Se estima que más del 90% de las empresas de la Argentina son pequeñas y medianas compañías, que generan en torno al 42% de Producto Interno Bruto y explican siete de cada diez empleos en el país.

Para muchos analistas las pymes constituyen el corazón de la economía, el motor que genera actividad tanto en el agro, como en el comercio, la industria, la minería y los servicios, un sector del que todos hablan bondades, pero que a la hora de las políticas y medidas específicas parece ser un convidado de piedra a la mesa de las grandes decisiones.

Esta semana, en medio de la aguda escasez de dólares en las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la urgencia del Gobierno por definir un nuevo valor del tipo de cambio para incentivar las exportaciones de las economías regionales y el maíz, oficializado el lunes a través del decreto 378/2023, se colaron también una serie de medidas que tienen impacto en el día a día de las pymes.

La Unión Industrial Argentina (UIA), que reúne a algunas empresas grandes, pero fundamentalmente a un enorme conglomerado de pequeñas y medianas empresas del sector manufacturero, difundió este martes un comunicado en el que reclama un plan macroeconómico integral a mediano y largo plazo, así como un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para despejar dudas sobre la solidez de las reservas internacionales.

Tras admitir el impacto de la sequía, tanto a nivel de actividad económica como en exportaciones y recaudación tributaria, menciona algunas de las “dificultades que se acumularon en los últimos años” y que concentran las principales demandas de los empresarios pyme: restricción de divisas y reducidas reservas internacionales, elevada inflación, déficit fiscal y restricciones de financiamiento, tanto local como internacional.

“Los anuncios de estos últimos días, que esperamos sean de carácter transitorio producto de la escasez de divisas, afectarán la actividad, con fuerte impacto en las pymes, a partir de una mayor presión fiscal al sector productivo, mayores costos y pérdida de competitividad para la exportación”, señala la UIA.

Y amplió: “Resulta fundamental evitar el sesgo antiexportador y las distorsiones de precios que generan estos esquemas, que impactan aleatoriamente en las cadenas de valor”

“La dificultad para acceder a insumos no impulsa a incentivar niveles de producción, por lo que hoy las empresas tienen planificación a muy corto plazo”, explicó Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA en diálogo con Forbes Argentina.

Y detalló que además del encarecimiento de bienes importados, la falta de dólares y la inflación, las paritarias “están trabadas” con pedidos de los sindicatos de entre 35% y 40% por trimestre, que es algo “imposible de afrontar para muchas pymes”.

Alfredo González, presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) sostiene que el sector hoy tiene una realidad compleja, donde “pega fuerte la inflación, y todos los meses llegan listas de precios con aumentos de entre 5% y 8%”.

El otro gran tema de la agenda es la disponibilidad de insumos, por dificultades para importar. Es que la falta de dólares golpea al sector por partida doble, por un lado, la falta de billetes verdes en las reservas del BCRA lleva al Gobierno a un férreo control sobre las autorizaciones para importar a dólar oficial (SIRA).

Por otro lado, la cadena de proveedores de las pymes hace rato que se maneja con un “dólar celeste”, intermedio entre el oficial y el blue.

Un empresario pyme que vende insumos para la industria del calzado confirma que “a principios de mes ya sabemos que nos llegan listas de precios nuevas con aumentos del 6% al 8% y un dólar calculado a $380 o $390”.

Alfredo Bonazzi, titular de Carmahe, la cámara que agrupa a fabricantes de bienes de capital y tecnologías de la producción, considera que hoy el problema más acuciante es la dificultad para que salgan las SIRAs y poder concretar los pagos a proveedores del exterior.

En la actualidad la Secretaría de Comercio sólo autoriza el pago de importaciones a dólar oficial en plazos que llega hasta 180 días, lo que genera grandes problemas en la operatoria. La norma rige desde 17 de octubre de 2022 y según estimaciones desde entonces se acumulan entre 12.000 y 15.000 millones de dólares en importaciones pendientes de pago.

“Hoy es muy difícil conformar un precio, no sabés cuándo te van a autorizar el pago, ni a cuánto estará el dólar en ese momento, y esto puede generar una ola de quiebras de empresas”, alertó Bonazzi.

Consultado sobre el escenario electoral y cómo incide en el sector productivo, el empresario advirtió que “hoy se planifica hasta las PASO, no más allá que eso, luego se verá lo que haga el Gobierno”. Y lo que se observa despierta las alarmas.

“Ya recibí dos llamados de proveedores del exterior, con los que lo trabajamos hace años y saben que somos cumplidores y me dicen: 'Confiamos en vos y tu empresa, pero ¿a vos Argentina te va a dejar pagar?'. Lamentablemente, estamos perdiendo el crédito que construimos por años”, remató Bonazzi.