Al igual que el Supervielle la semana pasada, Banco Macro presentó ayer su informe contable del segundo trimestre de 2026 con una mejora mayor a la esperada por el mercado financiero al reportar una suba de 39% de su ganancia neta ($206.800 millones), respecto del trimestre anterior. La recuperación de la rentabilidad, esmerilada en reportes anteriores por el crecimiento de la morosidad, no fue sin embargo el dato que más repercusión tuvo sino que el foco atención de analistas e inversores se centró en una aclaración inédita incluida en las notas complementarias del balance.
En esas líneas, la entidad advirtió sobre la metodología para el cómputo de la cartera irregular que “infla” artificialmente las cifras. Esa aclaración llega en el marco del fuerte debate sobre la magnitud del problema de la morosidad y la discusión política respecto de la necesidad de intervención del Gobierno para rescatar a los deudores.
La entidad financiera que conduce Jorge Brito, quien coquetea con una candidatura presidencial para enfrentar a Javier Milei en las próximas elecciones, paradójicamente aportó al Gobierno un fuerte argumento para relativizar la dimensión del problema: la entidad advirtió sobre una distorsión normativa generalizada en el sistema local que altera los índices tradicionales de morosidad crediticia.
Según afirmó en su presentación distribuida a la Bolsa de Comercio, las actuales reglas de clasificación de deudores exigidas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) lo obligan a calificar formalmente en situación de mora a una porción de clientes que mantienen sus cuotas y obligaciones rigurosamente al día con la entidad.
El "efecto contagio"
Se trata de un descalce técnico basado en el denominado principio de "contagio institucional": un mecanismo que se activa de forma automática a través del sistema financiero consolidado. Cuando una empresa o un individuo entra en cesación de pagos o registra atrasos severos con una tercera entidad financiera, la Central de Deudores del BCRA actualiza su estado de riesgo. Automáticamente, el resto de las entidades bancarias del país quedan compelidas a degradar la calificación de ese cliente para mitigar riesgos sistémicos, sin importar que su conducta comercial sea impecable internamente.
Desde esta perspectiva, la aplicación estricta de esta regla infla artificialmente sus ratios de morosidad pública. Desde la entidad indicaron que el fenómeno altera la lectura directa del balance general y sobredimensiona el verdadero riesgo crediticio, dado que un gran número de estos deudores "técnicos" priorizan cancelar sus compromisos con el Macro debido a la fuerte inserción regional y de servicios que este posee. Analistas del sector destacan que, dado que gran parte de la cartera corresponde a cuentas sueldo, el banco tiene mayor eficacia a la hora de cobrar los créditos frente a otros acreedores del mismo cliente.
“Por otra parte, la morosidad final de un cliente considerado en el indicador de irregularidad es superior a la morosidad de dicho cliente en el banco, debido a recategorizaciones obligatorias establecidas por normativa del BCRA (en donde se tiene en cuenta además el deterioro en el sistema financiero, y si el mismo empeora dados ciertos requisitos existe la obligación de recategorizar al cliente)”, aportó el informe del BMA..
En cualquier caso, se trata del mismo problema normativo que advirtió el ex titular del BCRA, Martín Redrado, quien propone introducir modificaciones a esa norma, que mejoraría los balances de los bancos, para a la vez aliviar deudores. Eso porque un cambio normativo habilitaría refinanciaciones con cuotas más bajas y plazos más largos, operatoria que bajo las actuales reglas estaría clasificada de “altísimo riesgo”. Eliminar ese castigo incentivaría a los bancos, según Redrado, a ofrecer planes de refinanciación más flexibles
La aclaración planteada por el Macro reaviva esa discusión en reclamo de que el regulador permita ponderar de forma desagregada el comportamiento individual de pago frente a cada acreedor bancario.