El Fondo de Asistencia Laboral (FAL), creado por la ley de reforma laboral se perfila como un nuevo actor dentro del sistema financiero argentino que apunta a fortalecer el financiamiento del sector privado con un flujo de más de US$ 3.000 anuales en el mercado de capitales. En la práctica, funcionará igual que un fondo común de inversión abierto de renta fija, lo que ampliará considerablemente la base de inversores aunque su impacto será restringido.

Es lo que advierte un reciente informe de Moody´s sobre el instrumento que, en principio, debutaría el 1° de noviembre aunque no se descarta un mes más de demora en su instrumentación. 

Para la calificadora, el impacto de los nuevos fondos para pagar indemnizaciones será relevante en la ampliación de la base de inversores, aunque con un alcance limitado por las restricciones normativas sobre los activos permitidos. El FAL funcionará como un patrimonio separado e inembargable, administrado a través de Fondos Comunes de Inversión o Fideicomisos Financieros, con el objetivo de coadyuvar al pago de indemnizaciones por parte de los empleadores. En la práctica, se asemejará a un fondo abierto de renta fija, pero con la particularidad de que los rescates estarán destinados exclusivamente a cubrir obligaciones laborales.

La implementación de ese instrumento generará una demanda estructural de instrumentos financieros elegibles. Moody’s destaca que este esquema permitirá el acceso indirecto de agentes económicos que tradicionalmente no participan del mercado de capitales, ya que alcanzará a todos los empleadores privados, independientemente de su tamaño. De este modo, se consolidará como un segmento nuevo dentro de la industria de fondos, con potencial de escalar en el tiempo a medida que se acumulen las contribuciones patronales.

Sin embargo, destacó que el alcance de las carteras estará condicionado por la normativa vigente. Esto porque resolución 1276/26 del Ministerio de Economía estableció que las inversiones deberán destinarse principalmente a instrumentos soberanos y, en menor medida, a títulos provinciales, de la Ciudad de Buenos Aires y obligaciones negociables privadas, siempre que cuenten con calificación AAA local otorgada por al menos dos agencias. Además, todos los activos deberán estar integrados y pagaderos en pesos, lo que excluye gran parte de las emisiones recientes en moneda extranjera, como las colocaciones de YPF o Mercado Libre. Moody’s advierte que la proporción de emisiones corporativas en pesos sigue siendo baja en comparación con el total del financiamiento, lo que limitará las alternativas disponibles. A esto se suma la obligación de mantener al menos un 10% del patrimonio en activos líquidos y de bajo riesgo, requisito que busca garantizar la capacidad de afrontar las erogaciones por indemnizaciones y preservar el valor del fondo en el tiempo.

En términos operativos, los FAL presentarán características similares a los fondos T+1, diferenciándose por su duración y perfil de inversión. Podrán adoptar distintas estrategias según las necesidades de cada empleador, pero siempre dentro del universo restringido de activos elegibles. Moody’s anticipa que su metodología de análisis se centrará en la calidad crediticia promedio de las carteras, ponderando la participación de cada activo y considerando factores adicionales como liquidez, plazos y experiencia de los administradores o fiduciarios.

El informe no desconoce que la entrada en vigencia del FAL podría sufrir nuevas extensiones, dado que parte de la normativa complementaria aún está en proceso de elaboración. Se prevé que en los próximos días será publicada por la CNV. No obstante, señala, su creación marca un hito en la modernización del sistema laboral y financiero argentino, al introducir un mecanismo que combina protección patrimonial con inversión regulada.