El sector energético es, sin dudas, uno de los ejes de la nueva Ley Ómnibus que fue presentada este miércoles por el Gobierno. La magnitud de cambios estructurales y el proceso de desregulación no tiene precedentes y pocas actividades sufrieron tantas modificaciones en este paquete enviado al Congreso.

Su espíritu claramente apunta a dar una señal de precios que atraiga inversiones y permita un salto exportador de Vaca Muerta, aunque a un costo alto para los consumidores locales. El eje de los cambios es la liberación del comercio de hidrocarburos y combustibles para darle una escala global al mercado del petróleo y gas de Vaca Muerta.

Desde hace años que el sector viene pidiendo modificar el sistema de permisos de exportación que limitan la capacidad de ventas externas por la incertidumbre de no poder disponer de esos recursos frente a un pedido de abastecimiento interno. De ahí, la imposibilidad de celebrar contratos en firme de largo plazo y la desconfianza de los compradores extranjeros frente a una legislación tan restrictiva. 

El Gobierno anterior era consciente de esta situación y venía prometiendo flexibilizar estos controles, pero con avances concretos muy acotados. Ahora, la nueva administración decidió ir al extremo y liberalizar por completo tanto las importaciones como las exportaciones (salvo en gas natural donde hay preocupación especialmente para el próximo invierno).

En cuanto al mercado interno, el proyecto sostiene que “el Poder Ejecutivo no podrá intervenir o fijar precios de comercialización en cualquiera de las etapas de producción” y, en el caso de las empresas estatales, “estas solo podrán vender a precios de paridades de exportación o importación, según corresponda”.

En la práctica, garantiza que las productoras vendan el crudo a las refinadoras al mismo precio que lo hacen a sus compradores externos y que los precios de combustibles en surtidor tengan una alineación total con los valores internacionales. 

La normativa también libera los precios y los cupos de los biocombustibles, pero sostiene el corte de mezcla obligatoria actual del 7,5% en biodiesel y 12% en bioetanol.

En miras a incentivar todavía más la exportación, el Ejecutivo da marcha atrás con su idea de incrementar retenciones y deja a los hidrocarburos y a la minería con el mismo nivel impositivo que tenían antes.

Uno de los artículos más polémicos determina que “las provincias y el Estado nacional, cada uno con relación a la exploración y explotación de los recursos hidrocarburíferos de su dominio, no establecerán en el futuro nuevas áreas reservadas a favor de entidades o empresas públicas o con participación estatal, cualquiera fuera su forma jurídica", un apartado dirigido expresamente para perjudicar a YPF, salvo que se venda la totalidad de las acciones del Estado. De hecho, la propia ley declara como sujeto de privatización a diversas empresas energéticas como YPF, Enarsa, Dioxitek y Nucleoeléctrica.

Otro capítulo que genera incertidumbre es el que autoriza a renegociar contratos por motivos de emergencia, donde quedan incluidos tanto los acuerdos del Plan Gas (que tenían vigencia hasta 2028 y eran apoyados por la industria) como los PPA entre generadores eléctricos y Cammesa.