Aunque la ley de reforma laboral sancionada por el Congreso está ahora frenada en la Justicia, la Comisión Nacional de Valores (CNV) avanza en la discusión con los agentes del mercado de capitales para definir la reglamentación de uno de los artículos centrales de la nueva legislación: la creación de los fondos de asistencia laboral, FALs, destinados a cubrir las indemnizaciones. 

El nuevo esquema, que no implica costo adicional para las empresas aunque sí una pérdida de recursos para la seguridad social ya que absorbe aportes patronales que hasta ahora se destinan a la ANSES, debutaría el 1° de junio según los plazos estipulados. Pero aún faltan definir cuestiones clave que inquietan a la industria de fondos comunes de inversión, donde la iniciativa es más que celebrada. 

“Si bien aún falta reglamentar las posibilidades de inversión de los FALs, su implementación podría generar una revolución en el mercado de capitales, que aumentaría año tras año. El impacto se vería especialmente pasado los primeros ejercicios, cuando los fondos comiencen a crecer”, apuntó Matías Salcedo, Head de Financiamiento de Cohen, quien lleva una meticulosa lista de unos 10 puntos que discuten con Roberto Silva, titular de la CNV, y que deberían resolverse en menos de un mes. 

Entre esos puntos destaca uno central para el sector: la definición de en qué instrumentos podrán los nuevos fondos invertir. 

“En el caso de que se puedan suscribir diversos instrumentos de deuda corporativa, eso se traduciría en un incremento de las emisiones y en una disminución de las tasas de financiamiento de las empresas”, opinó Salcedo. En cualquier caso, lo central es el riesgo vs. el rendimiento mínimo esperado. 

“Aún no hay regulación respecto a cuáles serán los lineamientos de los activos autorizados de las carteras de los FAL, considerando y entendiendo que el rendimiento neto mínimo esperable para estos productos debería ser como mínimo equiparar la inflación, estimamos que debería haber foco hacia activos locales, con sesgo a activos en pesos con ajuste de capital” arriesgó Damián Zuzek, Director SBS Asset Management. Para el experto, el nuevo régimen está diseñado para afrontar indemnizaciones “de manera eficiente", ya que cree que combina neutralidad económica, trato fiscal preferencial y un fuerte impulso al ahorro doméstico. @@FIGURE@@

Ese último punto es clave: los cálculos parten de una capitalización mínima anual de US$ 1.600 millones hasta US$4.000 millones, lo que dotaría de una considerable profundidad al mercado local. Un informe de la gestora de inversiones Cono Sur, consideró que la herramienta creada permitiría sentar las bases de un stock de ahorro interno de largo plazo. De acuerdo con el análisis, el cambio contribuiría a revertir una anomalía regional persistente: la bajísima penetración del crédito al sector privado, que en el país apenas alcanza el 12% del PBI, frente a niveles que superan el 100% en países vecinos como Chile. “La falta de financiamiento genuino ha sido una restricción estructural durante décadas, impidiendo el desarrollo de sectores estratégicos, especialmente el mercado hipotecario, que en el ámbito local representa un marginal 0,3% del producto interno”, sostiene.

El informe de la sociedad gerente compara la iniciativa con experiencia similares de los países limítrofes. Cita el caso de Chile, donde los fondos gestionados por las administradoras de pensiones resultaron en el “ancla de la estabilidad macroeconómica, financiando la red de autopistas más moderna de Latinoamérica y permitiendo un crecimiento sustancial del PBI per cápita desde la década del noventa”. También destaca el caso de Brasil, que utiliza el Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), un antecedente más directo del FAL, como la mayor fuente de financiamiento para infraestructura social y vivienda. Uruguay, mientras tanto, logró "industrializar" su ahorro previsional orientándolo a sectores estratégicos como el forestal y el ganadero a través de fideicomisos financieros.

En la Argentina, el esquema prevé aportes obligatorios que variarán según el tamaño de la firma: un 1% para las grandes empresas y un 2,5% para las Pymes, calculados sobre las cargas sociales. El monto se descuenta de los pagos que actualmente se realizan al Estado. Estos fondos, destinados a cubrir indemnizaciones, estarán exentos de impuestos como Ganancias e IVA, permitiendo que el capital acumulado genere rendimientos bajo una gestión que busca proteger el valor del ahorro.