La Comisión Nacional de Valores (CNV) presentó un ambicioso paquete de reformas que apunta a transformar el mercado de capitales local mediante una fuerte desregulación, simplificación de procesos y ampliación de instrumentos disponibles. La iniciativa, definida por algunos actores del mercado como un verdadero “big bang” normativo, busca reducir costos, eliminar trabas burocráticas y generar condiciones más dinámicas tanto para empresas como para inversores.
En concreto, lanzó seis resoluciones (RG 1132 a 1137) que permiten emitir acciones, obligaciones negociables y fideicomisos con mayor rapidez, amplían los montos bajo regímenes simplificados y agilizan la creación y modificación de fondos comunes de inversión, tanto abiertos como cerrados. También eliminan autorizaciones previas para cambios en programas y prospectos, trasladando mayor responsabilidad a emisores e intermediarios, aunque se mantiene la supervisión del organismo. A su vez, se extiende hasta 2027 el régimen de tokenización de activos y se amplía su alcance a más instrumentos.
El núcleo de las medidas está orientado a agilizar la operatoria y facilitar el acceso al financiamiento. Desde la óptica del sector privado, las primeras reacciones fueron mayormente positivas. Para el asesor financiero Fernando Villar, las reformas desde la llegada de la nueva gestión del organismo regulador "fueron excelentes”, ya que se orientan a “facilitar la vida de las empresas, tanto cotizantes como las nuevas”, además de ampliar el acceso al mercado para actores que antes quedaban al margen.
Uno de los puntos que más entusiasmo genera es el nuevo esquema para los fondos comunes de inversión (FCI). Según Villar, el régimen de oferta pública con autorización automática representa un cambio sustancial, ya que permitirá reducir tiempos y costos en la creación y modificación de fondos. En particular, el ejecutivo remarcó que “para los fondos abiertos se van a poder automatizar, quitando burocracia y costos, la constitución y modificación”, lo que responde a un reclamo histórico de la industria.
Esta mayor flexibilidad resulta clave en un contexto donde los productos financieros evolucionan rápidamente. “Las administradoras pedían tener mayor velocidad para modificar los fondos o crear nuevos, porque es una industria que va migrando en el tiempo”, explicó el especialista. En ese sentido, la eliminación de cuellos de botella regulatorios podría acelerar la innovación y diversificación de instrumentos disponibles.
El impacto también se extiende a los fondos cerrados, especialmente aquellos vinculados al sector inmobiliario. Villar consideró que el nuevo régimen automático “es muy bueno” para este segmento porque facilitará la estructuración de proyectos y su financiamiento a través del mercado de capitales. En paralelo, destacó que las tradicionales restricciones (las “famosas ‘C’ que siempre escaseaban”) ahora podrían superarse con mayor facilidad.
“Vamos a ver una mayor cantidad de activos cotizantes y muchas más empresas o proyectos que se van a poder financiar”, sostuvo Villar. A su vez, enfatizó que esto fortalece el rol central del mercado de capitales: canalizar ahorro hacia inversión productiva en distintos horizontes de tiempo.
Para los inversores, el cambio también promete beneficios concretos. Villar anticipó que las nuevas condiciones permitirán acceder a “muchísimos más productos”, lo que podría traducirse en mejores rendimientos, una reducción del riesgo a través de mayor diversificación y una operatoria más simple y ágil.
No obstante, no todas las miradas son completamente optimistas. El consultor Mariano Pantanetti aclaró que, si bien la flexibilización es, en principio, positiva, los inversores deberían prestar más atención que en el presente.
Según explicó, en un esquema con mayor autorregulación por parte de las empresas emisoras, cobra especial importancia el nivel de información y educación financiera de quienes participan del mercado. “Sería bueno que los inversores aprendan y estén más informados”, indicó, al tiempo que alertó sobre posibles riesgos derivados de malas prácticas, negligencia o incluso conductas dolosas.
En este contexto, el rol de los intermediarios financieros adquiere mayor relevancia. El experto señaló que agentes, asesores y sociedades de bolsa deberán reforzar su tarea de análisis y acompañamiento para asegurar que los instrumentos elegidos sean consistentes con el perfil de riesgo de cada inversor. La menor intervención directa del regulador, en este sentido, implica un desafío adicional para el ecosistema.