La Unidad de Información Financiera (UIF) celebró la aprobación del proyecto de reforma del sistema normativo nacional enviado por el Poder Ejecutivo, y destacó que responde "a la necesidad de una puesta a punto del marco normativo que tome en cuenta la propia evolución del sistema antilavado y las modificaciones, y actualizaciones en los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)".
En respuesta, ONG Bitcoin Argentina se opuso contundentemente, afirmando que la norma “excede las pretensiones del GAFI” y “destruye y criminaliza fuentes de trabajo lícitas y legítimas”.
En qué consiste la reforma
Específicamente, la iniciativa fue aprobada en la Cámara de Diputados por 112 votos contra 96, y 5 abstenciones. Ahora, deberá ser analizada por el Senado para su sanción definitiva.
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Entre las modificaciones al Código Penal, se destacan el aumento del monto de la condición objetiva de punibilidad prevista en el inciso 1 y la implementación de una unidad de medida (Salario Mínimo Vital y Móvil), se añade a los combatientes terroristas extranjeros y se incluye todo tipo de activos, incluidos los activos virtuales, al tipo penal de financiación del terrorismo.
Además, se incorporan al tipo penal de terrorismo tipos penales previstos en convenciones internacionales y se suma un nuevo tipo penal de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
La reforma de la Ley N° 25.246 agrega un artículo que adjunta definiciones relevantes para el sistema PLA/CFT y otorga a la UIF la autarquía funcional, administrativa, económica y financiera. También se refuerza el mecanismo de audiencia pública previa a la designación de las autoridades de la UIF y se suma a las competencias de la UIF el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
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La iniciativa propone la creación de un registro público centralizado de beneficiarios finales, cuya autoridad de aplicación será la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), y se establece un capítulo referido al Registro de Proveedores de Servicio de Activos Virtuales, a los fines de establecer que la Comisión Nacional de Valores (CNV) será el organismo encargado del registro, regulación y supervisión de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales.
A su vez, se implementa un nuevo Capítulo para el control del Congreso del sistema de prevención, investigación y persecución penal de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de armas de destrucción masiva, a través de la Comisión Bicameral de Fiscalización y Organismos de Actividades de Inteligencia.
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La respuesta de ONG Bitcoin Argentina
A través de un comunicado, la organización sin fines de lucro expresó que "este proyecto de ley excede las pretensiones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y golpea innecesariamente a la criptoeconomía, en especial a las personas que actúan en el ecosistema, sea como usuarios finales o como pequeños y medianos operadores y prestadores de servicios tecnológicos, comerciales y financieros de valor agregado, que llevan adelante una actividad lícita, muy demandada por la sociedad”.
En tanto, agregó que el proyecto de ley sólo beneficia a los grandes operadores de servicios de exchanges, eventualmente a los bancos cuando el Banco Central los autorice y a los operadores internacionales que actúan sin presencia en el país.
“Comprendemos la necesidad de llevar adelante medidas para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, pero la normativa actual constituye una política legislativa de control innecesario que destruye y criminaliza fuentes de trabajo legítimas", destacaron desde ONG Bitcoin Argentina.
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"El proyecto actual expulsa a los usuarios hacia la informalidad o hacia los exchanges internacionales, fuera del alcance jurisdiccional de las autoridades locales, y en los cuales los usuarios no tienen ninguna capacidad de evaluar los riesgos y de demandar legalmente ante posibles incumplimientos”, resaltaron.
Por último, enfatizaron en que “la Cámara de Senadores de la Nación está a tiempo de evaluar las modificaciones necesarias para que esta norma no afecte de forma negativa a miles de personas que trabajan dentro de un sector económico pujante y activo como lo es la industria cripto".
"Desde la ONG Bitcoin Argentina queremos colaborar en la generación y crecimiento de una criptoeconomía sana, pujante y competitiva. Esperamos que los organismos con competencias ya establecidas por ley las ejerzan para investigar y reprimir las estafas y delitos, sin entorpecer con controles innecesarios el ejercicio de actividades lícitas y socialmente útiles”, concluyeron.