Argentina recibió un nuevo fallo adverso por el juicio de la expropiación de YPF que ordena al gobierno a entregar su participación accionaria en la petrolera. La sentencia de la jueza Loretta Preska fue anticipada por el especialista Sebastián Maril, quien indicó a este medio que se trata de una instancia apelable.
"YPF sigue estando al margen. Le embargan un activo a la Argentina. De todas maneras, va a ser apelado porque la Ley de Presupuesto le impide al país pagar algo que no sea una sentencia final, cosa que no lo es", explicó el director de Latam Advisors.
La noticia tuvo un impacto directo en la acción de la compañía que se derrumbó más de un 7% en pocos minutos. "Era algo que no se esperaba", afirmaron desde el mercado.
El juicio contra el Estado se origina por la expropiación del año 2012 en la cual la administración nacional no cumplió con el estatuto de YPF que obliga a realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) al resto de los accionistas.
De ahí que el país fue multado con un pago de 16.000 millones de dólares que fue apelando en instancias sucesivas. Ahora, este fallo agrega presión y sienta otro precedente negativo que acerca cada vez más la fecha de negociación con el fondo Burford Capital.
Los especialistas sostienen que lo más probable es que este traspaso accionario de YPF no se concrete ni ahora ni más adelante dado que no es del interés de Burford Capital. Del mismo modo que sucedió en 2012, se vería obligado a realizar esta OPA al resto de los accionistas y no está en condiciones de asumirlo ya que es una firma especialista en litigios.
Entre tanto, si bien el monto de la sentencia se puede llegar a reducir en instancias de diálogo, a medida que corre el tiempo se van acumulando intereses del orden de 1.000 millones de dólares al año.
En resumen, el fallo de Preska se puede dividir en 10 puntos centrales:
- Monto y causa. El fallo "Petersen Energía Inversora v. Argentine Republic" condena al país a US$ 16,1 mil millones por incumplir la cláusula de oferta pública tras la estatización.
- Paquete a entregar. Son el 51 % de las acciones Clase D que controla el Estado a través de la Anses y el Tesoro.
- Plazos estrictos. Depósito en BNYM dentro de 14 días y traspaso a los fondos en 1 día hábil posterior.
- Base legal. Orden emitida bajo la Regla 69 FRCP, CPLR § 5225(c) y UCC § 8-112(e) de Nueva York.
- FSIA sin amparo. Excepción comercial (§ 1610(a)(2)): el paquete accionario se usa para dirigir YPF en EE. UU. (ADR en NYSE, registros SEC, deuda 144A).
- Valores no certificados. Las acciones, asentadas en Caja de Valores, son libremente transferibles; su situs pasa a Nueva York al entrar en BNYM.
- Ley argentina sin efecto. El art. 10 de la Ley 26.741 no bloquea la transferencia: prevalece la normativa federal estadounidense.
- Comidad internacional. EE. UU. tiene un interés superior en hacer cumplir sus sentencias; no hay "conflicto real" con la ley argentina.
- Rechazo de audiencia. Preska resolvió sin vista oral y desestimó la postergación solicitada por la defensa.
- Riesgo de desacato. Si la Argentina incumple, los demandantes pueden pedir sanciones civiles y nuevos embargos sobre activos soberanos.