El déficit primario finalizó el primer semestre muy por encima de lo que marcaba el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). A pesar de ese saldo, el Gobierno registró paralelamente un importante incremento en la postergación de los pagos, herramienta que permite maquillar transitoriamente el resultado fiscal. En concreto, esa “deuda flotante” del Sector Público Nacional acumuló en el primer semestre $2,6 billones, el mayor nivel para ese período en la última década.
Los últimos datos de la Tesorería General de la Nación arrojaron que el stock de pagos postergados por la Administración Pública Nacional (APN) cerró junio con una suma de $1,610 billones, un 56% por encima de los niveles del mes previo. De ese total, $94.921 millones corresponden a obligaciones pendientes desde 2022 y $1,515 billones al año en curso.
Al respecto, la consultora Ecolatina resaltó que la deuda flotante tiene un rol clave para explicar la dinámica del gasto que lleva adelante el ministro de Economía, Sergio Massa. “En los últimos meses, el atraso en los pagos fue uno de los principales instrumentos de las autoridades para contener el gasto en base caja. Esto se verifica con el salto y la posterior normalización de la deuda flotante en los cierres trimestrales, es decir, para los meses en los que el Gobierno debía cumplir con las metas fiscales pactadas con el FMI”, explicaron.
“En números, la deuda flotante de la Administración Pública Central (explica la mayor parte del SPNF) mostró un incremento del 56% mensual en junio, una suba inferior a las evidenciadas en diciembre y marzo (cerca 90% en ambos casos), aunque partiendo de niveles superiores”, añadieron.
En el acuerdo con el Fondo hay una meta para el nivel de deuda flotante que puede acumular el Gobierno de $1,77 billones al cierre de cada trimestre. El problema es que ese objetivo es difuso porque una parte de la información tiene en cuenta a sectores de la Administración Pública que el organismo no tiene en cuenta y porque la contabilización de ese target surge de un promedio diario de todo el trimestre. Por tanto, es difícil saber si ahí hubo un nuevo incumplimiento de la Argentina.
Por su parte, desde la consultora LCG precisaron que si se suman las obligaciones de las cajas provinciales y los organismos descentralizados, la deuda flotante asciende a $2,6 billones o 1,5% del PBI. “Se trata del mayor nivel acumulado en el primer semestre desde 2013”, señalaron.
La diferencia entre el gasto devengado y el base caja (lo efectivamente pagado), fue clave para que el Gobierno no finalizara el primer semestre con un resultado fiscal peor al que se observó. En detalle, el rojo primario acumuló $1,88 billones o 1,1% del PBI, por lo que superó en $700.000 millones el límite que establecía el acuerdo con el Fondo.
Allí jugó un papel fundamental el efecto de la seca en los ingresos del fisco, ya que el ajuste que aplicó el ministro de Economía, Sergio Massa, no tuvo como correlato una baja del déficit. “Si bien en lo que va del año la fuerte caída en los ingresos (-9% interanual real) más que compensó el ajuste sobre el Gasto Primario (-6%), el marcado impacto de la sequía cobre los recursos fiscales no es la única explicación del incumplimiento. De hecho, si la recaudación por Derechos de Exportación se hubiera mantenido estable en términos reales, la meta fiscal para el primer semestre también se habría incumplido por más de $140.000 millones”, puntualizó Ecolatina.
Ahora, el Gobierno busca acelerar la recaudación con la aplicación del impuesto PAIS para las importaciones tanto de bienes como de servicios y la inclusión del maíz en el tipo de cambio diferencial para el agro. Los cálculos oficiales arrojaron que los recursos adicionales podrían ser de $1,3 billones hasta fin de año, aunque diferentes estimaciones privadas arrojaron que será muchísimo menos, en torno a un tercio de ese valor.
