Matías Surt presentó un diagnóstico crudo del sistema tributario argentino durante el 61° Coloquio de IDEA en Mar del Plata. Frente a un auditorio cargado de empresarios y funcionarios, el economista advirtió sobre los desequilibrios que arrastra el país en materia de gasto público, presión fiscal y evasión impositiva. Su exposición no se quedó solo en los números, sino que apuntó de lleno contra la estructura tributaria vigente, a la que calificó como distorsiva, ineficiente e injusta.

El Socio-Director de Invecq remarcó que, aunque en los últimos años hubo un ajuste fiscal significativo, aún falta avanzar sobre los impuestos que más dañan la inversión, la competitividad y el consumo interno. También destacó que la evasión fiscal agrava el problema, cargando con más peso a quienes cumplen con sus obligaciones. Según Surt, si el país pudiera reducir esos niveles de evasión y reformar su esquema impositivo, se podría recuperar hasta cuatro puntos del PBI sin necesidad de subir alícuotas.

El salto del gasto público: de los 90 al ajuste reciente

Surt señaló que, en las últimas dos décadas, Argentina atravesó un cambio profundo en la dimensión del gasto público. Indicó que, a mediados de los años 90, el gasto consolidado —que incluye a la Nación, las provincias y los municipios— representaba en promedio 29 puntos del PBI, ubicándose por debajo del 30%. Esa relación comenzó a escalar de manera sostenida hasta alcanzar su pico en 2015, con 43 puntos del PBI, un récord en la serie histórica que evidenció el peso creciente del Estado en la economía nacional.

Ese salto marcó una transformación estructural que perduró durante años, y que recién empezó a revertirse en la última década. Según Matías Surt, Socio-Director de Invecq, entre 2015 y 2025 el país logró una reducción importante: el gasto público bajó de 43 a 32,5 puntos del PBI. Se trata de una corrección de 10,5 puntos, de los cuales 8,5 corresponden al gasto nacional, 1,8 al provincial y apenas 0,2 puntos al municipal. El grueso del esfuerzo, por lo tanto, recayó sobre el gobierno central.

El ajuste se concentró especialmente en los últimos dos años. Durante 2024 y 2025, el gobierno redujo de forma marcada varias partidas, lo que provocó no solo un impacto fiscal sino también tensiones políticas y sociales. A pesar de los costos que este proceso arrastra, Surt planteó que sin ese reordenamiento del gasto, una baja de impuestos resulta inviable.

De todos modos, apuntó que alcanzar metas más ambiciosas como las que propone el Pacto de Mayo —que establece un gasto consolidado de 25 puntos del PBI— se presenta como un desafío de alta complejidad. Volver a niveles incluso inferiores a los de los años 90 requeriría decisiones drásticas y de gran impacto político. "Si en los noventa teníamos 29 puntos, llegar a 25 parece difícil o muy costoso", advirtió el economista.

Presión tributaria en la Argentina: el peso oculto que carga el sector formal

Argentina arrastra una de las presiones tributarias más altas del mundo, y según datos recientes, se ubica en 8 puntos por encima del promedio regional. Con una recaudación estimada en 27,8 puntos del PBI, la carga que enfrenta el conjunto de la economía ya es elevada.

Matías Surt explicó que uno de los elementos que no siempre se tiene en cuenta al hablar de la presión impositiva en Argentina es la tasa de evasión, que se mantiene en niveles elevados.  Según detalló, en 2024 ese índice llegó al 37% en el caso del IVA, mientras que en otros países de la región los valores fueron considerablemente más bajos: Colombia tuvo un 23%, Chile un 19% y Uruguay un 15%, de acuerdo a datos elaborados por Arca. 

"Tenemos mucho para ganar con una baja de la tasa de evasión que hoy tiene la Argentina. ¿Por qué? Porque esa tasa de evasión implica que, entonces, ese 28% por de presión tributaria real o visible oculta una presión tributaria en realidad invisible que se aproxima al 45% del PBI, y algunos incluso lo estiman un poquito más alto, llegando al 50% del PBI", profundizó.

Surt se refiere a que, aunque Argentina recauda alrededor del 28% del PBI en impuestos, esa cifra no muestra toda la historia, porque no todos pagan.
Hay una parte de la economía —la informal o evasora— que no aporta nada. Entonces, los que sí pagan (las empresas y trabajadores formales) tienen que sostener con sus impuestos lo que los demás no pagan.

