres años, el trabajador deberá disfrutar al menos un período en temporada estival coincidente con el receso escolar.

Poder sindical, derecho de huelga y estatutos especiales

El otro núcleo de la reforma pasa por la relación con el sindicalismo y la capacidad de organización colectiva.

Se da prioridad a convenios colectivos por empresa o región por sobre los de rama, y se elimina la “ultraactividad” de los convenios vencidos, lo que fortalece la negociación más cercana al lugar de trabajo y obliga a actualizar marcos en lugar de prórrogas automáticas.

Se mantiene la posibilidad de aportes solidarios, pero con tope del 2% (en algunos casos llegaban al 4%), mientras que los aportes para cámaras empresarias se recortan a un máximo de 0,5%. @@FIGURE@@

Se amplía la lista de servicios esenciales y “trascendentales”: telecomunicaciones, aeronáutica, comercio, servicios portuarios, aduaneros y migratorios, y educación se suman al listado. En los esenciales deberá garantizarse al menos el 75% del servicio durante una huelga; en los trascendentales, el 50%.

Las asambleas en el lugar de trabajo requerirán autorización previa del empleador y no generarán pago de salarios por el tiempo que insuman; los bloqueos y tomas de establecimientos pasan a tipificarse como “infracciones graves”.

La kirchnerista Florencia López sintetizó la crítica: “Hoy ponen la excusa de la creación de trabajo para eliminar todos y cada uno de los derechos de los trabajadores”. Desde el oficialismo, Bullrich respondió con otra narrativa: “¿Hay algo más precarizado que un plan social? (…) Eso no es tener libertad”.

Una de las aristas más sensibles es la eliminación de estatutos especiales: a partir del 1° de enero de 2027 quedarán sin efecto los regímenes de periodistas, viajantes de comercio, peluqueros, choferes particulares y operadores de radio. Hasta entonces, las partes tendrán un año para negociar marcos nuevos.

Incentivos fiscales y formalización: el guiño al capital

La reforma no se agota en la letra laboral. Para el empresariado y los analistas financieros, el paquete se vuelve más atractivo al cruzarse con dos vectores adicionales: alivio impositivo selectivo y programas de incentivos a la inversión y la formalización.

Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL): durante un año, los empleadores que registren nuevos trabajadores pagarán una alícuota reducida de contribuciones patronales (8%) por cada alta. Además, habrá eximición de hasta el 70% de deudas por aportes y contribuciones para blanquear empleo informal. @@FIGURE@@

Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI): dirigido a empresas locales y extranjeras sin antecedentes penales tributarios ni deudas fiscales, establece umbrales de inversión que van desde U$S 150.000 para microempresas hasta U$S 30 millones para grandes compañías, con beneficios fiscales asociados.

Baja de impuestos específicos: se eliminan tributos internos sobre seguros, servicios de telefonía celular y satelital, bienes suntuarios y determinados vehículos automotores, embarcaciones recreativas y aeronaves, lo que apunta a descomprimir parte de la carga sobre consumo e inversión en activos de capital.

Para un mercado que mide riesgo país, previsibilidad regulatoria y estructura de costos, el mensaje es claro: la Argentina no solo recorta gasto y ordena sus cuentas, también intenta alinear su marco laboral y tributario con estándares más competitivos en la región, sin tocar todavía el corazón del esquema previsional ni la totalidad de impuestos distorsivos.

Cambios clave: qué gana (y qué pierde) cada parte

Para las empresas

Menor imprevisibilidad en el costo de despido (base de cálculo más acotada, techo indemnizatorio, posibilidad de pago en cuotas, actualización por IPC + 3%).

Herramientas para gestionar picos de demanda (jornada de hasta 12 horas, banco de horas, vacaciones fraccionadas).

Mayor protección frente a huelgas totales en sectores estratégicos (servicios esenciales con pisos de 75% y trascendentales con 50%).

Reducción de algunos impuestos y alivio en contribuciones patronales para nuevas altas.

Un vehículo financiero (FAL) para planificar el costo de desvinculaciones, a cambio de aportes mensuales.

Para los trabajadores

Un entorno potencialmente más dinámico de creación de empleo formal si la reforma logra bajar el costo marginal de contratación y la litigiosidad, como promete el oficialismo.

Mayor flexibilidad para pactar jornadas y vacaciones, pero también el riesgo de desdibujar límites clásicos de la jornada de 8 horas.

Un esquema de indemnización más previsible pero, en muchos casos, más bajo, al excluir conceptos no mensuales y fijar topes.

Más restricciones para ejercer el derecho de huelga en servicios ampliados y mayor control empresarial sobre asambleas y formas de protesta.

Pérdida de regímenes protectores específicos (estatutos) a partir de 2027, con la obligación de negociar nuevos marcos sectoriales.

La discusión de fondo —si el nuevo equilibrio es razonable o implica un retroceso en derechos— seguirá en tribunales, en la calle y en las paritarias. Pero, por primera vez en muchos años, el Congreso argentino aprobó una reforma laboral estructural con mayoría política amplia y un mensaje inequívoco al mundo financiero: el país intenta dejar atrás el modelo que, en palabras de Bullrich, “creó más litigios que empleo formal” y ofrecer un entorno más legible para quien esté dispuesto a arriesgar capital en la Argentina de la era Milei.