Por eso, cuando se calcula cuánta carga recae realmente sobre los que cumplen, se ve que ese 28% promedio se convierte, en la práctica, en una presión cercana al 45% o incluso al 50% del PBI.

En otras palabras, la presión "visible" del país es 28%, pero la presión "real" sobre el sector formal es mucho más alta, porque la evasión concentra el peso en menos contribuyentes.

Ese fenómeno no es solo un problema de recaudación. También desequilibra los mercados, genera competencia desleal entre empresas formales e informales, y deteriora las condiciones para la inversión y el desarrollo. Mientras un grupo de compañías afronta alícuotas imposibles y costos laborales completos, otra porción significativa de la economía opera fuera del radar del Estado. Esa desigualdad, además de ser ineficiente, es injusta.

Matías Surt explicó que si el país lograra reducir la evasión hacia los niveles más razonables de la región, podría recuperar al menos cuatro puntos del PBI en recaudación. No se trata de subir impuestos ni de aplicar nuevas cargas, sino de mejorar el cumplimiento de los tributos existentes. Alcanzar esa meta no es sencillo ni inmediato, pero sí representa una vía concreta para aliviar la presión sobre quienes ya pagan, sin resignar ingresos públicos.

Surt marcó que el problema no es solo cuánto se cobra, sino cómo y a quiénes. El sistema actual presiona con fuerza sobre los sectores más productivos y más visibles, mientras deja zonas enteras de la economía en la informalidad. La reducción de la evasión y una estructura impositiva más equilibrada podrían representar un alivio clave para el sector privado, sin comprometer la sustentabilidad fiscal. Pero, como advirtió Surt, el país necesita un esfuerzo tan serio como el que ya hizo para reducir el gasto público. Sin eso, la cancha sigue inclinada.

Los impuestos superdistorsivos

El otro punto que según el especialista agrava este cuadro tiene que ver con la forma en que está estructurado el sistema tributario. Surt señala que la Argentina depende en exceso de impuestos altamente distorsivos, aquellos que más daño causan al crecimiento económico, a la generación de empleo, a la inversión y a las exportaciones. 

Según Surt, mientras el resto del mundo recauda entre 1 punto y 2,1 puntos del PBI por ese tipo de tributos, Argentina soporta casi 8 puntos del PBI. Ese monto concentra partidas como ingresos brutos (aproximadamente 4 puntos), derechos de exportación (1,2 puntos), aranceles de importación (0,7 puntos) y las transacciones financieras o impuesto al cheque (1,7 puntos).

El economista señaló además que, si se suma la contribución municipal por tasas sobre la facturación, de alrededor de 1,5 puntos del PBI, el total de estos malos impuestos trepa a casi 9 puntos del PBI. Para Surt, ese nivel de cargas "ahoga al sector privado y a la inversión privada", porque interpone barreras sobre la actividad productiva que reducen la competitividad y encarecen los precios finales.

En su exposición, Surt evaluó las medidas que se tomaron hasta ahora y las calificó de insuficientes. Hubo reducciones parciales: bajaron algunos aranceles a la importación de bienes de capital y maquinaria, y se instrumentaron recortes intermitentes en derechos de exportación. Sin embargo, las alícuotas del impuesto al cheque a nivel nacional y las de ingresos brutos a nivel provincial permanecieron prácticamente sin cambios. El resultado, sostuvo, fue que en algunos casos las provincias elevaron alícuotas de ingresos brutos en los últimos dos años, lo que contradice la dirección necesaria para aliviar las distorsiones.

Surt puso en relación este diagnóstico con el potencial recupero fiscal que implicaría atacar la evasión y redefinir la estructura impositiva: recordó que la recuperación estimada por menor evasión ronda 4 puntos del PBI, cifra que prácticamente equivaldría a lo que hoy recaudan ingresos brutos. Para él, esa coincidencia subraya que actuar sobre estos impuestos y sobre el cumplimiento fiscal podría liberar márgenes para reducir las cargas más nocivas sin poner en riesgo la sustentabilidad de las cuentas públicas.

En su mensaje, Surt pidió que cualquier reforma tributaria priorice la corrección de esta "desconexión" respecto de lo que es un sistema tributario normal, y que apunte a sustituir impuestos superdistorsivos por instrumentos menos perjudiciales para la actividad productiva.

Ingresos brutos provinciales: un impuesto que penaliza el valor agregado

Según explicó Surt, este impuesto provincial aplica tasas que, en promedio, oscilan entre 3,1% y 4,4%, con Corrientes como la provincia con la alícuota más baja y Buenos Aires como la más alta. Más allá de la diferencia entre jurisdicciones, el problema central, subrayó, radica en su efecto encascada.

Ese efecto ocurre cuando el impuesto se acumula a lo largo de las distintas etapas de una cadena de valor, generando una carga creciente que se traslada al precio final del bien o servicio. Cuantos más eslabones tenga esa cadena, mayor será el impacto distorsivo. Surt fue claro: "La estructura tributaria atenta contra el agregado de valor y las exportaciones", en abierta contradicción con los discursos que suelen promover el desarrollo industrial y la inserción internacional.

Para dimensionar ese efecto, Surt propuso comparar la recaudación de ingresos brutos con la del IVA, un impuesto que permite descuentos a lo largo del proceso productivo. Si se asumiera que ingresos brutos opera como un IVA adicional, hoy equivaldría a una alícuota extra de 11%. Esto implica que, en los hechos, el país enfrenta una carga impositiva cercana al 32% sobre el consumo: 21% del IVA nacional más 11% de ingresos brutos.

La evolución histórica también preocupa. En los años 90, ese extra representaba apenas un 6%, lo que marca un salto significativo en el peso de este tributo sobre el sistema productivo. Para Surt, esta duplicación refleja cómo el impuesto se transformó en una traba cada vez más pesada para la competitividad y la inversión.

Tasas municipales: una carga desigual y creciente

Matías Surt también apuntó contra el tercer nivel del problema tributario: el municipal. En su exposición, mostró cómo las tasas municipales aplicadas por distintos distritos del país agravan la presión fiscal sobre actividades clave. El equipo de IDEA relevó entre 30 y 35 municipios, y encontró una enorme disparidad entre ellos.

Para el rubro supermercados e hipermercados, la alícuota promedio ronda el 1%, pero hay casos donde se cobra hasta 6% sobre la facturación, con otros municipios aplicando 4,5%, 3,7% o 2,4%. En el otro extremo, hay jurisdicciones que aplican tasas de 0,5%, 0,4% e incluso 0%, lo que refleja la falta de criterios comunes y el carácter arbitrario de esta imposición.

En gastronomía, la situación es similar: la alícuota promedio es de 0,3%, pero en algunos municipios trepa a 4,2%, 1,6% y 1,5%. La carga se vuelve aún más pesada en el sector financiero. Un informe reciente del IERAL mostró que los bancos y servicios financieros pagan tasas municipales de hasta 7,8%, con promedios del 3,5% en ciudades grandes.

Surt remarcó que al analizar en conjunto el esquema tributario argentino, la magnitud del problema se vuelve evidente. Estas tasas locales, además de ser impredecibles, se suman a otros tributos distorsivos, generando una presión acumulada que dificulta el desarrollo formal de la actividad económica.

La incidencia tributaria en los precios: del supermercado al auto importado

Matías Surt cerró su presentación en el Coloquio de IDEA con un análisis que buscó poner en evidencia cómo la estructura tributaria afecta directamente el precio de los productos que consumen tanto las empresas como las familias. A través de un trabajo realizado junto a su equipo durante todo el año, midieron la carga impositiva contenida en una amplia variedad de bienes: desde alimentos y productos industriales hasta bienes durables como electrodomésticos y autos.

Uno de los ejemplos más contundentes fue el de los autos importados. Para evitar debates sobre el "costo argentino" o las particularidades de la producción local, compararon un mismo modelo que ingresa a Argentina, Brasil, Estados Unidos y Chile. Con impuestos incluidos, ese auto cuesta en Argentina un 15% más que en EE.UU. y un 28% más que en Chile. Sin impuestos, sin embargo, ese mismo auto pasaría a ser entre 7% y 12% más barato en el país. Esa diferencia evidencia que buena parte del encarecimiento se explica por la carga impositiva.

Este patrón se repite en numerosos productos. El estudio midió la incidencia fiscal sobre el precio en alimentos, acero como insumo industrial, pinturas, naftas, cervezas, heladeras, arroz y hamburguesas, entre otros. En todos los casos, se contemplaron impuestos nacionales, provinciales y municipales: IVA, impuesto a las ganancias, ingresos brutos, cargas sociales, tasas municipales, impuesto al cheque y otros tributos específicos. La conclusión fue contundente: la carga tributaria total sobre el precio oscila entre el 35% y el 52%, según el producto.

Algunos ejemplos concretos marcaron cifras como 35,7%, 44,4%, 41,5% y hasta 52,4% del precio final correspondiente a impuestos. No se trata de casos aislados, sino de una presión impositiva generalizada que atraviesa la mayoría de los sectores económicos. Y lo más crítico, según Surt, es que dentro de esa carga, entre 20% y 35% corresponde a los impuestos más distorsivos, como ingresos brutos, el impuesto al cheque y ciertas tasas municipales.

Surt destacó que si Argentina pudiera adaptar su esquema fiscal hacia un modelo más "normal", como el que aplican otros países de la región con igual nivel de desarrollo, podría eliminar casi un tercio de los impuestos que hoy están incorporados en el precio de los productos, sin necesidad de resignar recaudación. El camino sería doble: reducir los impuestos que más perjudican la producción y combatir la evasión, que sigue en niveles altos.

En ese sentido, IDEA también elaboró una comparación regional. Se analizaron productos de consumo masivo como shampoo, desodorante, mayonesa y otros bienes que cualquier persona encuentra en una góndola. Al comparar la carga tributaria contenida en esos productos con la que se paga en Uruguay, Chile y Paraguay, los resultados no dejaron dudas.

Uruguay mostró una carga entre 5% y 10% menor. Chile, entre 25% y 30% menos. Y Paraguay, con una estructura estatal mucho más chica, llega a tener impuestos hasta 60% más bajos dentro del precio final de cada uno de esos bienes. Esa diferencia, explicó Surt, no se debe solo al nivel de recaudación, sino a cómo está distribuida la carga y qué tipos de tributos se aplican en cada eslabón de la cadena de producción y consumo.

Este tipo de análisis busca reforzar una idea central que atravesó toda su exposición: la estructura tributaria argentina penaliza el consumo formal y desalienta la inversión. Por eso, insistió en que cualquier reforma seria debe enfocarse en reducir la dependencia de los impuestos más dañinos y en distribuir mejor la carga impositiva, para que no caiga siempre sobre los mismos sectores.

En otras palabras, la alta presión tributaria no solo afecta a las empresas. También encarece la vida diaria de las personas. Desde un litro de pintura hasta una hamburguesa o una heladera, el precio que se paga en góndola incluye un peso impositivo que, en muchos casos, triplica o cuadruplica el que existe en otros países de la región.

Una estructura tributaria que desalienta y desequilibra

Para Matías Surt, el punto de partida es claro: Argentina tiene un gasto público estructuralmente más alto que el promedio regional. Ese tamaño del Estado, asumido a lo largo de las últimas décadas, implica que el país mantendrá una presión tributaria más elevada que otras economías similares. Sin embargo, eso no significa que deba recaer sobre los tributos más dañinos para el sector productivo ni mucho menos que se tolere el nivel de evasión que atraviesa el sistema.

Surt remarcó que una cosa es aceptar que el Estado necesita financiarse, y otra muy distinta es hacerlo a través de los impuestos que más obstaculizan la inversión, el empleo y las exportaciones. Señaló que la actual estructura no solo es ineficiente: también genera una distribución desigual de la carga tributaria, castigando más a quienes están formalizados y beneficiando, indirectamente, a quienes operan fuera del sistema.

Según su diagnóstico, la combinación entre impuestos distorsivos y altos niveles de evasión provoca tres consecuencias centrales: frena el crecimiento económico, encarece los bienes y servicios que pagan los consumidores y desequilibra la competencia, tanto entre empresas locales como frente a las importaciones. En un contexto donde se busca abrir la economía al mundo, Surt insistió en que es indispensable "nivelar la cancha", y que uno de los terrenos más urgentes donde hacerlo es el tributario. La carga actual no solo ahoga a los que producen: también frena cualquier intento de desarrollo sostenido.